El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma exprés del Código Penal, que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y eliminación de la mayoría de tres quintos para facilitar la renovación del Tribunal Constitucional, entre otras cosas, en una jornada de alto voltaje marcada por el amago del propio TC de intervenir el pleno e impedir la votación. El Alto Tribunal había convocado este jueves una reunión urgente para decidir si tumbar la propuesta antes de su votación, una maniobra sin precedentes azuzada por el Partido Popular. PSOE, Unidas Podemos y el resto de formaciones progresistas han denunciado lo que a su juicio era “la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”. Un amago que finalmente no se ha consumado porque el Constitucional ha aplazado la decisión al próximo lunes. PP, Vox y Ciudadanos han solicitado la suspensión del pleno, pero Meritxell Batet no ha atendido la demanda, razonando que “el Constitucional no ha comunicado ninguna decisión al Congreso”, por lo que “no hay ningún obstáculo”. La votación final ha salido adelante con 184 sìes, 64 noes y una abstención. La bancada popular ha optado por permanecer en sus escaños pero sin participar de la votación.

A las 09:00 horas arrancó el pleno siguiendo el orden del día establecido. En el hemiciclo reinaba la normalidad, pero a pocos metros, tras el portón, una tormenta se había desatado. A primera hora de la tarde estaba previsto que se votara el dictamen sobre la reforma del Código Penal, una suerte de totum revolutum con el que la coalición ha sustituido el delito de sedición por desórdenes públicos agravados, ha clarificado la ley del solo sí es sí, rebajado las penas por malversación y modificado la ley Orgánica del Poder Judicial. Este último punto fue la génesis del temporal. El PP recurrió ante el TC para que impidiera que se produjera votación alguna y forzó una reunión de urgencia. Unidas Podemos remitió un escrito de alegaciones y pidió la recusación de dos magistrados argumentando que no podían participar de la decisión puesto que les afectaba directamente. El PSOE también hizo lo propio, aunque sin recusaciones. Finalmente, reunido el TC, ha aplazado la decisión al próximo lunes para estudiar si ha lugar a las recusaciones y Batet ha dado luz verde al debate y posterior votación.

El debate ha sido de alto voltaje. PP, Vox y Ciudadanos han solicitado su suspensión, pero Batet, “en defensa de la potestad legislativa”, ha continuado con el mismo dado que “el Constitucional no ha comunicado al Congreso ninguna decisión”. La ultraderecha ha abandonado el hemiciclo y su líder, Santiago Abascal, ha denunciado que los magistrados del TC estaban siendo víctimas de “presiones intolerables”. “Estamos asistiendo en vivo y en directo a un golpe institucional, un golpe al Estado de Derecho y un golpe a la Constitución”, ha añadido. Mensaje semejante ha blandido Inés Arrimadas, quien ha comparado la situación actual con la vivida en el Parlament en pleno procés con Carme Forcadell como protagonista. El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha cargado contra sus palabras recordando que su compañera “acabó en prisión”; y sobre las maniobras del Constitucional,  ha ironizado con que “ando con miedo de que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas”. Este no ha sido el único cruce de reproches. Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos, ha respondido a Cuca Gamarra (PP), quien ha tildado la reforma del Gobierno de "inaudita”. “Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, están intentando perforar la democracia”, ha censurado el dirigente morado, quien ha concluido su intervención criticando que el PP vea "golpes de Estado por todas partes, pero cuando hay uno, como en el 36, hablan de peleas entre abuelos y bisabuelos".

La jornada ha sido tan tensa y atropellada que, al término de la misma y después de que Cuca Gamarra pidiera a Felipe Sicilia (PSOE) que retirara el símil establecido con lo ocurrido hoy con el 23F, Batet ha abroncado a toda la bancada popular: “La reiterada fata de respeto a los servicios de esta Cámara, al funcionamiento de la Cámara, a la Mesa y a la Presidencia son intolerables”.

Podemos, al PP: "Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, están intentando perforar la democracia"

Un golpe a la democracia

La izquierda ha amanecido este jueves al toque de corneta. PSOE y Unidas Podemos han aparcado sus diferencias y han formado un frente común ante la intromisión del Tribunal Constitucional. Mientras aguardaban la decisión, socialistas y morados han denunciado ante cada micrófono, cámara y pluma lo que consideran que es “la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”. Incluso, han exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que defienda la autonomía del parlamento. Según Jaume Asens, presidente del grupo confederal, “estamos ante una situación inédita, la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”. A su juicio, “la democracia está en juego” tras la ofensiva judicial de la derecha, que “lesiona la separación de poderes para mantener su mayoría conservadora”. “Desde hace cuatro años se han atrincherado en los órganos constitucionales, perpetrando un golpe a la democracia”, ha abundado. UP considera que el Alto Tribunal se está inmiscuyendo en cuestiones que no le competen, puesto que “el TC no puede sustituir al legislador, que está representado en esta Cámara. Si quieren hacer política, que se presenten a las elecciones”.

El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, ha sido algo más comedido, pero igualmente duro. Ha tildado de “radicalmente antidemocrático” que pueda impedir al Poder Legislativo que legisle. López ha culpado a la derecha, en concreto, al PP, acusándole de utilizar sus tentáculos judiciales para maniobrar de forma interesada: “Desde hace tiempo la deriva de la derecha en este país es preocupante, pero esta maniobra, sin precedentes, por la que se trata de impedir que el Congreso cumpla con su papel me parece que es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático”.

El PP ha afeado al Constitucional que aplazara su decisión: "Nos hubiera gustado una respuesta más rápida"

El Gobierno también ha alzado la voz. Su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha tildado la maniobra del PP y del TC de “atropello institucional”. Ha admitido estar preocupada, pues cree que es “absolutamente grave” que se trate de “amordazar” a la voluntad popular que reside en el Congreso de los Diputados. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, se ha pronunciado en términos semejantes. Ha considerado de fabulosa “gravedad” que el TC intente “entrometerse” en asuntos del Poder Legislativo. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha incidido en que el tienen el mandato caducado y emplaza al Alto Tribunal a recoger cable y al PP a cesar su intento de entorpecer la labor del Congreso.

Por su parte, el PP ha afeado al Constitucional que demore su decisión. Según fuentes, respetan su postura, pero admiten que "nos hubiera gustado una respuesta más rápida".

El alucinante día en que el Constitucional amagó con intervenir el Congreso

Tiempo ha que todos los días son históricos en el Congreso de los Diputados, pero el de hoy realmente reúne las condiciones para tamaño honor. Por primera vez desde el advenimiento de la democracia, el Constitucional amenazaba con intervenir al Poder Legislativo. “No hay precedentes. No sabemos qué va a pasar ni qué vamos a hacer”, era la frase más repetida desde primera hora de la mañana por dirigentes de diversas formaciones. Todos, a excepción de PP y Vox, coincidían en calificar la maniobra como la amenaza más grave a la democracia desde el 23F.

Dos sensaciones dominaban el ambiente: preocupación e incertidumbre. A las 08:35 horas, mientras un servidor depositaba la trenca sobre el respaldo de su asiento y tomaba la cartera para acudir a la cafetería en busca del primero de la mañana, los más veteranos comentaban: “No he visto algo así nunca”. Un análisis pormenorizado, pero certero, pues tal extremo ha sido ratificado por cada dirigente de PSOE, Unidas Podemos, Más País y compañía. Todos ellos, además, han manifestado su profunda preocupación mientras confesaban que no atesoraban hoja de ruta alguna porque nunca habían afrontado un escenario siquiera similar.

La coalición ha aparcado sus diferencias y articulado un frente común para defender el Congreso de las injerencias del Constitucional. Los morados remitieron un escrito de alegaciones en la noche del miércoles para exponer sus razones ante el TC antes de que adoptaran una decisión y los socialistas hicieron lo propio a primera hora de la mañana. UP logró retrasar la reunión al recusar a dos magistrados alegando que no podían participar pues lo que estaba en juego era precisamente su futuro. Los afectados eran el presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. “Se juegan su sueldo”, ha esgrimido Jaume Asens. De esta manera han ganado tiempo, pero el problema es que nadie sabía qué hacer con el mismo.

En privado, fuentes parlamentarias confesaban que no quedaba sino esperar. Voces moradas apuntaban a que, en caso de que el Constitucional acometiera su golpe, solicitarían a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que defendiera la soberanía, pues “la autonomía parlamentaria estaba siendo amenazada”. En ese mismo momento, una pregunta me asaltó: ¿Dónde estaba Batet?

La presidenta del Congreso se ha ausentado durante buena parte del pleno, que discurría con absoluta normalidad y ajeno a la tormenta desatada tras el portón del hemiciclo. Según fuentes, Batet estaba consultando con servicios jurídicos y letrados porque, al no haber precedentes, el terreno era inexplorado. No había manual de instrucciones. La ley que afecta al Constitucional era una enmienda integrada en un paquete mucho más robusto y amplio. La reforma exprés del Código Penal era un totum revolutum que impactaba en delitos de corrupción, derogación de la sedición, la ley del solo sí es sí… Si el Constitucional intervenía, ¿decaía todo el dictamen? ¿Solo el artículo relativo a la ley del Poder Judicial? “Es que no sabemos. No tenemos ni idea. Esto es tan grave que nunca había pasado”, repetía un dirigente morado en los pasillos del Congreso.

El desenlace se hará esperar y, pese a haber sorteado la imagen de un Congreso levantando la sesión antes de tiempo por mandato judicial, el trámite aún puede ser interrumpido traumáticamente. La reforma, tras pasar por la Cámara Baja, ha de ser abordada en el Senado el próximo 22 de diciembre, tres días después de la reunión del Constitucional.

Lo aprobado

El ruido generado ha eclipsado el contenido. Con el foco puesto en el Constitucional, lo aprobado ha pasado a un segundo plano. Bajo el nombre de Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; la coalición abrió el melón del Código Penal para no pocos asuntos. El primigenio y que más interés ha suscitado ha sido el de la derogación del delito de sedición, que será sustituido por uno de desórdenes públicos agravados. El texto elimina el artículo 544 del Código Penal, que definía el delito de sedición, y modificaba el 557 para dibujar los “desórdenes públicos agravados”. De esta manera, el Gobierno rebaja las penas para las autoridades de los 10-15 años a entre tres y cinco. Mismo destino para las inhabilitaciones, que pasaron de los 10-15 años a entre seis y ocho.

También se rebajan las penas para la malversación y se diferencian los casos en los que hubiera lucro personal. PSOE y ERC negociaron una enmienda transaccional para disminuir las penas de seis a cuatro años, no a tres como proponía Esquerra inicialmente. Unidas Podemos ha manifestado sus “dudas jurídicas” y se desmarcó del pacto, pero lo han apoyado para no hacer peligrar el resto del paquete.

Moncloa también logra crear un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito. Este tipo penal, que existía en otros países pero no en España, obligaría a los cargos públicos a justificar incrementos patrimoniales desproporcionados. Hasta ahora, únicamente debían publicar sus declaraciones de bienes y rentas. Con esta propuesta, aquellos que presenten un aumento patrimonial superior a 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido. Además del nuevo delito, que Moncloa tildó de necesario para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción (dos días después rebajo malversación), registró una enmienda para esquivar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional. Esta última es la culpable del quilombo de este jueves. La nueva norma forzaría a iniciar el procedimiento, a lo sumo, cinco días después de la entrada en vigor de la ley. El presidente del CGPJ tendrá que abrir el proceso y cada vocal podrá proponer un candidato. La votación tendría lugar tres días después y los dos nombres con más apoyos serán los elegidos. La reforma del Código Penal se abordará en el pleno del próximo jueves día 15 de diciembre y, después, pasará por el Senado. De prosperar, fuentes parlamentarias consultadas apuntan que la renovación del TC podría completarse a mediados de enero, toda vez que el propio TC no lo impida.