Isabel Díaz Ayuso continúa expandiendo su apuesta universitaria más allá de las fronteras madrileñas, e incluso españolas, promocionando su modelo en Estados Unidos. No obstante, es un escenario que, en el plano regional, destaca por la infrafinanciación que sufren los seis centros públicos y con el horizonte fijado en la doble jornada de huelga que tendrá lugar a finales de noviembre.

En la reunión que ha mantenido este lunes con la presidenta de la Florida International University (FIU), Jeanette Núñez, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado la presencia de universidades públicas madrileñas en el mercado educativo estadounidense. Una estrategia ya conocida, debido a que trascendió de su último viaje oficial a Miami, donde anunció la puesta en marcha del programa Américo Castro.

Con esta iniciativa, la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta del Sol pretende incorporar profesores visitantes a las seis universidades públicas regionales -Complutense, Politécnica, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares- a través de contratos que serán financiados por su Gobierno. Asimismo, este programa incluirá ayudas para la incorporación de profesores visitantes procedentes de otras regiones y de países europeos o de Hispanoamérica, además de aquellos no incluidos en las anteriores modalidades.

Una apuesta férrea por la universidad pública de cara al exterior y en aras de internacionalizar la institución académica, pero, a la contra, una iniciativa que choca frontalmente con el estado de financiación de los centros públicos en la región y la próxima llamada a la huelga en las calles de la capital.

Doble huelga e infrafinanciación: el Gobierno de Ayuso ve “ideología”

Los días 26 y 27 de noviembre están señalados en rojo en el calendario por la comunidad universitaria pública debido a la doble convocatoria de huelga, justificada por la situación de infrafinanciación prolongada y el rechazo del Ejecutivo de Ayuso a aceptar la normativa estatal.

La razón de ser de esta inminente convocatoria viene suscitada porque el presupuesto madrileño para 2026 no contempla una “subida” realista para las seis universidades públicas, el cual sufre desde los últimos años una “fuerte infrafinanciación”. Y es que el próximo año se destinarán 1.239,7 millones de euros a la financiación universitaria, 75,3 millones más que este año, un incremento del 6,5%; cifras que el sector tilda de “insuficientes” debido al agravante continuado de la infrafinanciación prolongada.

En aras de subsanar este escenario, los convocantes de la huelga reclaman que las cuentas autonómicas alcancen el 1% del PIB destinado a las universidades públicas: “Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos. (…) La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos hablar ni siquiera de subida, sino que nos encontramos con un presupuesto estancado y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando”, argumentaron.

“Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo también es que el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid. Si no hay respiro, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad. Vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la universidad pública”, avisaron al tiempo.

En los mismos términos, urgieron a la paralización de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), entendiéndose en el mismo plano la negativa del Gobierno de Ayuso a aceptar la normativa estatal de universidades, sobre la cual se incluye el coto a la expansión de los centros privados.

Por la parte contraria, el Ejecutivo de Sol viene defendiendo que las universidades públicas madrileñas están “perfectamente financiadas”: “Con 1.240 millones de euros, un crecimiento porcentual del 6,5 y con 75,3 millones más, muchos otros organismos hubieran querido tener ese crecimiento. Creo que es más una cuestión ideológica que una cuestión de presupuestos”, defendió el pasado sábado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

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