No todo son tortas en el bloque de la mayoría progresista. Los ecos del pulso por la reforma del solo sí es sí concentran el foco mediático en su práctica totalidad y son perfectamente conscientes de ello. “Desayunamos, comemos y cenamos con lo mismo, hay que solucionarlo ya”, declaran fuentes parlamentarias. Pero en el horizonte más inmediato también dibuja optimismo en otro de los buques insignia del Gobierno: la ley de Vivienda. Según ha podido saber este periódico, el articulado ya obra en manos del Ministerio de Economía, que hace pocos días ha terminado de recolectar las exigencias de los socios y, según admiten ambas partes, todo marcha.

Tal y como informó ElPlural.com, ya hay un acuerdo verbal entre el Grupo Socialista y los morados. Únicamente quedaba incorporar a los aliados parlamentarios habituales, a saber, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más País… Su apoyo está cercano. “Nos falta el texto definitivo de Economía. A ver si la redacción cumple con lo apalabrado”, apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.

"Nos falta el texto definitivo de Economía. A ver si la redacción cumple con lo apalabrado"

Lo que hace unos meses se antojaba complicado, en las últimas semanas se ha erguido como el clavo ardiendo que sostiene la coalición. Unidas Podemos mantuvo hace dos semanas, a finales de enero, prósperos contactos con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en los que ésta se habría comprometido verbalmente a una serie de cuestiones que absorben las condiciones de los morados. “Si es cierto lo que nos dijeron, no me cabe la menor duda de que habrá ley”, apuntan fuentes parlamentarias de Unidas Podemos. La cuestión es que desde el partido se ha urgido al Ministerio a remitirles la propuesta por escrito y “aún no hemos recibido los papeles”, pero esperan hacerlo.

Todo depende, ahora, de Nadia Calviño, quien ya ha deslizado que “quedan cada vez menos temas que perfilar”. La ministra se sacudió la responsabilidad -y los focos- asegurando que las negociaciones las pilotan ahora los grupos parlamentarios, pero no es así. Los distintos partidos ya les han pasado sus propuestas y están esperando cómo cristalizan en el redactado final.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso, el diputado de la izquierda abertzale y responsable en la materia, Oskar Matute, confirmó este extremo. Expuso que sus requisitos ya “se los hemos trasladado” y “los han recogido, estamos a la espera de ver si cristalizan en el texto, que todavía no lo conocemos”. Matute no aportó grandes detalles, puesto que los implicados en la negociación acordaron ser discretos y, en su caso, además, “cauto”. Se limitó a razonar que la norma “tiene que tener un carácter de eficacia porque la realidad del mercado del alquiler español impide el desarrollo de vidas dignas a cientos de miles, sino millones, de personas”, tano “jóvenes” como “no tan jóvenes”. De lo contrario, si no reviste eficacia, será un mero “retoque cosmético”. “Tiene que ser capaz de topar los precios de los alquileres, determinar con eficacia como podemos frenar los desahucios sin alternativa habitacional y una apuesta clara por el alquiler con la ayuda del poder público para que las personas puedan emanciparse a precios asequibles”, remachó.

Secretismo para cumplir plazos

Moncloa se ha fijado el mes de marzo como plazo máximo para acelerar la aprobación definitiva de la ley de Vivienda. El martes 24 de enero se celebró la primera ponencia. La cita no duró más de 25 minutos, pues estaba agendada para las 11:30 horas y el pleno extraordinario comenzaba a las 12:00. Los primeros compases fueron muy positivos, según fuentes conocedoras de las conversaciones. La fase de ponencia suele ser la más complicada, pues en ella se moldea la norma hasta su forma definitiva y los grupos parlamentarios tienen 866 enmiendas por despachar. No obstante, desde Unidas Podemos, que en esta materia están perfectamente alineados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, llegan ecos esperanzadores.

Los socios, todos, han acordado mantener las conversaciones bajo el más absoluto de los secretos para fomentar el entendimiento. Los dardos filtrados, las propuestas cruzadas o los órdagos no acostumbran a ser buenos acompañantes en negociaciones tan difíciles. Y esta lo es, por tratarse de una ley tan simbólica para el bloque de investidura -el propio Gobierno la anunció en 2020 como uno de sus puntales estrella-, y por las diferencias entre las partes.

Moncloa está decidida a intervenir el mercado de la Vivienda y topar los alquileres, pero han de concretar flecos. El principal obstáculo es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. El PSOE estipuló que el umbral sería de 10, pero los morados apuestan por reducir la barrera a cinco. Además, Unidas Podemos percute para disminuir el vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor efectiva. El texto salido del Consejo de Ministros establece un periodo de 18 meses que los morados abogan por eliminar, pero que los socialistas admitirían rebajarlo hasta los seis. Así, de darse el caso, si la ley de Vivienda se aprobara en marzo, el control de los precios se implementaría en su totalidad en octubre.

Moncloa lograría, en consecuencia, dos impulsos electorales. El primero en las semanas previas a la precampaña de las autonómicas y municipales en mayo, y el segundo, en la víspera de las generales. El articulado pondrá en un serio brete a las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya que la regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, que deberán decidir si aplicarla, así como los ayuntamientos harán lo propio con la subida del IBI en las viviendas vacías.