La cruzada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con las universidades públicas se incrementa a medida que se van conociendo los detalles de su nueva ley autonómica. El borrador de la nueva normativa regional contempla sanciones de hasta 100.000 euros a escraches y protestas no autorizadas de corte universitario.
Según reza así en el texto preliminar de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del pasado 29 de mayo, avanzado este miércoles por EFE, se plantean sanciones desde 15.000 hasta los 100.000 euros por la realización de “manifestaciones no autorizadas que impiden el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, así como “la ocupación de cualquier lugar del campus”.
A su vez, las sanciones también contemplan entre 300 y 15.000 euros por “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización o arrancar los que han sido debidamente autorizados”.
De esta manera, y considerándose infracciones muy graves, se plantean supuestos escenarios como “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra”, con multas que ascienden incluso hasta el millón de euros la más elevada y 100.000 euros la más rebajada.
En este punto de infracciones muy graves, se incluye a su vez “ejercer o amparar, por acción u omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", además de "impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario".
Dejando a un lado las infracciones, con mayor nivel, se encuentran las sanciones muy graves, entre las que se penarán “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución y que se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. Una serie de actos que irían más allá de multas económicas, con los supuestos del cierre parcial o total de las instalaciones, la suspensión de la actividad en el caso de producirse un “daño irreparable” a los estudiantes o la inhabilitación temporal.
En los últimos tiempos, esta ley regional pretende salir adelante para frenar ejemplos que se han dado como la acampada y las manifestaciones en defensa de Palestina que se produjeron el pasado verano.
Defensa férrea del Gobierno de Ayuso
Bajo este contexto, el Ejecutivo de la Puerta del Sol ha salido en defensa de su propio borrador regional, por el cual han señalado que "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas", en palabras del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ha añadido que "el régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva la autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales".
A su vez, Ayuso lo ha respaldado en redes sociales, señalando que "ésta es la verdad del borrador del proyecto de Ley de Universidades", cuando anteriormente tachó las primeras informaciones publicadas sobre su normativa universitaria de “falsas”.
Esta noticia es falsa. pic.twitter.com/popRQkmfdA
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 11, 2025
La Ley de Universidades de Ayuso, al detalle
Fue el pasado mes de mayo cuando empezaron a trascender a nivel político y mediático las primeras pinceladas de la normativa autonómica, en la que, además de esta retahíla de sanciones, permitirá crear un distrito único de prácticas y un nuevo sistema de financiación plurianual, básico y por objetivos.
Es en el punto de este nuevo sistema de financiación en el que radica buena parte del eje vertebrador de la ley regional, debido a que se compone de tres niveles: una financiación básica, otra de necesidades singulares y una tercera para la realización de objetivos diversos.
En cuanto a su próxima puesta en marcha, a medida que se van conociendo más detalles de la misma, se prevé su aprobación para el próximo mes de diciembre, aunque entre septiembre y octubre deberá pasar por el Consejo de Gobierno y, a renglón seguido, al debate y votación de la Asamblea de Madrid.
Asimismo, y en defensa férrea de su nueva Ley de Universidades, Ayuso ya avanzó en mayo que, a la contra del dictamen estatal, llevará a los tribunales el Real Decreto de reconocimiento y acreditación de universidades del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que éste “ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas”.
Bajo este marco, cabe recordar que en la Comunidad de Madrid hay seis universidades públicas, en comparación de trece privadas abiertas, aunque la decimocuarta está en camino de edificarse, siendo uno de los proyectos estrella de Ayuso en su agenda. Además, el sistema universitario madrileño cuenta con el 22,4% de todo el volumen de alumnado universitario del país, siendo más de la mitad de este porcentaje los que cursan en centros públicos.
