La tensión se ha disparado en torno a la Ley Trans y, esta vez, las discrepancias no provienen de los muros del Palacio de La Moncloa. El texto impulsado por Irene Montero ha desatado el fuego en Ferraz. Los socialistas han solicitado la ampliación de los plazos para la solicitud de enmiendas. Mientras, en el cuartel general, sus bomberos luchan por mitigar las llamas, que ya se adentran en la Comisión de Ética y Garantías del PSOE disfrazadas de denuncias contra el secretario de Políticas LGBTI, Víctor Gutiérrez, y un sector feminista que clama contra la libertad de género.

No hace mucho, los dos socios de Gobierno pugnaban mano a mano por la victoria en la afrenta por la autodeterminación de género, que otorga autonomía a las personas a elegir sin condiciones su identidad. La entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, perdió la batalla en favor Unidas Podemos, aunque entre los socialistas no encajaban términos vinculados con los menores. Por ello, el PSOE tiene la intención de introducir ciertas modificaciones en el articulado, a pesar de que aún no han trascendido cuáles.

De puertas para fuera, el PSOE esquiva la bala de la Ley Trans como buenamente puede. Dos semanas atrás, el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, repelió las preguntas sobre este asunto enfatizando el compromiso de su formación con la Igualdad en España. No obstante, la temperatura crece intramuros, según ha adelantado la República y ha confirmado ElPlural.com, aunque voces de la cúpula de Ferraz restan importancia a la división de opiniones y defienden la salubridad del debate interno.

Denuncias cruzadas

En el PSOE, de puertas para adentro, no niegan el conflicto entre los escuderos de la autodeterminación de género como derecho de los transexuales y la facción contraria, que advierte sobre los posibles efectos de ésta sobre la lucha por la igualdad de las mujeres. “No tiene por qué haber unanimidad”, deslizan fuentes socialistas consultadas por ElPlural.com, que defienden la diversidad de opiniones y ponen en valor la “importancia” de que el articulado, finalmente, vea la luz.

La cuestión es que el debate ha trascendido las paredes de la Comisión Federal de Ética y Garantías, encargada de velar por los estatutos del PSOE. Según el medio anteriormente citado y ha podido confirmar ElPlural.com, se remitieron dos escritos contra un grupo de militantes contrarias a la Ley Trans, entre las que se halla la que fuera vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo o Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, mientras que, en paralelo, se ha presentado otro contra el actual secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez, inclinado hacia el ‘sí’ al articulado.

En uno de los documentos se detallan las intervenciones de destacadas feministas socialistas contra la ley trans, haciendo hincapié en la exdirigente Matilde Fernández, tras expresar que lo ideal sería apostar por “más agenda feminista real” y orillar los postulados trans. Asimismo, se reclama una apertura de expediente para Fernández y el resto de militantes opuestas al articulado, que podría derivar en una inhabilitación temporal para cargo público o, en su defecto, la expulsión del partido.

“Existe una estrategia coordinada y alentada especialmente por un grupo de personas organizadas, militantes y cargos públicos y orgánicos del partido algunas ellas, que pretende imponer su criterio frente a lo establecido por el 40 Congreso Federal y acabar con la Ley Trans y LGTBI, socavando además la dignidad de las personas trans”, reza la denuncia presentada. De hecho, atribuyen “graves daños” a la imagen del partido por parte de este “denodado ataque” de sus compañeras, a quienes acusan de vulnerar los artículos 85 y 86 de los Estatutos socialistas.

Se trata de los dos mismos puntos en los que se basa la facción opuesta para reclamar el cese del secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, al que se le acusa de “misoginia”. Y es que el exdeportista aseguró en una charla durante el pasado Orgullo que su formación tuvo un “traspiés” que supieron “reconducir”, en alusión a los postulados defendidos por el feminismo clásico. Unas declaraciones que supusieron el primer crepitar de unas llamas que ahora se han extendido hasta la Comisión de Garantías.