Más madera. El PSOE mueve ficha ante el posible bloqueo que puede sufrir la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional convocó un pleno de urgencia para este jueves tras un recurso del Partido Popular, mientras en el Congreso de los Diputados se vota una normativa que facilita el desbloqueo de este órgano. Por ello, el Grupo Socialista ha solicitado su comparecencia en el Pleno para combatir el recurso de amparo presentado por los conservadores.
La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Isaura Leal, ha firmado un escrito remitido al Pleno del Tribunal Constitucional en el que explica que "una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento parlamentario impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos" y que, a su vez, tendrá una "incidencia directa en el derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución de todos los diputados de imposible reparación".
En estos términos se pronuncia el PSOE a través de un escrito registrado al filo de la pasada medianoche, con el fin de personarse en el recurso de amparo presentado por los populares para impedir la tramitación vía enmienda del cambio de elección de los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional. Con todo, los socialistas estiman que no se puede probar "de forma suficiente" la necesidad de una medida cautelar, en tanto en cuanto el articulado aún no se ha aprobado.
En el escrito, argumentan "sin género de duda" que no pueden existir los "perjuicios de difícil reparación" que alegó el Partido Popular, dado que ni tan siquiera ha concluido el procedimiento legislativo pertinente y la tramitación continuará los cauces preceptivos con arreglo a la Constitución y a los reglamentos de las cámaras. Asimismo, agregan que el tribunal podrá pronunciarse cuando, como ya anunció la formación conservadora, recurra la reforma al entenderla "inconstitucional".
Hecho inaudito
Los socialistas lamentan, y así lo hacen saber en el recurso presentado al pleno del TC, que no existe "precedente" alguno de la suspensión de un procedimiento legislativo en las Cortes Generales por "la queja o recurso" de una porción minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios. Justifican que en este caso no se ha producido una situación que vulnere "estos derechos", que sí existiría, en cambio, en el hipotético escenario de que se paralizara el proceso y se evitara el debate o la votación.
El Grupo Socialista, por último, apunta hacia el propio organismo constitucional y, por ende, garante e intérprete supremo de la Constitución española. Desde el PSOE entienden que sería una "injerencia" manifiesta que situaría al órgano en una "posición que no le corresponde", además de atentar contra la autonomía del Poder Legislativo. "Conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en distintas fases del procedimiento legislativo", concluye el escrito.
Pleno de “urgencia”
Este pasado miércoles, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, anunció la convocatoria de un Pleno urgente y extraordinario para este mismo jueves, a las 10:00 horas, para dirimir si paraliza la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se someterá a votación pasado el mediodía, aproximadamente.
El movimiento del TC responde a un recurso de amparo presentado por el Partido Popular y sobre el que los magistrados discutirán en el propio plano. “Se resolverá la admisión a trámite de recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas” que solicitaron los conservadores.
En este sentido, desde Génova califican la reforma como un “ataque” al Poder Judicial. La portavoz parlamentaria del PP y número dos de la formación, Cuca Gamarra, se pronunció así sobre este asunto, amén de reclamar al Constitucional que desequilibrara la balanza antes de la votación.
Los populares apuntan hacia el Gobierno, específicamente a Pedro Sánchez, a quien acusan de introducir “por la puerta de atrás” la modificación de dos leyes orgánicas destinadas a tomar el control del Tribunal Constitucional. Así las cosas, y a expensas de que el pleno admita o no el recurso del Grupo Socialista, en el cuartel general conservador aguardan con nerviosismo una decisión favorable que permita dilapidar el movimiento legislativo.
Ponente polémico
Tal y como informó el Tribunal de Garantías, la ponencia del recurso de amparo ha recaído sobre la espalda del magistrado Enrique Arnaldo. Un nombre vinculado al Partido Popular. De hecho, fue propuesto por la formación conservadora para ocupar un sillón en el TC.
Arnaldo es un exletrado en las Cortes Generales, pero también es catedrático en Derecho. Su nombre saltó a la palestra informativo a raíz de las grabaciones de la operación Lezo, donde figura en diversas conversaciones mantenidas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, poco antes de su detención. Unos archivos que arrojan más dudas sobre la figura del magistrado, pues ambos debatían sobre la colocación de fiscales próximos a los postulados conservadores.
El jurista mantiene una gran amistad con el que fuera presidente del Partido Popular Pablo Casado. Tan estrecha es la relación que el propio Arnaldo respaldó al ex gerifalte conservador en el despacho del antiguo director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde el palentino aprobó la docena de asignaturas que le faltaban para conseguir la licenciatura en el periodo de cuatro meses.
Entre su listado de méritos se incluyen artículos críticos con José Luis Rodríguez Zapatero, pero también pudo compaginar el puesto de profesor en dos universidades distintas. Asumió también la defensa del responsable del área jurídica del PP y consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique López, vínculos con FAES y Jaume Matas aparte.
