El próximo jueves 24 de noviembre el Congreso de los Diputados albergará una cita crucial para el Gobierno. Será una jornada maratoniana en la que el hemiciclo votará los Presupuestos Generales del Estado tras un profundo debate e, inmediatamente después, se celebrará otro pleno en cuyo orden del día se incluirán la  propuesta de PSOE y Unidas Podemos de reformar varios artículos del Código Penal, entre los que destaca el delito de sedición; y dos dictámenes aprobados en comisión, el relativo a los nuevos impuestos a la banca y las energéticas y la nueva ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

La Junta de Portavoces se reúne este viernes para confeccionar un pleno para el próximo jueves que debata la toma en consideración de la propuesta de socialistas y morados, registrada hace apenas una semana. Moncloa pretende tenerla aprobada antes de finalizar el año, por lo que ha recurrido a la vía exprés. Al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley del Gobierno, no son necesarios los preceptivos informes del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ya ha abreviado el proceso. Además, la Mesa le dio el visto bueno el lunes y se aprobó su tramitación urgente, que se traduce en que los plazos se reducen a la mitad. Tras ser calificado por la Mesa, el Congreso lo remitió al Gobierno, puesto que el Ejecutivo tiene la potestad de vetar iniciativas parlamentarias si considera que alteran notablemente la balanza presupuestaria, impactando en los ingresos o en los gastos. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para responder, pero le sobraron 29, pues la ley nació de sus grupos parlamentarios y al día siguiente avaló la tramitación.

Como la semana que viene está reservada para el debate del dictamen de la comisión de Presupuestos Generales del Estado, para modificar el orden del día e incluir la reforma del delito de sedición se requiere unanimidad de la Junta de Portavoces. Escenario harto improbable habida cuenta del rechazo frontal de PP, Vox y Ciudadanos.

Sedición, con visos de prosperar, pero…

A juzgar por las posiciones adoptadas por los socios del Gobierno, Esquerra Republicana de Ctalunya (ERC), EH Bildu y Más País, la reforma del delito de sedición prosperará con holgura. Todos los grupos antecitados interpretaron el gesto como un paso hacia la desjudicialización del conflicto y la homologación del Código Penal al entorno europeo, puesto que impactará en otros delitos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Se armoniza, así, la legislación española para adecuarla a la realidad europea, ya que el delito de sedición data de 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio.

El punto que suscita mayores fricciones es el de malversación. Su reforma fue propuesta por ERC, en concreto, Pere Aragonès. El president de la Generalitat avanzó que su grupo registraría una enmienda para revisarlo y tanto Unidas Podemos como Más País se mostraron proclives, aunque con matices. Íñigo Errejón manifestó sus dudas puesto que había que ser fabulosamente quirúrgicos para diferencias los casos en los que existe lucro personal de los que no, pero sin afectar a la lucha contra la corrupción.

Más sangrante es el caso de Unidas Podemos. El grupo parlamentario está dividido. Jaume Asens, de los Comunes, fue el responsable de negociar los detalles con el PSOE y no informó a los suyos para “evitar filtraciones”, por lo que el contenido lo conocieron una vez se hizo público. Sobre la reforma de la malversación, Asens recordó que tiempo ha que los Comunes la reclaman. Sin embargo, su facción hermana, Podemos, ha expresado sus reservas. La coportavoz estatal del partido de Ione Belarra, María Teresa Pérez, admitió que desconocía los detalles y, en consecuencia, están trabajando en sus propias enmiendas porque les preocupa, entre otras cosas, que las nueva tipificaciones de los desórdenes públicos acarreen la criminalización de protestas pacíficas.

En definitiva, la voluntad de reformar sedición es inequívoca pero existen dudas razonables sobre los desórdenes públicos que deberán ser subsanados en un procedimiento parlamentario que podría incluir también una reforma quirúrgica del delito de malversación. Una vez que la iniciativa para eliminar el delito de sedición sea aceptada por el Pleno, se abre un plazo de enmiendas para que los grupos puedan hacer sus aportaciones.