El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado a través de su TruthSocial que ha ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que las fuerzas federales no actúen frente a protestas o disturbios en los distintos estados salvo que exista una petición explícita por parte de las autoridades estatales o locales para ello. De acuerdo con el mandatario republicano, la responsabilidad de mantener el orden público recae en primera instancia en estsa administraciones, pero se introduce una nueva salvedad: el Ejecutivo federal sí intervendrá con determinación para salvaguardar edificios y bienes federales, como tribunales, dependencias oficiales, parques y otras instalaciones de la Administración.
Las calles de Estados Unidos han vuelto a llenarse en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Minneapolis tras la muerte de dos ciudadanos en menos de 20 días a manos de los agentes migratorios. El pulso que se siente en estas protestas es la reacción a un clima más profundo de temor migratorio que ha calado en barrios, es el miedo a que una redada inesperada se lleve a un padre, a una madre o a un vecino. En las últimas semanas, estas movilizaciones han cobrado fuerza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de las críticas.
Con los objetivos expuestos en líneas anteriores, Trump afirmó haber instruido a agencias federales como el propio ICE y la Patrulla Fronteriza para que respondan "con firmeza" ante cualquier ataque contra este tipo de infraestructuras. Trump utilizó un tono especialmente severo para referirse a los manifestantes, a quienes describió como "agitadores, anarquistas e insurreccionistas", y advirtió de que no se permitirán agresiones contra agentes federales ni daños a vehículos oficiales.
"Si eso sucede, esas personas afrontarán consecuencias iguales o incluso mayores", amenazó. El dirigente republicano mencionó como ejemplo los incidentes registrados recientemente en Eugene (Oregón), donde, según su relato, un grupo de manifestantes irrumpió en un edificio federal, provocó importantes destrozos y hostigó a empleados, sin que la policía local interviniera para frenarlos. "No habrá escupitajos a nuestros agentes, no habrá golpes o patadas a los faros de nuestros coches, ni lanzamiento de piedras o ladrillos contra nuestros vehículos o contra nuestros Guerreros Patriota", expresó.
"No volverán a permitirse"
Trump afirmó además que situaciones de este tipo "no volverán a permitirse". Aunque reiteró que la responsabilidad principal corresponde a los estados, que cuentan con policías locales, estatales e incluso la Guardia Nacional, dejó claro que el Gobierno federal actuará si las autoridades locales reconocen que no pueden controlar la situación. En tal caso, dijo, la respuesta será "rápida y metódica", como a su juicio se actuó ante los disturbios en Los Ángeles el año pasado. La administración Trump ha intensificado estos mensajes en los últimos meses, deshumanizando especialmente a migrantes y manifestantes para continuar con una política represiva a través de sus cuerpos de seguridad.
Con este telón de fondo, varios dirigentes demócratas y al menos una docena de senadores han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que permitiría al polémico inquilino de la Casa Blanca desplegar a las Fuerzas Armadas para labores de orden público dentro del país. De materializarse un escenario así, el uso de unidades militares para controlar protestas supondría una escalada sin precedentes y marcaría un giro significativo en la respuesta del Gobierno federal ante la conflictividad y el descontento en su sociedad.
Pese al tono contundente del mensaje, algunos analistas consideran que en los últimos días Trump ha intentado moderar parcialmente su discurso, en un contexto marcado por la reacción de la opinión pública tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis por parte del ICE y ante las tensiones internas de su propia administración, además del contexto geopolítico internacional.
"A todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan: avísennos cuando estén listos y estaremos allí. Pero, antes, deben usar la palabra ‘POR FAVOR’. Fui elegido con una política de control fronterizo (que ahora ha sido perfeccionada), seguridad nacional y LEY Y ORDEN. Eso es lo que Estados Unidos quiere, y eso es lo que Estados Unidos está recibiendo", escribía el dirigente.
El ICE y su labor represiva
Desde su regreso al poder, Donald Trump ha reiterado su objetivo de llevar a cabo la mayor deportación de personas en situación irregular de la historia de Estados Unidos. Para ello, su administración ha impulsado una intensa campaña de reclutamiento destinada a aumentar de forma drástica el número de agentes del ICE, la principal agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. Fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con el actual Departamento de Seguridad Nacional, a partir de la fusión de funciones del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización.
A diferencia de la Patrulla Fronteriza, el trabajo del ICE es interno: sus agentes no vigilan las fronteras, sino que operan dentro del país. Hasta hace poco, ambas divisiones tenían funciones diferenciadas; no obstante, hoy -en la práctica- ejecutan el mismo plan de deportaciones masivas impulsado por la Casa Blanca.
Ese refuerzo de los agentes, sin embargo, ha venido acompañado de tiempos de formación más cortos y perfiles más amplios, una combinación que ha despertado inquietud incluso entre expertos en seguridad. Las muertes recientes han intensificado el debate sobre la capacitación real de los agentes y el contexto en Minneapolis es revelador. Se trata de una de las ciudades con mayor sometimiento a redadas, así como a protestas constantes y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. La reacción social a los últimos acontecimientos ha ido más allá de la protesta puntual. Las manifestaciones incorporan una demanda clara: deshacerse del ICE, pero no es tan fácil, ya que el aumento de recursos es innegable. Con la reforma fiscal bautizada por Trump como la “gran y hermosa ley”, el ICE recibió 75.000 millones de dólares adicionales, que se sumaron a los 11.000 millones con los que ya contaba. Más fondos, más agentes y más operaciones que han derivado en más muertes, más detenciones y más preguntas sin responder.
