Desde el pasado mes de mayo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la puesta en marcha de su nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), se han ido conociendo detalles a cuentagotas. Este miércoles, sin ir más lejos, ha trascendido que la normativa regional incluye sanciones de hasta 100.000 euros por protestas, manifestaciones y pancartas “no autorizadas” en el ámbito universitario.
Una medida que no ha tardado en verse contrarrestada por la pronta réplica de la comunidad universitaria, tanto de parte de estudiantes y profesorado como de los sindicatos de enseñanza. Un rechazo al que, a su vez, se han sumado voces del Gobierno de central y de los partidos de la oposición al Ejecutivo de la Puerta del Sol.
Para entender el escenario político de esta tesitura, cabe reiterar que la Ley de Universidades de Ayuso contempla sanciones desde los 15.000 hasta los 100.000 euros por “manifestaciones no autorizadas que impiden el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, así como “la ocupación de cualquier lugar del campus”. Incluso una de ellas hasta el millón de euros.
La oposición a Ayuso le acusa de “amordazar” las protestas universitarias
Por su parte, Más Madrid, en voz de Rita Maestre, ha acusado a Ayuso de estar “amordazando la protesta”, buscando que las universidades públicas “sean atenazadas”, un movimiento que considera propio del modelo de Trump en Estados Unidos con su cruzada contra la Universidad de Harvard.
"Es un borrador de ley que solo le gusta a Ayuso y a Trump, no hay ninguna otra persona, colectivo, trabajador, universitario, rector o persona relacionada con la universidad en Madrid que se haya mostrado a favor de esta reforma universitaria", ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación, alertando de que esta normativa guarda relación con “la retirada de fondos públicos” y el incentivar las “privadas”.
Por este motivo, Maestre ha tachado que esta decisión intrínseca en la ley regional es “un ataque directo a la capacidad de los alumnos madrileños y a la libertad de expresión, porque la otra pata que les gusta tanto a Ayuso como a Trump es la de amordazar la protesta e impedir que la gente pueda expresarse libremente", ha subrayado.
En voz de la comunidad universitaria, estudiantes y profesores, Más Madrid subraya que la denuncia colectiva sostiene que este borrador de ley "ataca de forma directa la autonomía universitaria, que es un precepto incorporado después de la dictadura en la Constitución española para garantizar la libertad de expresión y de educación en las aulas”.
El Gobierno percibe “elementos preocupantes”
Desde el ámbito madrileño, aunque en voz del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta regional de pretender “amordazar a las universidades”: “Nos tendrán enfrente en su intento de poner fin a las universidades como espacios de reflexión y libertad de expresión”. A su vez, Martín ha añadido que éste no es más que un ejemplo de comparación con Vox por ver quién se hace con “la motosierra de oro al más ‘trumpista’”.
Bajo este mismo telón de fondo se han pronunciado voces de Moncloa. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant han advertido este miércoles de que perciben “elementos preocupantes” que podrían invadir competencias estatales.
En este sentido, el Ministerio ha avanzado que, cuando se haga público el contenido íntegro de la ley de Ayuso, se llevará a análisis para defender la autonomía universitaria protegida bajo la Carta Magna. Asimismo, y a modo de valoración, las fuentes del departamento de Morant han hecho énfasis en que el Gobierno madrileño “esté más preocupado por cómo sancionar a las universidades que de cómo financiarlas mejor”.
Sumado a ello, se ha pronunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha reiterado el compromiso y apoyo del Ejecutivo central a los centros públicos: "No me llama la atención, ni me sorprende, que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera poner multas a quienes se manifiesten. Ella defiende el refuerzo de las universidades privadas y yo lo que defiendo es que tengamos todas las mismas igualdades y que no quien tenga mayor nivel económico pueda acceder a másteres y estudios universitarios dejando o relegando a quienes no tienen esos fondos económicos”, ha aseverado sobre la ley de Ayuso.
Siguiendo la estela de las comparaciones con el presidente estadounidense, la ministra de Sanidad, Mónica García: “La guerra de Ayuso contra la universidad, el pensamiento crítico y la libertad de expresión en lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos es lo que lleva haciendo con la universidad desde hace mucho tiempo”, ha añadido.
Bajo el escenario de las reacciones políticas, las que se han producido en el ámbito educativo y sindical han ido prácticamente en la misma dirección. Las distintas plataformas estudiantiles de las universidades públcias han tachado de "sanciones astronómicas" y "ostracismo" este movimiento del Gobierno de Ayuso, además de considerar que está en juego “el futuro y la libertad” de la universidad pública.
