El PSOE de Madrid ha solicitado formalmente la creación de una Ponencia en la Comisión de Mujer de la Asamblea para estudiar la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género en la Comunidad. La propuesta llega tras denunciar que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene una “opacidad preocupante” sobre el destino de los fondos asignados, a pesar de que Madrid es la tercera comunidad autónoma que más dinero recibe para este fin.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Espinar, ha registrado la petición ante la Mesa de la Asamblea para que la nueva Ponencia trabaje en el diseño de una nueva estrategia autonómica en la lucha contra la violencia de género. El objetivo: garantizar un “uso eficaz y transparente” de los recursos públicos y poner en marcha un plan integral que incluya nuevas medidas ante formas emergentes de violencia como la vicaria, la económica o la digital.
Desde el PSOE madrileño critican que el Gobierno regional “ni informa ni invierte” a pesar de contar con más de 19,2 millones de euros en fondos públicos, entre transferencias estatales y programas autonómicos. Espinar subraya que esos fondos, procedentes del recién renovado Pacto de Estado —aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo del propio Partido Popular—, están siendo infrautilizados o directamente ignorados por la administración autonómica.
La Ponencia propuesta por el PSOE se centraría no solo en fiscalizar el gasto, sino también en formular recomendaciones que sirvan de base para una estrategia actualizada y adaptada a los nuevos retos. En opinión del grupo socialista, resulta urgente “pasar del discurso a la acción” y no permitir que Madrid quede rezagada en políticas de protección y prevención frente a la violencia machista.
La renovación del Pacto de Estado: claves y nuevas formas de violencia reconocidas
La reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género marca un punto de inflexión en la lucha institucional contra el machismo. Aprobado inicialmente en 2017 con un amplio consenso parlamentario, este acuerdo ha sido actualizado en 2025 para responder a los retos sociales y tecnológicos actuales. El nuevo texto no solo amplía la dotación presupuestaria en un 50%, sino que incorpora oficialmente tres formas de violencia que hasta ahora no habían recibido el tratamiento institucional que merecen: la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital.
Una de las principales novedades es el reconocimiento de la violencia vicaria, una de las expresiones más crueles del maltrato. Este tipo de violencia se ejerce sobre los hijos e hijas con el objetivo de causar daño irreparable a la madre. Se trata de una agresión indirecta pero devastadora, que pone el foco en los menores como víctimas directas del machismo. Su inclusión en el Pacto de Estado obliga a desarrollar mecanismos específicos de protección infantil y de atención psicológica especializada, además de revisar los regímenes de custodia y visitas en los casos judicializados.
Otra forma de agresión incorporada en la renovación es la violencia económica, que se manifiesta a través del control del dinero, la privación de recursos básicos, la manipulación de bienes comunes o la imposición de dependencia financiera. Este tipo de violencia muchas veces se oculta tras relaciones aparentemente normales, pero impide a las mujeres tomar decisiones autónomas o salir del ciclo de la violencia por falta de medios. Su visibilización institucional abre la puerta a nuevas herramientas legales para sancionar estas conductas y ofrecer ayudas públicas orientadas a la emancipación económica de las víctimas.
Por último, el nuevo pacto da un paso decisivo al reconocer la violencia digital. El acoso, la vigilancia, el control mediante dispositivos electrónicos, la difusión no consentida de imágenes íntimas o los discursos de odio sexista en redes sociales son ahora contemplados como formas de violencia de género. El texto compromete a las administraciones públicas a legislar sobre el entorno digital, dotar de formación específica a jueces y cuerpos policiales y desarrollar campañas de sensibilización para prevenir estas nuevas formas de agresión.
