El Gobierno español ha manifestado este sábado su beneplácito a la declaración en Venezuela de una ley de amnistía general para presos políticos anunciada por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y expresado su deseo de que "entre en vigor con celeridad".
Rodríguez anunció esta ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas. En este contexto, "el Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad", según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, encabezado por José Manuel Albares.
"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que "España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".
Decisión "ya hablada" con Maduro
"Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió Rodríguez tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro. Una medida de gracia que podría afectar a cientos de prisioneros que aún permanecen en cárceles venezolanas por razones políticas, y un anuncio que llega casi un mes después del inicio de las liberaciones, que se han producido con cuentagotas desde que las fuerzas de asalto estadounidenses capturasen al expresidente venezolano en la madrugada del pasado 3 de enero. En este tiempo se han liberado más de 600 presos, según el oficialismo, y 302 según la defensa de los encarcelados.
La amnistía pretende, valga la redundancia, amnistiar y borrar las causas de los presos, siendo un perdón mucho más amplio de los que se están ejecutando estos días, ya que los liberados han salido de la cárcel pero siguen bajo medidas cautelares como la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o incluso acceder a determinados empleos. La futura ley, según adivirtió la presidenta encargada, no se le aplicará a condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.
Lo cierto es que los presos políticos en Venezuela se han convertido, con los años, en una suerte de moneda de cambio. En otros procesos de negociación se han logrado liberaciones parciales de presos e intercambios de prisioneros, pero, en paralelo, se han seguido produciendo detenciones utilizando a estas personas como elemento negociador. La amnistía general es una petición en la que ha repicado la oposición durante las últimas semanas con especial énfasis: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaba la liberación de "un número significativo" de detenidos apenas cinco días después de la captura de Maduro, pero tanto la sociedad civil como la oposición tomaron como insuficiente el anuncio porque las excarcelaciones anunciadas por el régimen se presentaron como masivas, pero están siendo lentas y, en muchos casos, sin implicar libertades plenas. Tanto es así que la mayoría de los presos venezolanos liberados permanecen sometidos a medidas cautelares, con prohibición de salir del país o de hablar con la prensa. Solo los detenidos extranjeros han recuperado plenamente su libertad al regresar a sus países de origen.
Se desconocen los nombres de los beneficiados
Por otra parte, la opacidad del proceso ha provocado que no exista información oficial que permita saber quiénes serán los beneficiados de la amnistía. Los familiares han exigido que se publiquen las listas, pero el oficialismo ha decidido no hacerlo hasta el momento y en algunos casos, las concesiones ni siquiera han supuesto la excarcelación, sino únicamente el acceso a visitas para detenidos que llevaban meses incomunicados.
La salida forzada de Maduro del poder abrió una ventana para que los familiares redoblaran la presión para que esta vez se realizaran esfuerzos más significativos de liberación. Desde hace semanas organizan vigilias y campamentos a las puertas de las cárceles y se han llegado a reactivar unas protestas que permanecían apagadas en los últimos meses, tras la intensificación de la persecución política. De hecho, hace unos días, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela se encararon con la presidenta encargada por el tema.
La presión interna para el Gobierno ha crecido en paralelo a la tutela efectiva de Washington sobre Caracas: las ONG implicadas en el asunto han confirmado que algo más de 300 personas han sido excarceladas en el último mes, pero aún quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes. Una cifra a la que habría que sumar cerca de 9.000 sometidas a medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados por persecución política.
