“Hay tiempo en diciembre”. Esta fue la respuesta que una fuente socialista dio a la pregunta de si daría tiempo a aprobar antes de finalizar el año varias leyes sociales pendientes tales como Vivienda, Mordaza, Bienestar animal, Trans y Familias, entre otras. Sostuvo que “técnicamente es posible”. En aquel momento, allá por noviembre, Moncloa focalizó todos sus esfuerzos en aprobar los Presupuestos Generales del Estado y el resto de iniciativas quedaron suspendidas. La madrugada del 25 de noviembre las cuentas de 2023 superaron la votación del Congreso y la coalición rescató su agenda social pendiente. Se esperaba, porque así lo deslizaron PSOE y Unidas Podemos, un diciembre dominado por un sprint social que, sin embargo, ha mutado en una crisis de Estado con un Tribunal Constitucional impidiendo una votación en el Senado e interviniendo un proceso legislativo en curso, una maniobra azuzada por el PP que no encuentra precedentes en la historia democrática española.

La noche del 24 de noviembre también se discutió en la Cámara Baja la tramitación de la reforma exprés del Código Penal que incluía, entre muchos otros asuntos, la reforma del delito de sedición. Recibió el visto bueno y, en el proceso de enmiendas, se incluyeron dos que sentaron los mimbres de los actuales lodos: la rebaja del delito de malversación. Una vez abierto el melón de la reforma del Código Penal, la coalición aprovechó para, vía enmienda, suprimir la mayoría de tres quintos requerida para renovar el Tribunal Constitucional y superar el bloqueo. El PP, que tiempo ha que demuestra que no es favorable a la renovación de los órganos judiciales si ello supone perder la mayoría conservadora, presento un recurso ante el Tribunal Constitucional y se desató el Ragnarok.

Génova recurrió al TC y solicitó que impidiera la votación de dicha iniciativa agendada para el 15 de diciembre a primera hora de la tarde. El Constitucional se reunió por la mañana de urgencia y, sobre la mesa, tenía además del recurso del PP las alegaciones de Unidas Podemos y PSOE y las recusaciones presentadas por los morados contra los dos magistrados a los que afectaría la ley: el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. La jornada parlamentaria navegó la incertidumbre como pudo, con un ojo puesto en el pleno y otro en el Constitucional. Finalmente, tras amagar con impedir una votación en el Congreso, maniobra sin precedentes en la historia democrática de España, aplazaron la decisión al lunes 19 y la Cámara Baja pudo ejercer su derecho a voto.

Todas las fuerzas que integran el hemiciclo a excepción de PP, Vox y Ciudadanos, denunciaron la censura. “Golpe institucional”, “es gravísimo, no hay precedentes” y “han amordazado al Congreso” fueron algunas de las expresiones que se escucharon en los pasillos de la Cámara Baja. Por primera vez en la historia democrática de España, un órgano judicial amagaba con intervenir un parlamento. Las formaciones independentistas aquejaban que ellos ya lo vivieron en el 2017 durante el procés, pero las conocidas como leyes de desconexión sí se votaron en el Parlament y la reacción fue posterior.  El terreno era tan ignoto que Meritxell Batet, presidenta del Congreso, se ausentó del pleno para, según fuentes, consultar con los servicios jurídicos y los letrados posibles escenarios y respuestas. Las bancadas de la derecha solicitaron la suspensión del pleno a expensas de lo que decidiera el TC, pero Batet continúo “en defensa de la potestad legislativa” porque “el Constitucional no ha comunicado al Congreso ninguna decisión”.

El lunes 19 de diciembre el TC se reunió. Los magistrados recusados, Trevijano y Narváez, votaron contra su propia recusación y participaron de la votación. El resultado era predecible por la mayoría conservadora que atesora el PP. El Senado no pudo votar la ley que afectaba al TC y se desató la crisis constitucional con una pugna de poderes sin precedentes. La reacción de Moncloa fue acatar, pero advertir de que buscarían la vía para acometer la reforma. Por su parte, los partidos que integran el bloque de la investidura solicitaron al Ejecutivo que liderara una mesa de conversaciones para elaborar un plan que desmantelara el régimen del 78. El ala socialista del Ejecutivo trabaja junto con Unidas Podemos y sus aliados una Proposición de Ley que registrará en los próximos días con el mismo contenido.

Los esfuerzos que ha requerido el asunto han orillado las leyes sociales que Moncloa pretendía acelerar. La tan ansiada ley de Familias de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, fue aprobada en Consejo de Ministros y afrontará el trámite parlamentario; la ley Trans recibió el visto bueno definitivo del Congreso sin las enmiendas del PSOE pero con su apoyo y la abstención de Carmen Calvo; pero del resto de iniciativas que conformarían el sprint social no hay apenas rastro. La ley de Bienestar animal sigue bloqueada por el pulso entre morados y socialistas, ya que éstos últimos insisten en excluir a los perros de caza pese a haberse comprometido con Podemos; y Vivienda y Mordaza han quedado, una vez más, aplazadas.

Según ha podido saber ElPlural.com, se han producido avances en la ley de Vivienda, siendo la figura de gran tenedor el principal obstáculo para el tope de los alquileres. La contienda está ahí, en qué cantidad de inmuebles ha de tener una persona o entidad para considerarse como tal y verse obligado a topar el precio del alquiler. “Veremos en enero”, admiten fuentes parlamentarias del Grupo Socialista. Mordaza, por su parte, sí que ha dado pasos, aunque también discretamente. En la noche del miércoles se acordaron una treintena de modificaciones parciales en una decena de artículos. Entre otras cosas, se cerró un modelo generalizado de sanciones en función de ingresos con rebajas del 50% para los sancionados que cobren 1,5 veces el Salario Mínimo y del 25% para los que ingresen entre 1,5 y 2,5. Incluso, pudiera suspenderse la multa previo acto de conciliación.  También se despenalizará la difusión de imágenes de agentes con salvedades: que se ponga en riesgo su seguridad o la de sus familiares, que afecte a operaciones en curso o desvele instalaciones estratégicas. Fuentes de la comisión celebrada a puerta cerrada celebran los avances, pero recuerdan que hay un obstáculo que de momento se antoja insalvable. El PSOE insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de utilizar pelotas de goma, mientras Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu abogan por alternativas menos lesivas, como los proyectiles foam de Cataluña. Los trabajos continuarán en enero y aún no hay fecha para elevar el articulado a la comisión. No obstante, las fuentes consultadas se muestran optimistas y creen que tras el parón navideño se acelerará el trámite: "Hay cuestiones en las que solo vota en contra Vox. PP y Ciudadanos están votando a favor de algunas cosas y se sigue avanzando".

En cualquier caso, todo queda pendiente para enero, mes inhábil, pero que se habilitara para celebrar comisiones, elaborar dictámenes, avanzar en la agenda legislativa y aprobar los decretos en un pleno que se celebraría la última semana.