El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición, que será sustituido por uno de desórdenes públicos. La iniciativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos ha recibido un corpulento respaldo con 187 síes, 155 noes y seis abstenciones.

En declaraciones a los medios, Pedro Sánchez, ha argumentado que se deben extraer lecciones de lo ocurrido en 2017, cuando se produjo una declaración unilateral de independencia y se aprobaron leyes de desconexión en el parlamento catalán. Preguntado por las dudas agitadas desde la derecha sobre la merma de instrumentos del Estado en caso de que se pretendiera violentar de nuevo la unidad del país, el presidente ha apostado por la vía política: “Diálogo y reencuentro”. Además, ha afirmado que el artículo 155 de la Constitución dota de resortes suficientes para afrontar “cualquier intento de violentar el orden constitucional”.

El PP ha forzado que la votación fuera por llamamiento para "retratar" a los diputados socialistas, a lo que éstos han respondido con una performance. Al nombrar a la primera diputada socialista, María Oria López, toda la bancada se ha puesto en pie y se han fundido al unísono: "Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí”.

El diputado del PSC Francisco Aranda, quien ha defendido la reforma, ha censurado la “infame campaña” promovida por el Partido Popular para señalar en redes sociales a todos los parlamentarios socialistas que voten a favor. “Les molestan las leyes progresistas”, ha dicho, incidiendo en que “buscan la confrontación más allá del límite político y ético”. “¿Qué ofrece? ¿Qué ofrecen?”, ha preguntado en hasta dos ocasiones, respondiéndose a sí mismo: “Han renunciado a hacer política. Y renunciar a hacer política es la peor política. En 2017 dejaron la política abandonada. Hoy se recupera la ley y la convivencia”.

Jaume Asens, de los Comunes (Unidas Podemos), ha argumentado que la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos no es sino “una exigencia de Europa” y no supone  “ninguna humillación para España”, porque la política “no es un duelo a garrotazos y banderas; es un pacto, diálogo y acuerdos”. Además, ha avanzado que su grupo presentará enmiendas porque quiere modificar más delitos, aunque no ha precisado cuáles.

"No es ninguna humillación para España. La política no es un duelo a garrotazos y banderas; es un pacto, diálogo y acuerdos"

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que la reforma de la sedición llega al Congreso “cual disposición general a los Presupuestos” porque “no es una demanda social, sino un pago del Gobierno”.

El diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha rebatido a Gamarra, corrigiendo su argumentario: “Esto no es una concesión a ERC. No es una concesión al independentismo. Es más, ojalá lo fuera. Es una concesión a la democracia. A su democracia. Para que dejen de hacer el ridículo en Europa”.

La reforma también impacta en otros asuntos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Se armoniza, así, la legislación española para adecuarla a la realidad europea, ya que el delito de sedición data de 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio.

Malversación, congelada

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que su grupo presentaría una enmienda para revisar también el delito de malversación y diferenciar los casos en los que hay enriquecimiento personal de los que no. Sin embargo, según fuentes, la modificación no se concretará, al menos de momento.

Fuentes del Grupo Republicano aseguran que negocian desde hace tiempo tres aristas con el PSOE: los contenidos de los Presupuestos, la reforma de la sedición y el delito de malversación. Habida cuenta de que éste último requiere de un acercamiento quirúrgico para no mermar la lucha contra la corrupción, Esquerra ha optado por congelarlo y, de producirse una reforma, será el año que viene con otro formato. Consideran que hacerlo ahora sería dar gasolina a la derecha y empañar la reforma de sedición.

Tampoco es que existiera un consenso amplio entre las fuerzas progresistas en torno a este asunto. Unidas Podemos y Más País se mostraron proclives, aunque con matices. Íñigo Errejón manifestó sus dudas alegando que se corría el riesgo de afectar a la lucha contra la corrupción. Más sangrante es el caso de los morados. El grupo parlamentario está dividido. Jaume Asens, de los Comunes, fue el responsable de negociar los detalles con el PSOE y no informó a los suyos para “evitar filtraciones”, por lo que el contenido lo conocieron una vez se hizo público. Sobre la reforma de la malversación, Asens recordó que tiempo ha que los Comunes la reclaman. Sin embargo, su facción hermana, Podemos, ha expresado sus reservas. La coportavoz estatal del partido de Ione Belarra, María Teresa Pérez, admitió que desconocía los detalles y, en consecuencia, están trabajando en sus propias enmiendas porque les preocupa, entre otras cosas, que las nueva tipificaciones de los desórdenes públicos acarreen la criminalización de protestas pacíficas.

Rebaja de penas

La propuesta pretende eliminar el Capítulo I del Título XXII del Código Penal y modificar el artículo 577, que dibuja quién podrían ser juzgados por este tipo de delitos: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculización las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios”.

Si quien incurre en estas acciones es “una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, estos “serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo”. En caso de “hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por el tiempo de seis a ocho años”.

Las penas de los apartados anteriores se impondrán siempre “en su mitad superior” si portan instrumentos peligrosos o conlleven actos de pillaje; y en su grado máximo si se portan armas de fuego. Asimismo, provocar, promover o conspirar para impulsar conductas como las descritas anteriormente, será punible “con penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas”.

Se recogen también penas de entre seis meses y dos años para quienes provoquen avalanchas, estampidas o reacciones semejantes que pongan en riesgo la vida y salud de las personas; y todas las penas serán complementarias a las que pudieran derivar de lesiones, amenazas o coacciones.

Cercan también la tipología del delito para “los que, sin hacer uso de violencia o intimidación ocupen o invadan, contra la voluntad de su titular”, el domicilio de una persona jurídica o privada, ya sean despachos, oficinas o cualquier tipo de establecimiento y causan “una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal”. En estos supuestos, la pena de prisión va de tres a seis meses o multa de seis a dos meses.

Por último, si la rebelión o el desorden público lo acomete “una organización o grupo terrorista”, o un lobo solitario, “se castigará con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos”.

De esta forma, el Gobierno rebaja las penas de prisión de los 10 a 15 años del Código Penal actual a los 3-5 años que establecería la nueva normativa. La inhabilitación también desciende de los 10-15 años a entre seis y ocho.