El juez del Juzgado Número 9 de plaza Castilla ha emitido un auto en el que cita a Leire Díez como imputada el próximo día 11 de noviembre. El caso se ha abierto a raíz de una denuncia presentada por la asociación de extrema derecha HazteOír. Según expone el magistrado, la denuncia se presentó contra Díez porque ésta, supuestamente "recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas". El procedimiento está abierto por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En el auto, se explica que la denuncia de HazteOír asevera que, "Leire Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos. En dicha reunión, en la que estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, la denunciada ofreció a Alejandro Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)".
Además de Díez, también están citados, pero en calidad de testigos el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -imputado en el caso Koldo-, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, uno de los letrados de Santos Cerdán.
Los delitos
Asevera el juez que los delitos resultan en principio subsumibles, al menos, y a nivel indiciario, en el tipo delictivo descrito en el art. 430 del C. Penal, que sanciona la venta de influencias reales o presuntas que se afirman tener con los empleados públicos al objeto de hacer valer estas para obtener de la Administración una actividad ventajosa para el que compra esas influencias, y en el tipo delictivo descrito en el art. 424.1 del C. Penal, que sanciona la conducta consistente en ofrecer dádiva o retribución de cualquier otra clase por parte de un particular a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.
Con respecto al posible delito de revelación de secretos, dice el juez que, debe señalarse que la denuncia no puede admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 del C. Penal, en relación con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 201.1 CP).
Segundo procedimiento
Este es el segundo procedimiento judicial abierto contra Díez ya que, el titular del juzgado número 2 de Badajoz, Emilio García Cancho, ha iniciado diligencias previas para investigar si, tal como denuncia la asociación HazteOir en una querella, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada intentaron influir o maniobrar contra la jueza instructora del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La querella, que se fundamenta en presuntos delitos de cohecho, estafa procesal, revelación de secretos y tráfico de influencias, presentada el pasado 6 de junio, tras la difusión de unos audios en los que Leire Díez solicitaba información sensible sobre agentes de la UCO de la Guardia Civil vinculados a investigaciones próximas al Gobierno, así como sobre miembros del poder judicial. Según esta entidad, el objetivo habría sido “sabotear” la causa abierta contra David por su contratación en la Diputación de Badajoz, desacreditando a la jueza instructora, Beatriz Biedma, para forzar un eventual archivo.
