El curso parlamentario 2023 ya ha comenzado y la legislatura encara un intrincado estadio final. Dos leyes insignia del Gobierno de coalición aún no han encontrado acomodo en el BOE y el tiempo apremia. Sabedores de que las negociaciones son infinitamente más complicadas en periodo pre electoral, en Moncloa esperan desactivar la ley Mordaza a principios de febrero -pese a las advertencias de sus socios de que no se tragarán el sapo de una reforma light-, y la ley de Vivienda en marzo, a lo sumo. La primera sufrió un nuevo retraso este martes. PSOE y Unidas Podemos esperaban que la quinta reunión de la ponencia fuera la última para poder convocar la comisión de Interior y elevar el dictamen final al Pleno. Sin embargo, la votación fue aplazada una semana ante la falta de acuerdo. Mucho más optimismo genera el articulado sobre Vivienda.

Este martes se celebró la primera ponencia. La cita no duró más de 25 minutos, pues estaba agendada para las 11:30 horas y el pleno extraordinario comenzaba a las 12:00. Los primeros compases han sido muy positivos, según fuentes conocedoras de las conversaciones. La fase de ponencia suele ser la más complicada, pues en ella se moldea la norma hasta su forma definitiva y los grupos parlamentarios tienen 866 enmiendas por despachar. No obstante, desde Unidas Podemos, que en esta materia están perfectamente alineados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, llegan ecos esperanzadores.

Según ha podido saber ElPlural.com, la cúpula morada ha mantenido contactos con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en los que ésta se habría comprometido verbalmente a una serie de cuestiones que satisfacen sobradamente al socio minoritario. “Si es cierto lo que nos dijeron, no me cabe la menor duda de que habrá ley”, apuntan fuentes parlamentarias de Unidas Podemos. La cuestión es que desde el partido se ha urgido al Ministerio a remitirles la propuesta por escrito y “aún no hemos recibido los papeles”, pero esperan hacerlo.

"Si es cierto lo que nos dijeron, no me cabe la menor duda de que habrá ley"

Los socios, todos, han acordado mantener las conversaciones bajo el más absoluto de los secretos para fomentar el entendimiento. Los dardos filtrados, las propuestas cruzadas o los comentarios a modo de ultimátum no acostumbran a ser buenos acompañantes en negociaciones tan difíciles. Y esta lo es, por tratarse de una ley tan simbólica para el bloque de investidura -el propio Gobierno la anunció en 2020 como uno de sus puntales estrella-, y por las diferencias entre las partes.

Moncloa está decidida a intervenir el mercado de la Vivienda y topar los alquileres, pero han de concretar flecos. El principal obstáculo es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. El PSOE estipuló que el umbral sería de 10, pero los morados apuestan por reducir la barrera a cinco. Además, Unidas Podemos percute para disminuir el vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor efectiva. El texto salido del Consejo de Ministros establece un periodo de 18 meses que los morados abogan por eliminar, pero que los socialistas admitirían rebajarlo hasta los seis. Así, de darse el caso, si la ley de Vivienda se aprobara en febrero, el control de los precios se implementaría en su totalidad en septiembre.

Moncloa lograría, en consecuencia, dos impulsos electorales. El primero en las semanas previas a la precampaña de las autonómicas y municipales en mayo, y el segundo, en la víspera de las generales. El articulado pondrá en un serio brete a las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya que la regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, que deberán decidir si aplicarla, así como los ayuntamientos harán lo propio con la subida del IBI en las viviendas vacías.

Lecturas dispares

Los ecos que sobrevuelan a Vivienda arrecian euforia. Ahora bien, la pasada semana desde la coalición se blandieron vientos de acuerdo en el marco de Mordaza y nada más lejos de la realidad. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, telefoneó al PSOE en la noche del lunes para convencerles de aplazar la votación de la ponencia una semana ante el riesgo de decaer por falta de acuerdo. Se votará finalmente el próximo martes 31 de enero y, para entonces, la coalición espera lograr quórum.

ERC y Bildu mantienen sus máximos. Si bien se han registrado avances en el artículo 30.3 referente a la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones, quedan cuatro puntos de fricción que son impepinables para la izquierda abertzale y el republicanismo catalán. El PSOE rehúsa modificar los artículos relativos al uso de las pelotas de goma, otro referente a las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y las devoluciones en caliente. Estos son los cuatro elementos que quedan por limar después de haber logrado consensuar el 30.3 referente a la responsabilidad de los convocantes de las manifestaciones.

“El Grupo Socialista se niega a tocar una coma de todo esto” y Unidas Podemos y el PNV “han asumido que salga una reforma de Mordaza light para quitarnos la losa de la reforma del PP”, lamentan fuentes parlamentarias de la izquierda abertzale, que al igual que Esquerra, advierten: “Necesitan nuestros votos. No se ha desbloqueado en 11 meses, parece complicado que desencalle en una semana”.