Ayuso intensifica su cruzada contra lo público con el enésimo portazo a las universidades: “Es ideológico”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo no corrige el rumbo ni acepta la “asfixiante” realidad de las universidades públicas de la región, sino que además intensifica su batalla contra éstas. Los centros universitarios madrileños no pueden más y su angustiosa situación les obliga a convocar una huelga para los próximos días 26 y 27 de noviembre. Las críticas de trabajadores y alumnos por la infrafinanciación que reciben del Ejecutivo autonómico no ha removido conciencias en Sol. Desde el centro neurálgico de la administración defienden la partida de 1.239,7 millones de euros para el ejercicio de 2026, mientras cargan contra éstas por poner de manifiesto un problema sistémico en el tejido educativo de la comunidad. Incluso señala a centros como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por “contratar más de lo que debía”. Todo ello, mientras arremeten contra unas manifestaciones que catalogan de puramente “ideológicas”.

En tales términos se ha expresado la responsable de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo trataba de salir del paso ante la oleada de críticas y denuncias provenientes del sector universitario público madrileño. La huelga pasó de ser una amenaza a una realidad, ante los constantes desplantes del Ejecutivo regional a admitir la infrafinanciación a la que someten a la educación pública superior. Los sindicatos convocantes reivindican un aumento sustancial de las partidas presupuestarias dedicadas a tal ámbito, planteando que han de incrementarse hasta cubrir el déficit y alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico; sin dejar al margen los recortes “arbitrarios” y sistémicos por parte de los rectorados o las clásicas reclamaciones para frenar el proyecto de ley de universidades de la Comunidad de Madrid (LESUC), que plantea varios puntos de fricción tales como la invasión de competencias estatales o el endurecimiento de las multas por manifestaciones o protestas no autorizadas en los campus.

En consecuencia, un ramillete de motivos que a ojos del Gobierno regional son absolutamente "ideológicos”; al igual que los paros convocados por los sindicatos. La consejera de Economía de Ayuso defiende que las universidades están “perfectamente financiadas” porque los 1.240 millones que contempla la partida presupuestaria supone un crecimiento porcentual del 6,5% - traduciéndose en 75,3 millones más -. “Muchos organismos hubieran querido tener este crecimiento”, apostillaba ante Europa Press Rocío Albert, mientras percutía en que las demandas de los centros públicos responden más a una “cuestión ideológica” que de necesidad presupuestaria. En su narrativa defiende que el incremento no es “puntual”, sino que se trata de una financiación plurianual. Es decir, que las universidades “no van a tener que estar diciendo qué va a ocurrir el año que viene”. De hecho, se ha remitido a las demandas de los rectores, que exigían “certezas” sobre la financiación “año a año” para poder precisar sus previsiones.

Dardos a la UCM

En este sentido, Albert se ha remitido al préstamo que pidió la UCM al Ejecutivo regional para hacer frente a su mermada situación económica, subrayando que el centro ya presentó un primer borrador del plan sujeto a una serie de correcciones. Sin embargo, a ojos de la Comunidad de Madrid, es la propia universidad la que “sobrepasó completamente el número de lo que eran figuras que no eran funcionarios”. En ese apartado – continúa la consejera del ramo – pueden estar bajo el control del Ejecutivo regional, pero no en las otras. En definitiva, el argumento que blanden desde la Puerta del Sol es que “contrataron más de lo que se debía”, habida cuenta de que el número de estudiantes del centro “no crecía a la misma velocidad”.

Al hilo de esto, la consejera de Economía de Ayuso subrayaba que aceptaron la concesión del préstamo a la UCM “en las mejores condiciones posibles” y apostillaba que no conseguirían de manera directa a través de los mercados a cambio de una “misión de control” de cuentas públicas, con el fin de que puedan corregir el rumbo y no tener que recurrir a una nueva solicitud. Otro supuesto similar es el de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que vive en un escenario idéntico y ha precisado que ya estaban adoptando medidas preventivas, como la generación de ingresos a través de ventas de inmuebles que “ya no utiliza y que compraron” en épocas de superávit.