Cinco años después de convertirse en símbolo mundial de las protestas contra la violencia policial tras el asesinato de George Floyd en 2020, Minneapolis vuelve a estar en el centro del foco. Esta vez, como escenario de una ofensiva migratoria federal que ha reabierto heridas sociales aún lejos de cerrarse, y ha puesto de manifiesto las profundas tensiones entre el Gobierno federal y las autoridades locales, así como entre distintos modelos de convivencia en un país profundamente polarizado.
La ciudad, que siempre ha sido un cruce de culturas y un polo de activismo cívico, vive desde principios de enero un clima de confrontación permanente. Las operaciones de las agencias migratorias federales —incluido el ICE, la patrulla fronteriza y otros cuerpos dependientes del Departamento de Seguridad Nacional— han sido intensificadas bajo la administración de Donald Trump, en un intento por demostrar mano dura frente a la inmigración irregular. Sin embargo, la estrategia ha dado lugar a una de las crisis de seguridad interior más graves y visibles en años, con consecuencias que van mucho más allá de la propia política migratoria.
Ese clima de confrontación y desconfianza se volvió tangible y letal en cuestión de semanas. La escalada de tensión ha alcanzado su punto más grave con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en apenas tres semanas. El pasado 7 de enero, Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió tiroteada durante una redada migratoria cuando intentaba abandonar la zona en su vehículo, en un episodio que las autoridades justificaron como defensa propia pero que generó fuertes dudas tras la difusión de vídeos y los resultados de la autopsia. El 24 de enero, el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, fue abatido a tiros en plena calle tras interponerse entre agentes federales y una mujer durante una protesta en Minneapolis; según testigos y grabaciones, Pretti no portaba ningún arma y estaba utilizando su teléfono móvil para documentar la intervención. Ambos casos, investigados bajo versiones oficiales cuestionadas y sin una rendición de cuentas inmediata, se han convertido en símbolos de la ofensiva migratoria federal y han ampliado la indignación más allá de la población migrante, afectando de lleno a la ciudadanía estadounidense.
El papel de ICE en la estrategia migratoria de Trump
El papel del ICE es central en esta dinámica de confrontación. Bajo la nueva ofensiva migratoria, la agencia ha recuperado tácticas que habían sido parcialmente contenidas tras años de críticas y litigios: operaciones altamente visibles en espacios públicos, uso intensivo de agentes armados y un despliegue pensado no solo para ejecutar detenciones, sino para generar un efecto disuasorio en el conjunto de la población. Lejos de actuar de forma discreta, estas intervenciones buscan ser vistas. El mensaje es inequívoco: demostrar autoridad, marcar territorio y enviar una señal política tanto a los gobiernos locales que se resisten a colaborar como a la base electoral más dura del trumpismo, para la que la inmigración sigue siendo un eje movilizador clave.
La muerte a tiros de ciudadanos estadounidenses durante estas intervenciones ha marcado un punto de inflexión que ha alterado por completo el debate público. Ya no se trata únicamente de migrantes sin papeles o solicitantes de asilo —colectivos tradicionalmente más vulnerables y con menor capacidad de respuesta institucional—, sino de residentes y ciudadanos que, en algunos casos, simplemente se encontraban en el lugar equivocado o intentaban mediar para rebajar la tensión. Este salto cualitativo ha ampliado el foco de la indignación social y ha roto la frontera simbólica que durante años permitió justificar estas políticas como un problema “ajeno”. La violencia federal ha dejado de percibirse como algo que afecta solo a otros.
Desde el entorno de Donald Trump, la respuesta ha sido redoblar el discurso de mano dura y cerrar filas en torno a las agencias federales. La administración sostiene que Minneapolis es el ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando las ciudades “debilitan” a las fuerzas del orden y adoptan políticas de acogida que, según su narrativa, permiten que la inmigración irregular “descontrole” la seguridad urbana. En este marco, cada protesta, cada vídeo viral y cada enfrentamiento se convierten en munición política para justificar nuevas medidas, más presupuesto y una presencia federal aún mayor, alimentando un ciclo de tensión que se retroalimenta.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y contradictoria que el relato oficial. Organizaciones de derechos civiles, asociaciones vecinales y responsables municipales denuncian que la ofensiva migratoria está erosionando la convivencia, rompiendo la confianza entre comunidades y fuerzas de seguridad y generando un miedo estructural que va mucho más allá de la inmigración. Comercios que bajan la persiana por temor a redadas, escuelas con menor asistencia y barrios enteros que reducen su actividad diaria son algunos de los efectos visibles de una estrategia que, lejos de aportar seguridad, está alterando profundamente la vida cotidiana y el tejido social de la ciudad.
El ICE como brazo ejecutor de la política de Trump
El protagonismo del ICE en la actual crisis de Minneapolis no puede entenderse sin analizar la profunda transformación que ha experimentado la agencia en los últimos años. Concebida originalmente como un organismo técnico dedicado a la aplicación administrativa de las leyes migratorias, ICE se ha convertido progresivamente en un actor político de primer orden, especialmente bajo la influencia directa de la estrategia impulsada por Donald Trump.
Durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca, ICE fue elevada a símbolo y herramienta central de su política migratoria. El discurso del expresidente situó a la inmigración irregular como una amenaza existencial para la seguridad nacional, y la agencia pasó de operar en segundo plano a convertirse en un instrumento visible de autoridad y disuasión. Redadas mediáticas, operativos en espacios públicos y una retórica agresiva marcaron un cambio de rumbo que rompió con etapas anteriores, en las que el énfasis estaba más puesto en la gestión administrativa que en la exhibición de fuerza.
Este giro vino acompañado de un aumento significativo de recursos y poder operativo. ICE vio reforzado su presupuesto, amplió su plantilla y recibió un mayor margen de actuación en territorios donde los gobiernos locales se resistían a colaborar. La agencia dejó de limitarse a ejecutar órdenes judiciales para adoptar un papel más autónomo y proactivo, especialmente en las denominadas ciudades santuario, percibidas por la administración Trump como focos de desobediencia política.
La consecuencia directa fue una creciente politización interna. Funcionarios y exresponsables de ICE comenzaron a denunciar presiones para cumplir objetivos numéricos de detenciones, así como la utilización de la agencia con fines propagandísticos. En los últimos años se han producido dimisiones y testimonios críticos de altos cargos que alertaron sobre la erosión de los controles internos y el abandono de criterios profesionales en favor de una lógica ideológica. Algunas de estas voces advirtieron incluso de que ICE estaba perdiendo legitimidad institucional al actuar como brazo ejecutor de una agenda partidista.
Esa transformación explica en buena medida el comportamiento actual de la agencia en ciudades como Minneapolis. La visibilidad extrema de los operativos, el despliegue armado en zonas residenciales y la escasa coordinación con autoridades locales no son fallos aislados, sino el resultado de una estrategia deliberada que prioriza el impacto político sobre la eficacia técnica. ICE actúa no solo para detener, sino para enviar un mensaje: al resto de ciudades, a la opinión pública y a la base electoral que reclama mano dura.
El problema es que este modelo ha tenido un coste elevado. La pérdida de confianza comunitaria, la judicialización constante de sus actuaciones y, en los casos más graves, el uso letal de la fuerza han colocado a ICE en el centro de una crisis de credibilidad sin precedentes. Lejos de ser una agencia neutral, hoy representa uno de los rostros más controvertidos del Estado federal. En ese contexto, lo que ocurre en Minneapolis no es una anomalía, sino la expresión más clara de una agencia transformada por la política, donde la frontera entre seguridad, propaganda y confrontación institucional se ha vuelto cada vez más difusa.
