El goteo de rebaja de condenas a agresores sexuales por la aplicación de algunos jueces de la nueva ley de solo sí es sí ha forzado al Gobierno de coalición a aquilatar el articulado para no dejar lugar a interpretaciones capciosas. El presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han alcanzado un acuerdo para corregir la norma.
Según fuentes parlamentarias, el bloque de investidura ha incorporado un párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal que facilita la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada para “una aplicación correcta de las modificaciones del Código Penal, entre ellas algunas recientemente aprobadas como la Ley de Libertad Sexual”. El nuevo redactado dejará claro que existen limitaciones para rebajar condenas siempre que la pena que se juzgue esté dentro de las horquillas establecidas por la nueva ley. De esta manera, Sánchez y Montero esperan cerrar la crisis abierta por la sangría de condenados que estaban viendo rebajadas sus penas.
En concreto, socialistas y morados han aprovechado la reforma del Código Penal, que también modifica el delito de sedición y el de malversación. Ya incluía tres disposiciones transitorias dejando claro cómo debe aplicarse la nueva normativa a los encausados por delitos cometidos con anterioridad, todo ello teniendo en cuenta el principio recogido en el artículo 2.2 del Código Penal de que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena". Pero ahora, aprovechando una enmienda del PDeCat pidiendo analizar las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí, PSOE y Unidas Podemos han introducido un nuevo párrafo en la exposición de motivos para remarcar esa transición: "Para la aplicación de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor, las tres disposiciones transitorias reproducen las de otras Leyes Orgánicas destinadas a modificar el Código Penal, que a su vez se corresponden sustancialmente con las que en su momento estableció el Código Penal de 1995, en su redacción original, que son disposiciones que hoy se encuentran vigentes y han sido convenientemente interpretadas por el Tribunal Supremo", reza la enmienda aprobada. Y añade que, "aun cuando no se estableciera régimen transitorio en esta Ley, se llegaría a las mismas conclusiones por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y de su Disposición Transitoria Quinta. No obstante, la diversidad de interpretaciones realizadas en recientes reformas que afectan al Código Penal aconseja su introducción expresa, conforme al principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución Española", remarca.
Desde el PSOE creen que esto ayudará a clarificar la ley, mientras fuentes de Unidas Podemos subrayan que el Ministerio de Igualdad ha estado implicado en las conversaciones y que la nueva redacción "busca aclarar a los jueces que la voluntad del legislador, a modo de recomendación, es que, en caso de revisión de condenas, se mantengan las penas impuestas".
Unidas Podemos: "Busca aclarar a los jueces que la voluntad del legislador, a modo de recomendación, es que, en caso de revisión de condenas, se mantengan las penas impuestas"
El Ejecutivo deslizó durante el acto solemne del día de la Constitución que aquilatarían la ley clarificándola, pero que aguardarían unos días para confirmar el sentido de las sentencias. La ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió “prudencia” durante su comparecencia en el Congreso. A su entender, había que “esperar a cuál es el criterio definitivo que pueda tener el Supremo”, pero el Alto Tribunal avaló la posibilidad de rebajar penas toda vez que se estudie caso por caso. Esta postura sembró dudas en los socialistas y, pese a que Unidas Podemos nunca fue partidario de revisar la ley puesto que aseguraban que estaba perfectamente y el único problema era un Poder Judicial machista, ambas partes se emplazaron a explorar soluciones.
Precisamente, este martes el Congreso albergará un debate sobre la reprobación de la ministra Montero impulsada por Vox. Los de Santiago Abascal percutieron mediante una proposición no de ley para reprobar a la ministra morada por lo que tildan de “aberración” legislativa.