La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que tiene una “conversación pendiente” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir un acuerdo en torno a la ley de Vivienda. “Tengo la fecha, pero no debo de decirla”, ha trasladado la también vicepresidenta segunda, confirmando la incursión de ambas figuras en un debate que, hasta el momento, estaba siendo mantenido entre la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, liderada por Nadia Calviño, y Derechos Sociales y Agenda 2030, con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la cabeza.

Los principios de acuerdo que han sido alcanzados entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la otra cartera involucrada, y Derechos Sociales han sido tumbados por Economía, motivo que puede haber motivado la entrada a la discusión de Sánchez y Díaz. “Es una de las grandes leyes, de las más importantes de nuestro país. La clave está en que tengamos una ley ambiciosa para España, que pueda garantizar precios asequibles para las personas que viven de alquiler”, ha trasladado Díaz desde Bruselas, donde se encuentra participando en la reunión del Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO).

“Junto con el desempleo, la vivienda es el problema fundamental que tienen los españoles. Tenemos que dar un paso adelante y sacar la ley”, ha asegurado la ministra de Trabajo, que ha querido apoyarse en el país vecino para defender su posición. “Acabamos de ver el ejemplo de Portugal, con un Gobierno progresista, o el de Países Bajos, con otro signo político, que permiten fijar techos y límites en los alquileres”. Con la buena tónica actual tras el acuerdo de pensiones, y superada la convulsa semana del 8M y la reforma de la ley de Solo Sí es Sí, Díaz ha instado a Sánchez a alcanzar un nuevo consenso para “darles otra buena noticia a nuestros compatriotas diciéndoles que hemos llegado a un acuerdo en materia de vivienda”.

Conversaciones estancadas

Las fuentes negociadoras confirman a ElPlural.com que, a pesar de que las partes están negociando constantemente para conseguir sacar la norma adelante, lo cierto, señalan, es que no existen avances significativos desde hace varias semanas. A finales de febrero este periódico pudo conocer que el principal escollo en estos momentos se refería a la duración de las medidas contempladas en la ley. El principio de acuerdo alcanzado entre Raquel Sánchez, ministra de Transportes, y Belarra decayó al no conseguir el visto bueno de Calviño y ahora el debate se centra en cómo sacar adelante una de las leyes bandera del Ejecutivo de coalición contentando a ambas partes.

La parte morada aspira a que ley contemple un tope al precio de los alquileres estructural, es decir, que vaya más allá de la coyuntura de crisis de precios actual y quede plasmado en la normal de cara a futuro. A la parte socialista le preocupa que la fijación de un tope que transcienda el contexto tenga perjuicios en el mercado y pueda generar efectos no deseados, como podría ser una fijación de precios del alquiler más elevada de lo previsto como arma de los arrendadores para puentear el tope y partir de un valor desmedido. El punto intermedio podría ser establecer un tope del 3% al incremento del precio de los alquileres durante 2024 o, por lo menos, hasta que se defina un índice concreto que regule estas subidas, última propuesta de Economía.

"La vivienda se ha convertido en una fuente de angustia para muchas familias y muchos jóvenes que no han podido acceder durante estos años a la vivienda", ha subrayado la ministra de Transportes, que ha insistido en que no han dejado de negociar y de lanzar propuestas para "llegar al consenso". Sánchez habla de “recta final” y asegura que la negociación está siendo “compleja e intensa”. "Más allá del ruido que, a veces, se exagera, es importante señalar que ya presentamos un proyecto de ley que está ahora en fase de tramitación parlamentaria y que confío vamos a ser capaces de resolver", ha concluido.

"En el Gobierno de coalición existe prácticamente un acuerdo sobre cómo va a resultar el texto de Vivienda, pero todavía nos quedan diferentes elementos que están en discusión”, revelaba ya María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, la pasada semana. En una entrevista concedida a RNE, la vicesecretaria de organización del PSOE aseguraba que se alcanzaría un punto de encuentro porque “para este gobierno la prioridad absoluta es dar respuesta a la problemática de vivienda, que está generando una situación controvertida en muchas familias, especialmente en los jóvenes, que no pueden emanciparse”. Sin embargo, finalmente parece ser que será necesario que Díaz y Sánchez intercedan para conseguir el tan deseado acuerdo. 

Ejemplo portugués

El Ejecutivo nacional podría seguir el ejemplo del balear, conformado por las mismas formaciones políticas, y asumir parte de la ley aprobada por el Gobierno de Portugal, presidido por el socialista Antonio Costa. En el país luso, la normativa contempla que los contratos de alquiler renovables, en caso de que ninguna parte notifique su intención de finalizar la relación, se renuevan automáticamente y no pueden encarecerse más de un 3%, valor establecido por el Ejecutivo.

Además, en lo referido a los contratos de nueva definición, el ejecutivo de Costa plantea establecer un precio máximo o un tope del 2% al aumento, índice propuesto por el Banco Central Europeo (BCE), en caso de que el inmueble hubiese sido alquilado previamente, teniendo en cuenta el precio fijado en el anterior contrato.