El objetivo es claro y la ruta está fijada. El Gobierno de coalición espera aprobar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana en febrero en la primera sesión plenaria del Congreso. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, el pasado martes se celebró una reunión telemática del grupo de trabajo conformado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Junts que duró del orden de dos horas y media; y el miércoles se repitió en términos semejantes. Las mismas voces aseguran que la fumata blanca ya se atisba en el horizonte y pretenden cerrar el acuerdo en los próximos días y celebrar la última ponencia la semana que viene para reunir a la Comisión de Interior y aprobar el dictamen final que será elevado al pleno en la primera cita disponible del nuevo periodo de sesiones.

Hace ya más de dos años desde que el Congreso dio luz verde a la Proposición de ley del PNV para reformar la ley de Seguridad Ciudadana y aún no se ha aprobado. En total, se han celebrado cuatro ponencias y “existe un acuerdo tácito para que la quinta sea la última”. En paralelo, el antecitado grupo de trabajo se ha reunido 34 veces desde marzo del 2022. En noviembre del 2021 los grupos registraron sus enmiendas parciales, en enero y febrero del 2022 se celebraron tres reuniones de la ponencia, pero las discrepancias eran profundas y para limar las diferencias los socios optaron por negociarlas al margen y convocar la ponencia únicamente cuando existiera quórum en varios puntos.

En las últimas semanas se han acercado posturas en cuestiones clave, como el diseño de un nuevo modelo generalizado de sanciones en función de ingresos, con rebajas del 50% para los sancionados que cobren 1,5 veces el Salario Mínimo y del 25% para los que ingresen entre 1,5 y 2,5. Incluso, pudiera suspenderse la multa previo acto de conciliación.  Ese asunto se solventó en diciembre junto a la despenalización de la difusión de imágenes de agentes con salvedades: que se ponga en riesgo su seguridad o la de sus familiares, que afecte a operaciones en curso o desvele instalaciones estratégicas. Ya en enero, el 12 concretamente, se pactó la rebaja de las multas. Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos "muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales".

Con todo esto encarrilado, se habría pactado ya el 96% del contenido de la reforma, quedando únicamente los aspectos que más colisiones genera. El PSOE insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de utilizar pelotas de goma, mientras Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu abogan por alternativas menos lesivas, como los proyectiles foam de Cataluña. Para esquivar el bloqueo, se ha planteado abordar este asunto en el articulado que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no en Mordaza. También existen discrepancias en como se objetivan las sanciones por falta de respeto a la autoridad y en la definición del concepto de desobediencia.

Moncloa anhelaba dar luz verde a Mordaza y a Vivienda antes de final de año, pero la crisis de Estado provocada por la intervención del Tribunal Constitucional en un proceso legislativo en curso y la reforma del Código Penal ocuparon los esfuerzos de la coalición. Fijaron la vista, entonces, en la última semana de enero. Esperaban que se convocara un pleno extraordinario entonces para aprobar Mordaza. Sin embargo, según fuentes parlamentarias consultadas por ElPlural.com, el próximo lunes 23 de enero se reunirá la Diputación Permanente y, entre otras cosas, convocará un pleno extraordinario para el martes 24 para ratificar el último decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros. También se agendará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la tarde de ese mismo día. En consecuencia, no hay tiempo material para llevar el dictamen de la reforma de Mordaza a dicho pleno y permanecerá en el cajón hasta primeros de febrero.