El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de la Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, norma con la que el Gobierno de coalición busca exigir una mayor transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios de comunicación. El texto propuesto por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública modificará, de ser aprobado más adelante por el Congreso de los Diputados, tres leyes ya existentes para incorporar varios Reglamentos de la Unión Europea (DSA y EMFA, por sus siglas en inglés).
“Consiste en reforzar los derechos digitales y nuestra Democracia”, ha introducido el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la explicación de la norma. Este proyecto forma parte del Plan de Acción por la Democracia de 31 medidas que fue presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de 2024 y del que el Ejecutivo ya ha aprobado o iniciado los procedimientos de 19 medidas. “Un triple escudo de protección digital”, ha calificado López las dos modificaciones propuestas, en conjunción con el abordaje de la Inteligencia Artificial (IA).
Registro de medios
En lo que se refiere a los medios de comunicación, el proyecto aborda la ley General de Comunicación Audiovisual y crea un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), en el que los medios nacionales deberán reflejar y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional. Es decir, cualquier persona podrá ver quién domina el medio y cuánto percibe este de los diferentes gobiernos en concepto de publicidad.
A nivel autonómico también deberán crearse estos registros de medios, colaborando Competencia con los organismos correspondientes de las comunidades. Los objetivos, ha desgranado el ministro, es que “los ciudadanos conozcan cuál es la propiedad de los medios; cuánta inversión publicitaria pública reciben de forma anual, algo que ya se realiza en comunidades autónomas como Cataluña; y cuántos ingresos reciben de financiación pública extranjera”. El registro “no será constitutivo”, por lo que no será obligatorio sumarse, pero se contemplan sanciones para los medios no inscritos, como mandata Bruselas.
Asimismo, se define un procedimiento, también comandando por la CNMC, que buscará evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, especialmente cuando los medios implicados superen una determinada audiencia o volumen de negocio. Para que el órgano de Competencia pueda asumir estas responsabilidades se modificará su ley de creación, adaptándola al proyecto de ley matriz. Fuera de este decreto quedan la protección del secreto profesional o la independencia de los medios públicos, entre otras materias que se abordarán en futuras reformas.
“Las radios y las televisiones ya tienen una legislación donde se establecen unos límites para que no se pueda concentrar en muy pocas manos todo el espectro. Con esta nueva ley, los límites también se aplicarán al resto de medios”, ha explicado López, otorgando a la CNMC estas responsabilidades. Estos márgenes de concentración todavía debe elaborarlos el propio organismo designado, quien ha pedido un “tiempo” el Ejecutivo para realizar un “estudio en profundidad”.
Protección del consumidor
La otra arista, por la que también es necesario reformar la norma de creación de la CNMC, es la de servicios digitales. En este caso, la ley que se propone modificar es la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico para que haya un mayor control, supervisión e inspección de los proveedores digitales (plataformas, buscadores, redes sociales, etc.), a las que se podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Algunas de las materias que se controlarán serán los contenidos ilícitos o los anuncios personalizados a través de datos sensibles, práctica prohibida y por la que se podrán imponer multas que podrían ir desde los 30.000 euros, en los casos leves, hasta el 6% del volumen de negocio mundial, en el rango más grave. Asimismo, las plataformas a nivel estatal deberán tener canales de denuncia y una mayor transparencia de los algoritmos y protección de los menores.
