Un doble tirabuzón con salto carpado es lo que ha necesitado Cuca Gamarra para evitar posicionarse sobre la creación del delito de enriquecimiento ilícito y cómo afectaría a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP). PSOE y Unidas Podemos han aprovechado la reforma exprés del Código Penal para crear un nuevo tipo penal en el marco de la lucha contra la corrupción que los populares rechazan de plano. Moncloa, con esta enmienda, forzará a los cargos públicos a justificar incrementos desproporcionados del patrimonio, un gesto que no ha gustado en Génova.
Preguntada por ElPlural.com durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Gamarra se ha ido por la tangente. “¿El PP está a favor o en contra de crear un delito de enriquecimiento personal?”, ha insistido servidor. La portavoz parlamentaria del Grupo Popular no lo ha aclarado y se ha limitado a denunciar que se trata de una “cortina de humo” para tapar la rebaja del delito de malversación y el presunto asalto al Poder Judicial. La pregunta incluía una valoración sobre la posibilidad de que, tal y como está planteado este delito por PSOE y Unidas Podemos, afectaría directamente a la alcaldesa de Marbella, quien amasa un patrimonio de 12 millones de euros que atribuye a su sueldo de médica.
Con la enmienda registrada por socialistas y morados aquellos que presenten un incremento patrimonial de 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después, tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido.
Hasta en tres ocasiones Gamarra ha sido preguntada por su postura y en ninguna de ellas ha respondido con claridad. En el último intento ha afirmado que la actual legislación “ya contempla que sean juzgados y condenados” los que se hubieren enriquecido ilícitamente. Sin embargo, la iniciativa del Gobierno va mucho más allá, pues obliga a todos los cargos públicos a explicar el origen de sus fortunas.
