Ha sido una jornada tan maratoniana como agria, pero el lienzo resultante es inmejorable para el Gobierno de coalición. Los trazos muestran que goza de muy buena salud. Moncloa no solo ha hecho pleno en este macrojueves, sino que ha sido un auténtico paseo triunfal. Pedro Sánchez ha lucido una corpulencia parlamentaria que no se veía desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Congreso ha aprobado sus Presupuestos con 187 síes, 20 más que en su investidura y ocho más de los que recibió en la moción de censura contra Mariano Rajoy. En un pleno celebrado inmediatamente después, la Cámara ha dado el visto bueno a la reforma del delito de sedición; al nuevo impuesto a entidades bancarias, energéticas y grandes fortunas; y a la vocación a pleno de la ley Trans. Y mientras el bloque progresista se teñía de luz y color con brillantes sonrisas y vibrantes aplausos, Vox y PP se retrataban. El primero por sus despreciables ataques machistas contra Irene Montero y por dejación de funciones, pues ni tan siquiera han pulsado el botoncito para votar las enmiendas a los PGE. El segundo, por defender los intereses de los ricos y las grandes empresas oponiéndose al nuevo gravamen.

La primera gran victoria ha llegado al filo de las 18:30 horas. La Cámara ha aprobado las cuentas para 2023 con una abrumadora mayoría. Los 13 de ERC, cinco de EH Bildu, los seis del PNV, cuatro del PDeCat, dos de Más País, dos de Coalición Canaria y Compromís han respaldado los PGE de 2023. El montante total ha sido de 187 síes (hubiera sido 188 de no ser porque una diputada de los Comunes, María del Mar García Puig, no ha podido votar al encontrarse indispuesta). El BNG se ha abstenido y PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Foro Asturias, Teruel Existe, los dos parlamentarios tránsfugas de Navarra Suma y otro que fue de Cs se han opuesto (156).

Sánchez sale reforzado y encarará el estadio final de la legislatura con un bloque progresista más unido y estable que nunca; y todo a cambio de inversiones y del refuerzo del escudo social. Esquerra ha obtenido 900 millones de euros en inversiones para infraestructuras a ejecutar desde la Generalitat. El PNV ha dado su sí a cambio de mantener el Cupo "en las mismas condiciones" y la aprobación de 48 enmiendas en ponencia que suponen inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco; entre las que destacan los 25 millones destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los 10 millones para mejorar la depuradora guipuzcoana. También recibieron la transferencia de ferrocarriles a Euskadi, que avanza "razonablemente bien" y que espera sea una realidad a principios de 2023. Además, Moncloa aceptó una de sus enmiendas transaccionales para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. EH Bildu, ha logrado un ambicioso acuerdo que descarga la gestión del impuesto a banca y energéticas en las haciendas forales, la prórroga del tope del 2% a las subidas del alquiler hasta el 31 de diciembre del 2023, mantener un año más las subidas del 15% de las pensiones no contributivas, 200 nuevas plazas MIR, inversiones en Memoria Democrática y Transición Ecológica, entre otros asuntos.

Más País ha arrancado varios compromisos en materia de salud mental, bucodental, memoria democrática y transición ecológica. A destacar, un millón de euros para la creación de un Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias. Con Compromís, se han llegado a varios acuerdos cuya suma supondrá un montante total de 62,8 millones de euros en inversiones y transferencias directas en el territorio valenciano. Con el PRC, el Ejecutivo ha pactado inversiones por valor de 50 millones de euros; con Teruel Existe, 11 millones, cuatro de los cuales serán para el Museo de Etnografía de la diputación de Teruel; y con el PDeCat, la gratuidad de autobuses estatales en 2023. En el caso del archipiélago, la diputada Ana Oramas ofreció el sí de su formación por un paquete presupuestario que ronda los 200 millones de euros. La principal partida aquí es un plan de recuperación de 100 millones de euros para la Isla de La Palma, además de otros 81 millones de euros para subvencionar el 100% de los abonos de transporte y títulos multiviaje de la región. Las negociaciones también han incluido compensaciones de los costes del transporte de mercancías entre las islas y con origen o destino de las Islas Canarias, además de ayudas fiscales para el transporte del plátano de Canarias.

Retratos ultras

Vox ha vuelto a dejar claro que no aporta nada al Congreso más allá de enfangar la sede de la soberanía nacional. Su desprecio es tal que que ni siquiera han votado las enmiendas a los Presupuestos. Por aclarar, no es que estén en contra, es que ni tan siquiera han apretado el botón. En ninguna de ellas. Este tipo de votaciones requiere de un importante trabajo técnico previo. Se analizan las enmiendas, se estudia el posicionamiento y se designan jefes de votaciones que guiarán el voto de cada partido, ya que es fácil perderse en las innumerables votaciones. Los de Santiago Abascal han optado, directamente, por calentar el escaño. Literalmente.

Al menos, durante sus no votaciones, no han molestado mucho. Cierto es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio por el murmullo que sobrevolaba durante las mismas, pero al menos durante es tiempo no se han dedicado a insultar.

La ultraderecha convirtió el hemiciclo en un irrespirable cenagal. La diputada Carla Toscano aprovechó su turno para proferir un asqueroso ataque machista contra Irene Montero, afirmando que su único mérito había sido “estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”. Sus palabras hicieron mella en la ministra de Igualdad, que en un alarde de valentía, tomó la palabra para exigir que tan abyecta intervención quedara reflejada en el diario de sesiones para que quede constancia “de la violencia política” contra las mujeres y “para que después de mí no venga ninguna otra”.

Montero, visiblemente emocionada, abandonó posteriormente el pleno con lágrimas en los ojos, conteniéndose para no romper a llorar mientras su equipo la abrigó con numerosos abrazos y besos. Un cariño que se trasladó también a las redes sociales. Todas las ministras socialistas, Yolanda Díaz, diputadas, el presidente Sánchez e incluso líderes de gobiernos latinoamericanos le dedicaron unas afables palabras. Un cierre de filas al que trató de unirse hasta la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cuyo grupo también había insultado a la dirigente morada: “Nadie tiene derecho a ofenderla ni entrar en su vida personal”.

El Congreso ya fragua una respuesta formal. Según ha podido confirmar ElPlural.com, Podemos está preparando un documento que remitirá a la Mesa para censurar la abyecta escena protagonizada por la ultraderecha y evitar que vuelva a producirse. Según fuentes, los morados ya tenían redactado un primer borrador que ha circulado entre varias diputadas. Se informó de la iniciativa en la noche del miércoles al resto de grupos parlamentarios. Las fuerzas progresistas no tardaron en plegarse. Unidas Podemos contaba con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más País, Compromís y compañía; pero pretendían una condena que aislara a Vox y esperaban que otros partidos como PSOE y PNV se pudieran sumar.

El escrito sería “simbólico”, de repulsa hacia la violencia política que sufren las mujeres y, en concreto, la que tuvo que soportar la ministra de Igualdad. Se esperaba un comunicado conjunto a lo largo de la mañana, pero finalmente, no se producirá. El PNV lo habría frenado no porque no compartiera el contenido, sino porque aboga por un redactado más genérico.

Estampa para ricos

Y mientras el Gobierno y sus socios aprueban los Presupuestos más sociales de la historia y Vox queda como un partido execrable, un PP desdibujado durante todo el debate presupuestario ha sufrido un contratiempo con el que no contaba y que le sitúa -una vez más- como el principal defensor de los intereses de los poderosos.

De igual forma que Génova forzó una votación por llamamiento para conseguir la imagen de los diputados del PSOE votando de pie, de viva voz y uno a uno la reforma de la sedición; Más País y Compromís le devolvieron la jugada. Íñigo Errejón y Joan Baldoví pidieron prestada al firma a EH Bildu para solicita que la votación sobre el impuesto a banca, energéticas y grandes fortunas fuera también por llamamiento: “Los españoles tienen derecho a saber para quién trabaja cada diputado. Si el PP quiere saber uno a uno qué votamos en sedición, nosotros damos la cara. Ningún problema. Nosotros queremos que ellos se retraten en estos impuestos. A ver si están a favor de ayudar a los que levantan la persiana cada día”.

“Diálogo y reencuentro”

La reforma del delito de sedición también ha recibido un holgado respaldo. Será sustituido por el de desórdenes públicos, un paso en la desjudicialización del conflicto secesionista que ha sido aplaudido por todos los grupos del bloque progresista.

En declaraciones a los medios, Pedro Sánchez, ha argumentado que se deben extraer lecciones de lo ocurrido en 2017, cuando se produjo una declaración unilateral de independencia y se aprobaron leyes de desconexión en el parlamento catalán. Preguntado por las dudas agitadas desde la derecha sobre la merma de instrumentos del Estado en caso de que se pretendiera violentar de nuevo la unidad del país, el presidente ha apostado por la vía política: “Diálogo y reencuentro”. Además, ha afirmado que el artículo 155 de la Constitución dota de resortes suficientes para afrontar “cualquier intento de violentar el orden constitucional”.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que la reforma de la sedición llega al Congreso “cual disposición general a los Presupuestos” porque “no es una demanda social, sino un pago del Gobierno”.

El trámite parlamentario ya ha comenzado y queda pendiente resolver si algún grupo propondrá revisar también el delito de malversación. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que ERC lo propondrá para diferenciar los casos en los que hay enriquecimiento personal de los que no. Sin embargo, según fuentes, la modificación no se concretará, al menos de momento.

Fuentes del Grupo Republicano aseguran que negocian desde hace tiempo tres asuntos con el PSOE: los contenidos de los Presupuestos, la reforma de la sedición y el delito de malversación. Habida cuenta de que éste último requiere de un acercamiento quirúrgico para no mermar la lucha contra la corrupción, Esquerra ha optado por congelarlo y, de producirse una reforma, será el año que viene con otro formato. Consideran que hacerlo ahora sería dar gasolina a la derecha y empañar la reforma de sedición.

Tampoco es que existiera un consenso amplio entre las fuerzas progresistas en torno a este asunto. Unidas Podemos y Más País se mostraron proclives, aunque con matices. Íñigo Errejón manifestó sus dudas alegando que se corría el riesgo de afectar a la lucha contra la corrupción. Más sangrante es el caso de los morados. El grupo parlamentario está dividido. Jaume Asens, de los Comunes, fue el responsable de negociar los detalles con el PSOE y no informó a los suyos para “evitar filtraciones”, por lo que el contenido lo conocieron una vez se hizo público. Sobre la reforma de la malversación, Asens recordó que tiempo ha que los Comunes la reclaman. Sin embargo, su facción hermana, Podemos, ha expresado sus reservas. La coportavoz estatal del partido de Ione Belarra, María Teresa Pérez, admitió que desconocía los detalles y, en consecuencia, están trabajando en sus propias enmiendas porque les preocupa, entre otras cosas, que las nueva tipificaciones de los desórdenes públicos acarreen la criminalización de protestas pacíficas.