El Gobierno de Pedro Sánchez afronta desde este lunes una maratoniana semana que concluirá en un macrojueves de Congreso en el que la coalición se juega sus últimos Presupuestos Generales del Estado en un profundo debate plenario que dará paso, inmediatamente después, a otro pleno en cuyo orden del día se incluirán la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de reformar varios artículos del Código Penal, entre los que destaca el delito de sedición; y dos dictámenes aprobados en comisión, el relativo a los nuevos impuestos a la banca y las energéticas y la nueva ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Será una semana caliente que servirá a Moncloa para dejar en el retrovisor unos últimos días más que mejorables, tras estallar el debate sobre la reforma de la sedición y la malversación, con Fernando Grande-Marlaska en el punto de mira por la tragedia de Melilla y el caos generado por la ley solo sí es sí.

A las 15:00 horas de este lunes se iniciará el primer debate de la fase decisiva de las cuentas 2023 con la discusión de todos los títulos y disposiciones del articulado de la ley, y se reanudará el martes a las 9:00 horas, con el desfile de los ministros del Gobierno de coalición para defender los presupuestos de sus respectivos departamentos. En paralelo, el Ejecutivo cerrará diversos acuerdos con sus socios para garantizarse un respaldo que se prevé mayoritario y, así, lograr sacar sus últimos Presupuestos de la legislatura, una de las más estables de los últimos años y del entorno europeo.

Sánchez aprobará sus terceros y últimos presupuestos de la legislatura en tiempo y forma, demostrando que comanda uno de los Gobiernos más estables de los últimos años y del entorno europeo

Para evitar sobresaltos de última hora, la pasada semana Moncloa anunció a cuentagotas acuerdos bilaterales con sus socios par allanar el camino y decantar a sus bancadas hacia el ‘sí’. Fuentes del PSOE consultadas por ElPlural.com dan por hecho que el hemiciclo dará luz verde, máxime tras confirmar el apoyo del PNV. No obstante, aún no atesora respaldo definitivo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, que harán pública su decisión a lo largo de estos días.

El proyecto de PGE 2023 concluyó su andadura en la Comisión de Presupuestos el pasado jueves y las sensaciones de PSOE y Unidas Podemos son muy positivas. Durante las votaciones mantuvieron el apoyo del PNV y Coalición Canaria (Grupo Mixto), y lograron sumar también a ERC, que les ayudó a aprobar todos los títulos y secciones de la ley. Eso sí, en la votación del informe final de ponencia se abstuvieron, alegando que si bien es cierto que se han ido “cerrando cosas” a lo largo de la semana, el sentido de su voto aún no es definitivo.

Los mimbres son buenos. El Gobierno aceleró la reforma del delito de sedición al abrigo de una ambiciosa revisión del Código Penal que salpica a otros delitos tales como la ocultación de cadáver o el fraude y el blanqueo para homologarlo al entorno europeo. ERC siempre ha sostenido que serían exigentes con las cuentas en lo relativo a lo social, pero también se deslizó que su voto quedaba supeditado a la desjudicialización del conflicto, por lo que celebraron la iniciativa de la coalición. “La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya”, señalaron fuentes.

Logrado tamaño hito, Esquerra se aventuró a reclamar también la reforma del delito de malversación durante el trámite parlamentario. El ala socialista del Ejecutivo no lo descartó y varios grupos del Congreso se han mostrado proclives a ello. Unidas Podemos aboga por diferenciar los casos de lucro personal, mientras Más País exige que se ha de ser quirúrgico para no afectar a la lucha contra la corrupción.

Engrasando el flanco vasco

El Gobierno cerró dos importantes acuerdos con Bildu y PNV respectivamente. Al margen de los Presupuestos, el Ejecutivo ha acordado con la izquierda abertzale que las haciendas forales de Euskadi y Navarra gestionen los nuevos impuestos a las entidades financieras y las grandes energéticas. La asunción de competencias no se podrá demorar más de tres meses. Además, a finales de 2024, Moncloa se ha comprometido a evaluar la aplicación del gravamen y estudiará que sea permanente. El diputado Oskar Matute (EH Bildu) explicó en rueda de prensa que el acuerdo facilita el entendimiento de cara a las conversaciones parlamentarias, pero en ningún caso tiene garantizados los cinco votos de su grupo.

El PNV censuró que PSOE y Bildu les hayan dejado al margen en esta negociación, un agravio que, sin embargo, no aleja al partido vasco del apoyo a los PGE. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, garantizó este domingo el ‘sí’ de su formación tras aprobar la continuidad del Cupo "en las mismas condiciones" y la aprobación de 48 enmiendas en ponencia que suponen inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco; entre las que destacan los 25 millones destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los 10 millones para mejorar la depuradora guipuzcoana. También pactaron la transferencia de ferrocarriles a Euskadi, que avanza "razonablemente bien" y que espera sea una realidad a principios de 2023. Además, Moncloa aceptó una de sus enmiendas transaccionales para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. Eso en lo referente al nuevo gravamen.

Por su parte, el Gobierno ha pactado con Más País un paquete de medidas de algo más de 13,5 millones de euros para inversiones en transportes (cercanías y carriles Bus/Vao), subvenciones a organizaciones medioambientales y un plan para fomentar la instalación del autoconsumo colectivo. Con Compromís, se han llegado a varios acuerdos cuya suma supondrá un montate total de 62,8 millones de euros en inversiones y transferencias directas en el territorio valenciano. Por último, con el PRCmientras se han pactado inversiones por valor de 50 millones de euros.

Sedición, con visos de prosperar, pero…

El mismo jueves, nada más acabar el pleno sobre Presupuestos, el Congreso albergará otra importante cita: la reforma del Código Penal propuesta por la socialistas y morados que sustituye el delito de sedición por uno de desórdenes públicos. A juzgar por las posiciones adoptadas por los socios del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Más País, prosperará con holgura. Todos los grupos antecitados interpretaron el gesto como un paso hacia la desjudicialización del conflicto y la homologación del Código Penal al entorno europeo, puesto que impactará en otros delitos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Se armoniza, así, la legislación española para adecuarla a la realidad europea, ya que el delito de sedición data de 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio.

El punto que suscita mayores fricciones es el de malversación. Su reforma fue propuesta por ERC, en concreto, por Pere Aragonès. El president de la Generalitat avanzó que su grupo registraría una enmienda para revisarlo y tanto Unidas Podemos como Más País se mostraron proclives, aunque con matices. Íñigo Errejón manifestó sus dudas puesto que había que ser fabulosamente quirúrgicos para diferencias los casos en los que existe lucro personal de los que no, pero sin afectar a la lucha contra la corrupción.

Más sangrante es el caso de Unidas Podemos. El grupo parlamentario está dividido. Jaume Asens, de los Comunes, fue el responsable de negociar los detalles con el PSOE y no informó a los suyos para “evitar filtraciones”, por lo que el contenido lo conocieron una vez se hizo público. Sobre la reforma de la malversación, Asens recordó que tiempo ha que los Comunes la reclaman. Sin embargo, su facción hermana, Podemos, ha expresado sus reservas. La coportavoz estatal del partido de Ione Belarra, María Teresa Pérez, admitió que desconocía los detalles y, en consecuencia, están trabajando en sus propias enmiendas porque les preocupa, entre otras cosas, que las nueva tipificaciones de los desórdenes públicos acarreen la criminalización de protestas pacíficas.

En definitiva, la voluntad de reformar sedición es inequívoca pero existen dudas razonables sobre los desórdenes públicos que deberán ser subsanados en un procedimiento parlamentario que podría incluir también una reforma quirúrgica del delito de malversación. Una vez que la iniciativa para eliminar el delito de sedición sea aceptada por el Pleno, se abre un plazo de enmiendas para que los grupos puedan hacer sus aportaciones.