A pesar de que las medidas de ahorro han contribuido a reducir el IPC, la inflación subyacente continúa siendo un problema que se nota especialmente en el precio de los alimentos que día a día engrosan las cestas de la compra de muchos españoles. No obstante, aunque las medidas impulsadas desde el Ejecutivo como la eliminación temporal del IVA a los productos básicos, van orientadas a aliviar la situación, a España le ha salido un duro competidor en cuanto a escudo social. Portugal, ha establecido un impuesto extraordinario, similar a los españoles referentes a la banca y las energéticas, sobre la distribución.
El gabinete del primer ministro luso, el socialista Antonio Costa aseguró el pasado octubre que la presión fiscal del país no solo se elevaría para la empresas energéticas, que no solo han experimentado unos grandes beneficios en España, sino que el sector de la distribución alimentaria deberá tributar por los beneficios que “están teniendo injustificadamente debido a esta crisis de inflación”.
El impuesto de “solidaridad, excepcional y temporal, sobre los beneficios extraordinarios” aplicado en un inicio al sector energético, a semejanza del gravamen español, se extendió después a la distribución. El objetivo último de esta medida, impulsada desde el Ejecutivo portugués es “crear un mecanismo que evite los incrementos excesivos en los márgenes de beneficio” de estas empresas y compense los efectos que tienen sobre el consumidor “los altos niveles de concentración del mercado”.
En concreto, el país vecino aplicará una tasa del 33% sobre esas ganancias que “estará en vigor previsiblemente hasta finales de 2023”. El anuncio de la medida llegó poco después de que la compañía Jerónimo Martins (Supermercados Pingo Doce), que junto a Sonae (Continente) controlan más del 50% del sector de la distribución, presentase sus resultados. Más específicamente, la compañía anotó un beneficio de 419 millones de euros, un 29,3% más que en el mismo período del año anterior.
Tal y como explica el Gobierno portugués a través de una nota de prensa, se definen como beneficios extraordinarios “aquellas ganancias que estén un 20% por encima del promedio registrado en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 (o un 100% por encima, cuando este promedio haya sido negativo).”
¿En que consiste el impuesto a la distribución?
Este impuesto tiene un funcionamiento similar al impulsado por el Gobierno español en los sectores energético y financiero. De esta forma, el Ejecutivo luso gravará el 33% de las ganancias de las compañías de distribución, generando así un importante retorno económico a las arcas públicas que permitirá al gobierno portugués reinvertir el montante en nuevas medidas que desplieguen aún más el escudo social del país vecino.
“En los casos en que se produzcan estos aumentos excesivos, las contribuciones permiten, en un espíritu de solidaridad, generar ingresos adicionales para que las autoridades nacionales brinden apoyo financiero a familias y empresas fuertemente afectadas por el aumento de precios. El producto de estas contribuciones revierte en beneficio de los ciudadanos. Ya sea financiando a los clientes finales de energía (hogares o empresas) y apoyando la transición energética, o a través de acciones para apoyar el aumento del costo de los alimentos para los más vulnerables”, explicó el gobierno luso.
No obstante, al igual que los gravámenes impulsados desde el Gobierno de Sánchez, los impuestos portugueses también tienen carácter temporal, poniendo como fecha límite el final del 2023.
“La aportación solidaria asume un carácter excepcional y estrictamente temporal, pretendiendo constituir un medio adecuado para hacer frente a los excedentes de beneficios derivados de circunstancias imprevistas. Se espera que estén vigentes a fines de 2023. El objetivo es gravar solo aquellas ganancias eventuales que no correspondan a los márgenes habituales que las empresas activas en los sectores cubiertos obtendrían o podrían esperar obtener en circunstancias normales”, explican desde el Ejecutivo portugués.
Además, el gobierno de Costa ha justificado el tipo impositivo del 33%, ya que la normativa europea prevé de forma expresa la aplicación de un tipo mínimo de ese porcentaje sobre los beneficios excedentes del sector energético. La opción portuguesa del 33%, responde a un tercio de esos beneficios extraordinarios, asegurando ya su aplicación tanto en 2022 como en 2023. “Además de esta contribución, los beneficios de estas empresas naturalmente también estarán sujetos a otros impuestos”, aclaran fuentes gubernamentales lusas.
Otras medidas del Ejecutivo portugués que emulan a España
No obstante, no son las únicas medidas ‘anticrisis’ que el gobierno de Costa, emulando al español ha puesto en marcha.
Ana Mendes Godinho, presidenta de Trabajo de Portugal y homóloga de Yolanda Díaz, anunció la aprobación de “una ayuda extraordinaria de 240 euros” por familia dirigida a los portugueses con pocos recursos para amortiguar el impacto de la inflación.
Medida paralela a la promulgada desde el Ejecutivo español durante el último Consejo de Ministros de 2022, en la que se aprobó el tercer paquete de ‘medidas anticrisis’ que recogía, entre otras cosas, una ayuda de 200 euros para llenar la cesta de la compra dirigidos a familias vulnerables
Por su parte, el gobierno portugués también lanzó en septiembre “un programa de 2.400 millones de euros” para afrontar el “aumento del coste de la vida” con ayudas a familias con hijos a su cargo, pensionistas y medidas relativas al precio de la energía y los combustibles, muy similares a las tomadas desde el Gobierno español.
