El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha estado al frente de la privatización de la salud pública de la comunidad autónoma, tal como muestran sus políticas y han criticado tanto profesionales como sindicatos, lo que recuerda al planteamiento de quien es considerado el ideólogo de la privatización sanitaria madrileña y que fue el exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño.
En el pleno de este jueves, Moreno Bonilla ha remarcado: “Si queremos más derechos, más sanidad, más educación, más dependencia, necesitamos los recursos que merecemos y este Gobierno no va a parar de luchar para que esto sea posible”. Sin embargo, anteriormente en su entrevista con La Vanguardia, indicó que “la sanidad pública para todo y para todos, con una población cada vez más mayor, puede llegar un momento que sea inviable”.
La salud pública de Andalucía ha estado sufriendo en los últimos años, evidenciado en el barómetro sanitario del CIS de 2024 que señalaba que los andaluces valoran la sanidad con 5,56 frente a la visión estatal que la puntuaron con 6,29 puntos. A esto se le añade el informe de 2024 sobre la Privatización Sanitaria de las Comunidades Autónomas en 2024 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que posiciona a Andalucía como la cuarta autonomía con mayor grado de privatización del país. Comparativamente, en 2019, cuando Moreno Bonilla llegó a su puesto, estaba en el decimoquinto lugar.
Esta privatización también tiene consecuencias más concretas que se ven reflejadas en, por ejemplo, el número de camas hospitalarias públicas disponibles en la autonomía. Casi un cuarto de estas son privadas con un 23,72% y, junto a esto, una de las autonomías con los mayores porcentajes de consultas privadas a médicos de cabecera del país, según datos del citado informe.
Se han hecho decenas de entrevistas a la población donde se ha evidenciado una tendencia clara: las largas listas de espera. Estas dificultan el acceso a citas necesarias y obligan a algunos a mirar hacia la sanidad privada con la esperanza de poder ser atendidos. El PSOE andaluz ha criticado al presidente de la Junta por “abandonar la salud pública” y crear un “caos sanitario” que está reduciendo el “derecho a la asistencia sanitaria digna, de calidad y gratuita”.
Andalucía tiene la segunda media más alta del país de días de espera para recibir una operación a través de la salud pública, situándose en la segunda mitad de 2024 en 176 días, según datos de EpData. Estas cifras no se habían visto en los años anteriores a su llegada a la presidencia y no han bajado de los 110 días de media. Decenas de miles de personas han protestado por la “privatización encubierta” de Bonilla, en la cual el presupuesto para la salud pública ha disminuido para priorizar la privada.
Bonilla sigue los pasos de Burgueño
Burgueño permanece en la memoria de los españoles como el instigador de la privatización del sistema sanitario madrileño, donde pretendió privatizar seis hospitales que finalmente fracasó. Pese a su intento de implementar el modelo Alzira en la capital del país -un sistema que le concede la gestión de un hospital público a una empresa privada- finalmente se derrumbó.
Sin embargo, Burgueños se hizo famoso tras una conferencia sobre la privatización sanitaria en la que, con este modelo como telón de fondo, elogió el sistema sanitario de Estados Unidos: ““El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable”. Continuó diciendo que “no se puede seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”.
Este pensamiento se puede ver ejemplificado en el actual presidente de la junta de Andalucía, quien defiende que la forma de resolver “el problema” de la sanidad es optar por aumentar la financiación de la sanidad privada en vez de la pública, resultando en protestas multitudinarias en las ciudades principales de la comunidad autónoma.
Como ejemplo, el Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) adjudicó a dedo este pasado mes de junio 110,9 millones de euros a hospitales privados con el objetivo de derivar pacientes en listas de espera para reducir el plazo para operarse en vez de reforzar el sector público. Por ello, no es de extrañar que un informe de la FADSP que evaluó la calidad de estos servicios en el país en 2023 señaló que Andalucía es la región con peores servicios sanitarios y bajó de clasificación con respecto al año anterior.
