Toque de corneta de la izquierda en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos han aparcado sus diferencias y han formado un frente común ante la intromisión del Tribunal Constitucional. Los morados presentaron un escrito ante el órgano judicial pidiendo presentar sus alegaciones en cuanto trascendió que convocaron una reunión de urgencia para decidir si tumbar la reforma exprés del Código Penal que incluye la supresión de la mayoría de tres quintos para renovar el TC. Unidas Podemos pidió comparecer en el pleno la noche del miércoles y, a primera hora de este jueves, los socialistas han hecho lo propio. Ambos aguardan noticias, pues aún no les han respondido. Entretanto, denuncian ante cada micrófono, cámara y pluma lo que consideran que es “la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”. Incluso, exigen a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que defienda la autonomía del parlamento.
El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha informado en una comparecencia en el Congreso de que presentaron su escrito ante el TC para personarse en la causa en la noche del miércoles, por lo que los magistrados conocen desde ayer sus intenciones y esperan que resuelvan antes de tomar una decisión, pues “somos parte legítima y antes de decidir debería escuchar nuestras razones” y no solo las del PP, formación que presentó el recurso. El mismo argumento ha blandido el PSOE, aunque los morados han ido un paso más allá. Unidas Podemos ha presentado también un incidente de recusación contra dos magistrados, a saber, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el ponente nombrado por él, Enrique Arnaldo Alcubilla, con poderosos e históricos vínculos con Génova.
Asens ha denunciado la anomalía que supone que el presidente del Tribunal Constitucional, quien tiene mandato caducado, participe en una decisión que le incumbe directamente: “Si la ley entra en vigor, él será cesado y tiene un interés directo. Se juega su sueldo y sus privilegios. Es evidente que está afectado por una causa de parcialidad”.
"Estamos ante la amenaza más grave a la democracia desde el 23F"
Según el dirigente del espacio confederal, “estamos ante una situación inédita, la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”. A su juicio, “la democracia está en juego” tras la ofensiva judicial de la derecha, que “lesiona la separación de poderes para mantener su mayoría conservadora”. “Desde hace cuatro años se han atrincherado en los órganos constitucionales, perpetrando un golpe a la democracia”, ha abundado. UP considera que el Alto Tribunal se está inmiscuyendo en cuestiones que no le competen, puesto que “el TC no puede sustituir al legislador, que está representado en esta Cámara. Si quieren hacer política, que se presenten a las elecciones”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, ha sido algo más comedido, pero igualmente duro. Ha tildado de “radicalmente antidemocrático” que pueda impedir al Poder Legislativo que legisle. López ha culpado a la derecha, en concreto, al PP, acusándole de utilizar sus tentáculos judiciales para maniobrar de forma interesada: “Desde hace tiempo la deriva de la derecha en este país es preocupante, pero esta maniobra, sin precedentes, por la que se trata de impedir que el Congreso cumpla con su papel me parece que es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático”.
El Gobierno también ha alzado la voz. Su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha tildado la maniobra del PP y del TC de “atropello institucional”. Ha admitido estar preocupada, pues cree que es “absolutamente grave” que se trate de “amordazar” a la voluntad popular que reside en el Congreso de los Diputados. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, se ha pronunciado en términos semejantes. Ha considera de fabulosa “gravedad” que el TC intente “entrometerse” en asuntos del Poder Legislativo. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha incidido en que el tienen el mandato caducado y emplaza al Alto Tribunal a recoger cable y al PP a cesar su intento de entorpecer la labor del Congreso.
Próximos pasos
Ni PSOE, ni Unidas Podemos hilvanan planes más allá de la media mañana. Esperan noticias de la reunión del Constitucional y, hasta conocer su posición, no mostrarán sus cartas. Patxi López se ha limitado a afirmar que “esperamos que la decisión de este TC caducado no vaya por ese camino”, haciendo referencia al dibujado por el PP, que se traduciría en la congelación del proceso legislativo. Entiende que “lo lógico sería que cuando existiera la ley se reuniese para decidir la constitucionalidad de la misma, pero no antes”.
Los morados tampoco entran en futuribles, pero advierten que, dado que “está amenazada la autonomía parlamentaria” y “la soberanía ha de defenderse”, pedirán a Batet que lo haga. Eso sí, fuentes parlamentarias admiten que no saben cómo podría hacerlo, dado que habitualmente se acude al Tribunal Constitucional.
