El tiempo apremia, la reforma de la ley Mordaza consuma sus últimos compases y todo apunta a que no encontrará acomodo en el BOE. Este martes se reúnen los grupos para la quinta y previsiblemente última ponencia antes de convocar a la comisión de Interior para aprobar el dictamen definitivo que será elevado a Pleno a principios de febrero, según los planes de PSOE y Unidas Podemos. No obstante, el optimismo de la coalición ha sido atajado por sus socios de tal manera que si se votara a día de hoy, la ley de Seguridad Ciudadana quedaría tal cual la aprobó el Partido Popular. Ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ni EH Bildu prestarán sus bancadas para aprobar la reforma si no se tocan cuatro puntos que consideran impepinables y sin los cuales la ley Mordaza perduraría.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el PSOE rehúsa modificar los artículos relativos al uso de las pelotas de goma, otro referente a las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y las devoluciones en caliente. Estos son los cuatro elementos que quedan por limar después de haber logrado consensuar el 30.3 referente a la responsabilidad de los convocantes de las manifestaciones. “El Grupo Socialista se niega a tocar una coma de todo esto” y Unidas Podemos y el PNV “han asumido que salga una reforma de Mordaza light para quitarnos la losa de la reforma del PP”, lamentan fuentes parlamentarias de la izquierda abertzale.

Bildu está en sintonía con ERC y la situación evoca a lo ocurrido con la reforma laboral, cuando el Ejecutivo no fue tan ambicioso como esperaban y se opusieron. ¿El resultado? Salió adelante gracias al error en la votación telemática del diputado del PP Alberto Casero, quien durante meses descargó la responsabilidad sobre un fallo informático que nunca se produjo. Él mismo, a día de hoy, bromea con ello.

El jaque de los socios habituales de Moncloa es de aúpa. Al tratarse de una ley Orgánica se requieren 176 síes, por lo que “necesitan nuestros votos” y la propuesta “se nos queda muy corta y no nos parece suficiente” porque los aspectos más lesivos, represivos y más utilizados por la Policía para multar y reprimir manifestaciones no sufrirían alteración alguna. En consecuencia, “no se desactivaría la ley Mordaza como tal”, sino que únicamente “se tocarían unos artículos”, remachan las mismas fuentes.

Oferta insuficiente

Para esquivar el bloqueo, los socialistas han planteado abordar el asunto de las pelotas de goma en el articulado que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no en Mordaza. Asimismo, apuestan por dejar al margen la disposición adicional que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España". El PSOE esperaba que los socios aceptaran tratar este punto en la Ley de Extranjería para extirparla del debate, pero tanto ERC como Bildu se niegan porque no hay visos de ser modificada en lo que resta de legislatura.

“Dan por cerrada la negociación y dicen que el acuerdo está al caer. No es cierto. Son líneas rojas. Si no se tocan esos artículos, no se desactivará la ley Mordaza”, abundan; y sentencian: “A día de hoy, después de 11 meses de negociaciones y casi 40 reuniones, vemos difícil que salga adelante porque es complicado que se salven los escollos”.

El diputado de Bildu responsable del asunto, Jon Inarritu, sostiene en declaraciones a ElPlural.com que “si no hay un milagro y el PSOE se abre a negociar, será complicado que salga”. Confirma que “las cosas siguen igual que hace un año”, con las conversaciones sobre los aspectos más lesivos de Mordaza bloqueadas. De hecho, Inarritu rechaza de plano la propuesta de los socialistas de dejar para la ley de Extranjería las devoluciones en caliente porque “todo el mundo sabe que no va a haber ley de Extranjería en esta legislatura”.

“La ponencia se acaba y el tema no da más de sí. Irá a comisión y al pleno, pero no saldrá” reitera, responsabilizando al PSOE:  “Reconocen en privado dificultades del Ministerio de Interior y el aumento de la extrema derecha en los sindicatos policiales y de guardias civiles. Estamos en año electoral y no lo ven”. En este sentido, cree que la formación morada se ha plegado a una reforma light porque “a Podemos le vale más esto que nada”, pero “para nosotros sería un fraude”.

Por su parte, la diputada del Grupo Republicano María Dantas ratifica punto por punto lo afirmado por Inarritu, aunque en su caso, hace especial hincapié en lo relativo a las devoluciones en caliente. “No han querido ni hablar. Lo han dejado para  el final del todo”, lamenta Dantas en declaraciones a ElPlural.com.

La diputada explica que Esquerra siempre ha apostado por eliminar las devoluciones en caliente de Mordaza. Tal es su deseo que aparcaron su ambiciosa enmienda y pidieron un redactado “más posibilista” a Amnistía Internacional y a la Red Acoge, que por supuesto incluyera toda la legislación internacional y estatal. Ni con esas logró centrar el debate. Dantas relata una sangrante anécdota de la última reunión del grupo de trabajo: “Cuando acabé de hablar, nadie quiso intervenir. Nunca, en ningún otro artículo ha habido silencio. Y hubo un silencio sepulcral. Tuve que pedir un debate. ‘Por favor, ¿’podemos debatir sobre las devoluciones en caliente?’. Solo habló Jon [Inarritu]”.

ERC carga contra los socialistas acusándoles de no sentirse interpelados por la situación en la frontera sur: “Les da igual. Y no solo al legislativo, también al Ejecutivo y al judicial”.

“Se está diciendo que no queremos reformar esta ley, es mentira porque sino, no hubiéramos hecho 40 reuniones. Además, hemos sido muy pro activos”, defiende Dantas, quien celebra los avances en el artículo 30.3, referido a la responsabilidad de los convocados de las manifestaciones; pero aqueja que el resto “no mejora la vida de la ciudadanía y es letra fría”. Además, critica que la coalición de Gobierno se erija como “los partidos más progresistas” cuando “la enorme mayoría de cambios son siguiendo sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de DDHH que han hecho recomendaciones en repetidísimas ocasiones”.