El Gobierno de coalición se enfrenta a un endiablado calendario legislativo de aquí a finales de año. Sus esfuerzos se concentran, en estos momentos, en los Presupuestos Generales del Estado 2023, cuyo primer hito a superar es este viernes, cuando a las 14:00 horas finaliza el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Con Félix Bolaños negociando la renovación del CGPJ con Esteban González Pons y con el plan de contingencia para amortiguar la crisis energética ya aquilatado, tres son los articulados enquistados que socialistas y morados esperan encarrilar en este periodo de sesiones que concluye el 31 de diciembre: ley Trans, ley de Vivienda y reforma de la denominada ley Mordaza.
La primera de las antecitadas normas es la que ha turbado la placidez monclovita más recientemente. Sin ir más lejos, el pasado martes. Las discrepancias internas de un sector socialista liderado por Carmen Calvo han dilatado el proceso de presentación de enmiendas, retrasando así el articulado y poniendo en serio riesgo su aprobación en 2022. La prórroga de la ley Trans ha generado malestar no solo en las filas moradas, sino también en el PSOE. La exdiputada y activista Carla Antonelli se ha dado de baja del partido por su profunda decepción con la formación por prorrogar los plazos.
El PSOE cree que aún hay tiempo para aprobar la ley Trans antes de fin de año: "Los Presupuestos saldrán en noviembre, es posible, tenemos un mes"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha percutido sobre sus compañeros de Gobierno censurando que “los derechos de las personas trans y de la comunidad LGTBI no pueden esperar más tiempo”. “Va a ser ley y nos vamos a dejar la piel para garantizar que esté aprobada antes de que acabe el año”, ha remachado. Desde el PSOE desdramatizan lo ocurrido, alegando que es habitual que se amplíen los plazos para registrar enmiendas. Fuentes parlamentarias del Grupo Socialista admiten que el calendario se ha apretado, pero "técnicamente, es posible" porque los Presupuestos “saldrán en noviembre, así que tenemos un mes”, diciembre, para concretar el resto.
Vivienda, la madre de las enquistadas
Pese a las presiones de Unidas Podemos por supeditar el acuerdo de Presupuestos a la ley de Vivienda, el PSOE se escapó. El ala socialista del Ejecutivo no contemplaba el desbloqueo in extremis de la norma y, aunque Yolanda Díaz se empeñó en llevar la negociación al precipicio del deadline, se acabaron tragando el sapo. La formación liderada por Ione Belarra lanzó un envite vinculando las cuentas para 2023 a Vivienda. El PSOE tenía otros planes: que la norma siga su curso parlamentario y las discrepancias se limen de forma independiente y paralela a los Presupuestos. La génesis del choque hunde sus raíces en el tope a los alquileres. Unidas Podemos es partidario de limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El PSOE comparte el tope, pero solo a los grandes tenederos. En consecuencia, el problema es la definición de lo que se entiende como gran tenedor. UP es partidario de rebajar de las 10 viviendas o los 1.500 metros cuadrados. En este sentido, el PSOE cree que la mejor solución son los incentivos fiscales, alegando que hay personas de clase media cuya economía depende de la renta de algunos inmuebles.
El asunto tiempo ha que colea. Era uno de los buques insignia legislativos del Ejecutivo, hasta el punto de que pretendían aprobarlo en el anterior periodo de sesiones, antes de verano. Según Moncloa, es una “prioridad absoluta”, mismos términos que los empleados por sus socios parlamentarios. Y sin embargo, va camino de los ocho meses de bloqueo y no se atisba acuerdo en el horizonte más cercano. ¿Por qué? ¿Cuál es su estado y qué o quién la obstaculiza?
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales.
Fuentes del Grupo Socialista consultadas por ElPlural.com acusan la cantidad de enmiendas a despachar. “Hay más de 800. Hay muchas ya avanzadas, pero quedan otras tantas”, justifican. En cuanto a los plazos que manejan, insisten en que pretenden tenerla lista para diciembre para que sea efectiva antes de finalizar el año, pero no se aventuran a fijarse una fecha límite puesto que hay enmiendas que primero tienen que “mirarlas con unos y, luego, con otros”.
Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”. Frente a ello, fuentes del ala socialista ya volcaron durante esta semana la responsabilidad de la tardanza de aprobar la ley a Podemos precisamente por dichas enmiendas, que no tienen sentido cuando ya habían llegado a un acuerdo en el seno del Ejecutivo.
EH Bildu y ERC amagan con supeditar el respaldo a los Presupuestos al desarrollo de la ley de Vivienda.
Fuentes moradas conocedoras de las negociaciones explican que el PSOE se escuda en que el proyecto de ley saliente de Moncloa no puede enmendarse porque ya ha sido previamente acordada. No obstante, Podemos razona que el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta y las enmiendas “no solo mejoran la ley, sino que facilitan su aprobación porque, según está, ni Bildu ni ERC la van a apoyar”. Como ejemplo, la formación morada menta que la ley de bienestar animal estaba pactada por la coalición y, a posteriori, el Grupo Socialista presentó una enmienda para modificarla. Asimismo, tumban de un plumazo la razón por la que la cantidad de enmiendas no debiera ser un problema: “Aunque sean 800 o 900, la ponencia está para eso, para negociar esas enmiendas”. Y por si el quilombo fuera poco, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amagan con condicionar el respaldo a los Presupuestos al desarrollo de la ley de Vivienda.
Mordaza, o el cuento de nunca acabar
PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a la reforma de la ley Mordaza en Semana Santa, pero la coyuntura (guerra de Ucrania y caso Pegasus) dilataron los plazos. Actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a una treintena de artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. El principal escollo a salvar es el tipo de material antidisturbios, pero los grupos de trabajo continúan reuniéndose. “La intención es que la ponencia y la fase en comisión se pueda cerrar este periodo de sesiones”, apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.
