Las negociaciones para sacar adelante la ley de Vivienda no cesan, aunque los acercamientos son cada vez más pequeños. El último principio de acuerdo, alcanzado entre los Ministerios de Transportes y Derechos Sociales, fue tumbado por Economía debido a las discrepancias sobre la duración de las medidas. Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno apuestan por establecer un tope a los alquileres permanente, pero la parte socialista se decanta más por una duración temporal de la medida. Ahora, el Ejecutivo parece abrirse a establecer un tope del 3% al incremento del precio de los alquileres durante 2024 o, por lo menos, hasta que se defina un índice concreto que regule estas subidas.

Los apoyos de ERC y EH Bildu son indispensables para sacar adelante la nueva normativa de Vivienda y el establecimiento de un tope a los arrendamientos que vaya más allá de la coyuntura económica excepcional es una línea roja para las fuerzas nacionalistas. La parte morada del Gobierno comparte la demanda. Lo que parece ya decidido es que el nuevo tope que se establecerá se situará en el 3%. Su entrada en funcionamiento dará comienzo una vez finalice la vigencia del actual tope del 2%, que se alargará durante todo 2023, establecido como respuesta al encarecimiento del precio de la vida, específicamente de la vivienda.

"En el Gobierno de coalición existe prácticamente un acuerdo sobre cómo va a resultar el texto de Vivienda, pero todavía nos quedan diferentes elementos que están en discusión”, ha revelado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este jueves. En la entrevista concedida a RNE, ha asegurado que se alcanzará un punto de encuentro porque “para este gobierno la prioridad absoluta es dar respuesta a la problemática de vivienda, que está generando una situación controvertida en muchas familias, especialmente en los jóvenes, que no pueden emanciparse”, ha recalcado la vicesecretaria de organización del PSOE. 

Creación de vivienda pública y concesión de incentivos a los propietarios para lanzar inmuebles al mercado son algunos de los puntos señalados por la titular de Hacienda para dar solución a “un problema que se da sobre todo en el centro de las grandes ciudades”, de donde se está expulsión de las familias residentes habituales, con lo que ello supone. Se mantiene de esta manera el discurso optimista en el seno del Gobierno, el mismo que lleva presente desde 2022, pero que en otras ocasiones ha acabado por deshincharse a la hora de dar el paso definitivo para la aprobación de la ley.

No obstante, la secretaria genera de Podemos, Ione Belarra, ha rebajado las aspiraciones optimistas trasladadas por su compañera de Gobierno. "La ley de vivienda es muy urgente para nuestro país, pero sobre todo es urgente que sea una buena ley que incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda. Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo", ha plamado en sus redes sociales.

No ha querido dar detalles Montero sobre las causas que motivaban su optimismo para no perjudicar el diálogo, pero fuentes de la negociación confirmaron a ElPlural.com a finales de febrero que el 3% definido se había alcanzado como media del 4% propuesto por los socialistas y el mantenimiento del 2% impulsado por las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Sin embargo, las discrepancias siguen girando en torno a la duración de la medida, estructural o coyuntural, que quedará reflejada en la tan ansiada ley de Vivienda, vital para el actual Gobierno de coalición. La parte morada aboga por una ley de Vivienda que contemple este aspecto como estructural, pero a la parte socialista le preocupa que la fijación de un tope que transcienda el contexto tenga perjuicios en el mercado y pueda generar efectos no deseados.

Fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trasladan a este periódico que las partes siguen trabajando para conseguir alcanzar un acuerdo. “Lo importante es establecer un buen conjunto de medidas que garanticen que acceder a una vivienda digna no sea un problema, sino un derecho, y para eso hay que ver siempre las medidas en su conjunto”, trasladan. Sobre posibles topes e índices a futuro, recuerdan que, hasta que finalice el año, las subidas seguirán limitadas al 2%. “Más allá de esa fecha, y en el marco de la negociación parlamentaria de la ley de vivienda, este es uno de los temas que aún están abiertos en la negociación, se está trabajando en ello aún y confiamos en que pronto haya un acuerdo”, concluyen.

La propuesta que podría aunar las pretensiones de ambas partes podría ser el diseño de un índice específico, alejado del Índice de Precios de Consumo (IPC), al que se vinculen las subidas de los alquileres. Esta decisión salomónica podría derribar las barreras establecidas por Nadia Calviño, titular de Asuntos Económicos, que apuesta por la definición de un nuevo índice, y Belarra, también ministra de Derechos Sociales, que no vería con malos ojos la creación de un nuevo valor siempre y cuando se mantenga hasta su nacimiento un tope temporal que garantice que el próximo año, cuando finaliza el actual tope, los alquileres no se disparen.

Por el momento, no han transcendido más detalles sobre el diseño o las características técnicas específicas del índice de nueva creación, pero todo apunta a que su naturaleza se asemeje a la del Índice de Garantía de Competitividad, valor al que actualmente están acogidas las subidas de los alquileres (el tope del 2%). No obstante, otro de los problemas que deberán ser abordados en la negociación es el de los alquileres nuevos que, al entrar por primera vez en el mercado, no tienen establecido un precio máximo. Situación que también podrían aprovechar los caseros, sacando vivienda del mercado para reintroducirla más tarde con un precio no controlado.