La ley de Vivienda comienza a ver la luz al final del túnel después de una deriva que amenazó con llegar a buen puerto antes de finalizar 2022. Después de errar aquel intento, las palabras y las sensaciones transmitidas por ambas partes solo han sido positivas. “Estamos más cerca que nunca. Es una ley muy importante que hay que sacar cuanto antes”, transmitían fuentes implicadas en la negociación a este periódico allá por enero. Han transcurrido meses y parece que ahora, en un momento de fricción interna en el Gobierno, Ione Belarra y Raquel Sánchez han alcanzado un principio de acuerdo.

El filtro del ministerio de Derechos Sociales, de Belarra, y del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Sánchez, está superado, pero aún queda el análisis más estricto. El texto ya ha llegado a las manos de Nadia Calviño, que tendrá la última palabra, dando comienzo el estudio de la norma. El plazo máximo establecido se sitúa en marzo, hasta entonces, teniendo en cuenta posibles retornos a los actores anteriores, el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con Transportes, podrá darle vueltas al consenso que parece haberse alcanzado antes de su ratificación.

“Está a punto”, señalan fuentes de la negociación, “tenemos buenas sensaciones”, apuntan desde Derechos Sociales. No obstante, el miedo a que finalmente no obtenga el visto bueno de Economía no desaparece entre las filas moradas, temerosas de que se repitan reticencias anteriores. Por otra parte, los socios de la investidura, necesarios para sacar adelante la ley, se muestran recelosos, preocupados porque sus demandas no sean incluidas, pero con una posición que tiende más al consenso que en otros casos. La variable autonómica, en lo que a competencias se refiere, será determinante para que se constate el voto a favor de ERC o EH Bildu. Más alejados se sitúan PNV y PDeCAT, aunque sus votos podrían ser prescindibles, a nivel de números, si el Ejecutivo cuenta con el apoyo del sector independentista situado a la izquierda.

¿Diferencias solucionadas?

Uno de los principales escollos que separan a los socios de Gobierno es la regulación del precio de los alquileres. Más concretamente, la principal diferencia entre las partes del giraba en torno a la cantidad de viviendas que debía tener en propiedad una persona para ser consideradas ‘gran tenedor’. La parte morada hablaba a principio de año de cinco viviendas. Los socialistas, que en su momento planteaban un límite de diez, reconocían que estaban dispuestos a reducir este umbral.  Sin embargo, acercadas posturas en ese ámbito, Unidas Podemos puso sobre la mesa la posibilidad de topar el precio de los alquileres e indexar sus subidas máximas al IPC.

Las competencias de regulación de los alquileres, para no vulnerar las competencias y para conseguir los apoyos necesarios, dependerán de las comunidades autónomas en aquellas zonas que se consideren tensionadas y en lo referido a nuevos contratos. Las denominadas zonas tensionadas serán aquellas en las que el conjunto del coste de la vivienda y los suministros básicos de esta superen el 30% de los ingresos medios de la zona. Otro de los requisitos, según reza la ley, establece que el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración de zona tensionada debe haber incrementado su precio, al menos, un 5% acumulado por encima del crecimiento anual acumulado del IPC en ese periodo.

Otro de los aspectos importantes son los desahucios. La parte morada del Ejecutivo pretende prohibir los lanzamientos de hogares vulnerables hasta que no se garantice una alternativa habitacional. Esta petición se refleja en el decreto anticrisis aprobado antes de acabar 2022, pero tan solo durará seis meses. Por este motivo, a pesar de que fue considerado como un gesto de acercamiento, Unidas Podemos presiona ahora para que se contemple en la nueva ley y no se quede en una medida temporal contemplada en momentos de crisis.