Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, ha anunciado este miércoles "la convocatoria de un Pleno urgente y extraordinario" para este jueves por la mañana a las 10:00 horas en aras de decidir si se pone freno a la reforma del Poder Judicial que ha impulsado el Gobierno central de Pedro Sánchez, tal y como ha demandado con un recurso de amparo el Partido Popular.

De este modo, el TC valorará si admite o no a trámite el recurso de amparo presentado por el PP de Alberto Núñez Feijóo contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja en las que se aceptaron las enmiendas parciales del Gobierno de coalición.

Desde el tribunal de garantías, se ha precisado que durante el Pleno “se resolverá sobre la admisión a trámite de recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas” por los populares.

El PP tilda de “ataque” la reforma judicial

En palabras de la secretaria general de la formación conservadora, Cuca Gamarra, la reforma es un “ataque” al Poder Judicial, reclamando así que el Constitucional se posicione antes de que se produzca la votación este jueves en el Congreso, donde se debatirá la proposición de ley.

Dicha tramitación empezó afectando al delito de sedición; después, “abarató la corrupción” con los cambios sobre malversación y, ahora, afirma que el Ejecutivo de Sánchez planea “introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas” para tomar el control del Constitucional. De esta manera, la formación popular espera poder tumbar el trámite por la "inconstitucionalidad manifiesta" de la reforma debido a la mayoría de magistrados conservadores que forman el órgano judicial. 

Las enmiendas a las que se refiere el partido son, concretamente, las enumeradas como 61 y 62. La primera, modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que se cambia el nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que implica la entrada de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, exasesora de Moncloa, como nuevos magistrados. Si el texto sale adelante este jueves en la Cámara Baja, será suficiente la mayoría simple de sus miembros.

Mientras que la segunda -por la que el PP ha pedido el recurso de amparo- reformula la Ley Orgénica 2/1979 del Tribunal Constitucional, eliminando así la postestad del órgano para verificar la adecuación de los magistrados, ya que, a juicio del partido de la oposición, "atenta a la independencia y autonomía" del TC. 

Además, PSOE y Unidas Podemos aportan otro cambio en la Ley del Constitucional para que el Gobierno y las Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, sean los órganos obligados a verificar los requisitos de los magistrados escogidos por el CGPJ. Este aspecto de la reforma legal se propondrá agregando un apartado al artículo número 19 de esta norma y también contemplará una nueva causa de cese "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución" para formar parte de dicho tribunal, es decir, ser jurista "con más de quince años de ejercicio profesional".

Noticia en ampliación