La ley de Vivienda se enfrenta a su día de la marmota particular y, una vez más, cuando todo apuntaba a que la luz al final del túnel se acercaba, ha terminado por deslumbrar a las partes negociadoras. “Estamos más cerca que nunca”, celebraban los contendientes tras alcanzar un principio de acuerdo, entre Ione Belarra y Raquel Sánchez, que se enfrentaba desde ese momento a la supervisión de Nadia Calviño. Tan solo dos semanas han transcurrido y el ministerio de Derechos Sociales y su homólogo de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya saben que tienen que volver a sentarse a negociar porque el texto no ha superado el filtro de Asuntos Económicos.

“Siempre parece que está a punto, pero al final...”, lamentan fuentes participes de la negociación a ElPlural.com. Las fuerzas comienzan a agotarse, y el tiempo también, y sobre la tabla de negociación vuelve a depositarse el control de los precios del alquiler y la viabilidad de establecer un tope al incremento de las cuantías. El 3% planteado, nos relatan fuentes participes, no es la variable que está alejando a los socios de Gobierno, límite que se ven capaces de poder consensuar. Estructural o coyuntural es la disyuntiva que separa a las partes.

La parte morada aboga por una ley de Vivienda que contemple este aspecto como estructural, es decir, que vaya más allá de la coyuntura de crisis de precios actual y quede plasmado en la normal de cara a futuro. A la parte socialista le preocupa que la fijación de un tope que transcienda el contexto tenga perjuicios en el mercado y pueda generar efectos no deseados, como podría ser una fijación de precios del alquiler más elevada de lo previsto como arma de los arrendadores para puentear el tope y partir de un valor desmedido. La posibilidad de que el tope afecte a la oferta también preocupa en la parte reticente, por eso apuestan por una medida temporal y adaptada a la situación.

Actualmente ya existe una tope del 2% de cara a la actualización de contratos vigentes, cuya duración se extenderá durante 2023 para combatir la espirar inflacionista. Para sustituirlo tras su finalización, se plantea ahora también un índice específico, alejado del IPC al que suele estar sujeta la revalorización anual de los alquileres. No ha transcendido más información del diseño o las características técnicas con las que contaría este índice, pero podría seguir una tónica similar a la del Índice de Garantía de Competitividad, valor al que actualmente están acogidas las subidas de los alquileres (el tope del 2%). Los morados han sugerido en más de una ocasión un mecanismo de regulación de precios, instrumento que también podría contemplarse.

A la discusión infructuosa sobre el límite al incremento de los alquileres se ha sumado ahora otra variable: cómo trasladar ese tope a los inmuebles que entren por primera vez en el mercado del alquiler. Además, se plantea también cómo evitar las “triquiñuelas”, señala una de las fuentes consultadas por este periódico, que ejemplifica con la posible situación en la que un casero decida retirar su vivienda del mercado durante un lapso temporal para, posteriormente, lanzarla de nuevo al mercado con un precio más elevado y que escape del tope a las renovaciones.

Confianza en el acuerdo

Con todo, desde Asuntos Económicos aseguran a ElPlural.com que no existe un veto sobre ninguna medida concreta y niegan taxativamente que sea un aspecto determinado el que está imposibilitando el acuerdo. “Estamos analizando todas las propuestas” reiteran, asegurando que en negociaciones de este calado es necesario analizar múltiples variables y, sobre todo, la ley en su conjunto. Desde la cartera de Calviño se trasladan intenciones claras de seguir negociando para sacar la norma adelante y se desmarcan totalmente de las acusaciones que señalan una actitud destructiva con respecto a la norma.

Desde Derechos Sociales, aunque el cansancio es evidente, se traslada la intención de trabajar por sacar esta ley adelante hasta el último día. La pretensión de la cartera de Belarra continúa siendo el mantenimiento del acuerdo que ya se alcanzó con el ministerio de Raquel Sánchez. No obstante, y de igual manera que Asuntos Económicos, no señalan un aspecto concreto como el culpable del retroceso en la aprobación y apuntan también a un conjunto de variables que son necesarias solucionar antes de que la ley pase al trámite de aprobación.

Las discrepancias son evidentes, pero en esta ocasión, el carácter vital de la ley para el conjunto de las familias trabajadoras parece que pesa más que los orgullos de las formaciones implicadas. O eso señalan ellas. Si bien el tiempo apremia, las partes aseguran que la norma saldrá adelante. Las negociaciones no paran de sucederse y el plazo máximo que se estableció, marzo, todavía no se ha superado. No obstante, la presencia de líneas rojas por ambas partes puede terminar por dinamitar una ley cuyas negociaciones comenzaron hace más de un año.