Tras focalizar todos los esfuerzos en los terceros y últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, el Gobierno tenía previsto un sprint social en diciembre para desbloquear leyes que dormitan en el Congreso desde hace meses por discrepancias entre los socios, como Vivienda y Mordaza, encarrilar otras como la ley Trans y el articulado de Bienestar animal y aprobar la ley de Familias. Pero los planes cambian. Moncloa ha hecho del mes de diciembre una suerte de totum revolutum de enmiendas y propuestas que han canalizado a través de una reforma exprés del Código Penal. Abierto el melón, socialistas y morados han tocado de todo, desde la derogación del delito de sedición, hasta la rebaja de las mínimas de malversación, pasando por una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para esquivar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, la ocultación de cadáver, una clarificación sobre la ley del solo sí es sí y la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, entre otros. Un auténtico gazpacho de iniciativas, enmiendas y transaccionales que han impactado en asuntos tan troncales como el Poder Judicial o delitos de corrupción y que el Congreso votará este jueves.

Fue un viernes 11 de noviembre cuando el PSOE abrió la Caja de Pandora. La noche anterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que reformaría el delito de sedición a fin y efecto de homologarlo con otros países del entorno europeo. El portavoz parlamentario de su formación en el Congreso, Patxi López, compareció para explicar en detalle la vía acordada con Unidas Podemos. El nombre con el que la coalición registró la reforma fue Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; un paraguas con el que acometerían una profunda reforma del Código Penal que impactará no solo en el delito de sedición, sino en otros tipos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Alegaron entonces que el objetivo era “armonizar la legislación española para adecuarla a la realidad europea” ya que el delito de sedición data del 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio.

El texto elimina el artículo 544 del Código Penal, que definía el delito de sedición, y modificaba el 557 para dibujar los “desórdenes públicos agravados”. De esta manera, el Gobierno rebajó las penas para las autoridades de los 10-15 años a entre tres y cinco. Mismo destino para las inhabilitaciones, que pasaron de los 10-15 años a entre seis y ocho. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tiempo ha que lo negociaban junto al contenido de los Presupuestos y a la posibilidad de revisar el delito de malversación. De hecho, no se tardó en confabular con que éste último asunto sería el siguiente paso. Y lo fue.

El viernes 9 de diciembre, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) planteo una enmienda a la reforma del Código Penal para rebajar la malversación de los seis años a los tres. Ese mismo día, apenas una hora después de trascender la propuesta de la formación independentista, PSOE y Unidas Podemos comunicaron dos enmiendas conjuntas, una para crear el delito de enriquecimiento personal y otra para forzar al CGPJ a designar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. La coalición volvió a utilizar la reforma del catálogo de delitos para impactar en diversos asuntos. Aquel día, el mismo viernes, tanto Patxi López como el presidente del grupo confederal morado, Jaume Asens, negaron conocer el contenido de la propuesta de ERC y se limitaron a esgrimir que la estudiarían. Tanto la analizaron que los socialistas se aventuraron a acordar con ERC una enmienda transaccional para, en efecto, revisar el delito de malversación. El domingo a última hora de la tarde comenzaron las filtraciones y el lunes 12 de diciembre se hizo oficial: el pacto rebaja las penas de seis a cuatro años, no a tres como proponía Esquerra inicialmente, y se diferenciaba los casos en los que había lucro personal de los que no.

Unidas Podemos se desmarcó, algo que no gusto a los socialistas, que ironizaban: “No les gusta, pero lo van a votar”. El grupo confederal explicó que atesoran poderosas “dudas jurídicas” de su aplicación. La propia Ione Belarra, secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, admitió que de todas las reformas del Código Penal esta es “la que menos nos gusta”. Con todo, entienden que el paquete completo es positivo y facilitarán su aprobación porque permite avanzar hacia la desjudicialización del conflicto soberanista en Cataluña.

Un nuevo delito, regate al bloqueo del PP y solo sí es sí

El antecitado viernes 9 de diciembre Patxi López y Asens desgajaron ante las enmiendas de la coalición, que percutían sobre dos frentes. Moncloa registró la creación de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito. Este tipo penal, que existía en otros países pero no en España, obligaría a los cargos públicos a justificar incrementos patrimoniales desproporcionados. Hasta ahora, únicamente debían publicar sus declaraciones de bienes y rentas. Con esta propuesta, aquellos que presenten un aumento patrimonial superior a 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido. El Partido Popular no tardó en oponerse y acusar a Sánchez de utilizar una cortina de humo para eclipsar la reforma de la malversación, aunque entonces solo era una propuesta de ERC y el PSOE no había revelado su transaccional.

Además del nuevo delito, que Moncloa tildó de necesario para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción (dos días después rebajo malversación), registró una enmienda para esquivar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional. Plantearon un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial -sí, vía enmienda a la reforma del Código Penal- que suprimiría la mayoría de tres quintos. La nueva norma forzaría a iniciar el procedimiento, a lo sumo, cinco días después de la entrada en vigor de la ley. El presidente del CGPJ tendrá que abrir el proceso y cada vocal podrá proponer un candidato. La votación tendría lugar tres días después y los dos nombres con más apoyos serán los elegidos. La reforma del Código Penal se abordará en el pleno del próximo jueves día 15 de diciembre y, después, pasará por el Senado. De prosperar, fuentes parlamentarias consultadas apuntan que la renovación del TC podría completarse a mediados de enero, toda vez que el propio TC no lo impida. Tras el recurso del PP, el Constitucional ha agendado una reunión urgente para este jueves para decidir si paralizar el procedimiento legislativo antes de su votación. El PSOE ha remitido un escrito oficial pidiendo que no se adopten medidas cautelarísimas.

El PSOE justificó este aluvión de modificaciones escudándose en que el Código Penal no se reforma todos los días y, ya que se ha abierto el melón, aprovechan. Lo que conduce a la última de las iniciativas. Pedro Sánchez e Irene Montero alcanzaron un acuerdo para introducir un párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal que clarifique la ley del solo sí es sí y contenga la sangría de rebajas de condenas a los agresores sexuales. El texto busca dejar claro que existen limitaciones para rebajar condenas siempre que la pena que se juzgue se enmarque en las horquillas establecidas en la nueva ley. Con esta referencia, pretenden pautar las decisiones judiciales y evitar interpretaciones capciosas de algunos jueces. El PSOE era partidario de aquilatar la norma tras las indeseadas consecuencias, pero desde Unidas Podemos se negaban, razonando que la ley estaba perfectamente y el resultado era fruto de un Poder Judicial machista. Fuentes del Grupo Socialista creen que esto ayudará a clarificar la ley, mientras voces de Unidas Podemos subrayan que el Ministerio de Igualdad ha estado implicado en las conversaciones y que la nueva redacción "busca aclarar a los jueces que la voluntad del legislador, a modo de recomendación, es que, en caso de revisión de condenas, se mantengan las penas impuestas".