La Ley de la Vivienda se ha convertido en el último bastión y única promesa social en pie del Gobierno de coalición de cara al final de la legislatura. Mientras, se acercan fechas muy señaladas en los calendarios políticos, véase las citas con las urnas del 28 de mayo y de las generales, previsiblemente para el mes de diciembre, que hacen correr los relojes de la Moncloa con mucha celeridad. La caída de la reforma de Mordaza no ha hecho ningún favor a los socios, que -junto a la ley del solo sí es sí- han visto cómo todos los principales símbolos políticos que marcaron la columna vertebral de sus promesas electorales no veían la luz, al menos con la eficacia y contundencia que querían. Ahora solo queda vivienda. Por eso, el PSOE y Unidas Podemos, así como los aliados parlamentarios, se han emplazado a la vuelta de la Semana Santa para avanzar en su aprobación, que han colocado como máxima prioridad con el objetivo de intentar que salga adelante antes de los comicios municipales y autonómicos.

Entre tanto, las formaciones del Ejecutivo exteriorizan ánimos diferentes al respecto de este asunto. Algunos dirigentes socialistas se muestran optimistas, como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ve con buenos ojos esta norma y apunta a un plazo de "unas semanas" para terminar de alcanzar un pacto con los socios. Los morados, por su parte, siguen poniendo el foco en las dificultades que están encontrando para llegar a un punto de acuerdo con la parte mayoritaria a cuenta de dos escollos: el principal, que continúa siendo el tope a los precios de los alquileres, y el papel de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en las negociaciones. "Está haciendo tapón", aseguran. Esta misma semana el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, ha vuelto a insistir en las complicaciones y ha sostenido que el diálogo está encallado. Mientras, Amnistía Internacional y el Consejo de la Juventud de España han reclamado este jueves el desbloqueo "urgente" del texto en pro, sobre todo, del devenir de los jóvenes.

Vivienda, para después de Semana Santa

El Gobierno quiere sacar adelante la anunciada, esperada y manida Ley de la Vivienda. Hace un año que se aprobó en el Consejo de ministros. Desde entonces la voluntad de los partidos que conforman el Ejecutivo sigue siendo la misma. Sin embargo, este proyecto impulsado mano a mano por los socios de la coalición está encontrando las dificultades en el propio seno de la Administración central. Ninguna de las dos formaciones quiere repetir el escenario de Mordaza, otra norma bandera junto al solo sí es sí, por lo que todos los involucrados se han emplazado a después del parón parlamentario por la Semana Santa para volver a sentarse a la mesa y salvar la falta de acuerdo que hasta ahora ha estado rigiendo en este asunto. El Gobierno y los socios lo consideran de máxima prioridad. Y es que la idea de PSOE y Unidas Podemos es aprobar el texto antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el próximo 28 de mayo.

Con todo, la legislación no podrá ver la luz antes de esa fecha. Los tiempos que se abren ahora tras la nueva citación sí permiten que el Congreso de los diputados dé su visto bueno en este plazo pero no así el Senado. De esta forma, de llegar a un acercamiento después del parón de la primera semana abril, la entrada en vigor definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no podrá ser hasta pasados los primeros comicios del año. Pero el mensaje ya estará dado: unidad entre socialistas y morados para sacar adelante la que será una de las legislaciones más importantes en la historia de nuestro país, especialmente en un contexto de recesión por la invasión de Ucrania. 

Podemos lo ve negro

El conflicto sigue siendo el mismo: el tope a los alquileres. Unidas Podemos defiende el máximo actual del 2%, un porcentaje que se marcó en un paquete anticrisis de forma coyuntural y que desde el Ministerio de Economía se han abierto a elevar hasta el 3%, lo que ha supuesto un cisma entre los dos bloques que ha acabado finalmente con un enfrentamiento dialéctico entre Maria Jesús Montero e Ione Belarra. Esta última desmintió a la primera, que anunció a bombo y platillo una suerte de avance en este sentido. Pero no solo eso, también hay una tercera pata que sostiene Nadia Calviño. Los morados acusan a la titular de Asuntos Económicos de estas bloqueando la ley a cuenta del control de las rentas del alquiler y su aplicación a las viviendas que sean expulsadas del mercado con la aprobación de la legislación. "Ahí la señora Calviño está haciendo de tapón y tiene bloqueada esa parte de la ley", ha afirmado este martes Pilar Garrido, portavoz de vivienda de Unidas Podemos, en declaraciones a RNE.

Según la representante, los morados ven "razonable" el tope actual y consideran que "debería servir" para establecerlo como estructural en la nueva normativa. "No podemos dejar abierta esa subida de los alquileres", ha subrayado Garrido, que con todo se ha mostrado convencida de que se llegará a un acuerdo que se traduzca en una Ley de Vivienda "efectiva". Eso pasa a su juicio por un control de "los precios abusivos" que hay en los alquileres actuales. "Es una prioridad que desde el Estado se regule y se controlen esos precios abusivos para que el acceso a la vivienda sea un derecho y no siga en la situación en la que está", ha sentenciado. Pero menos ilusionado se ha mostrado esta misma semana el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, que ha vuelto a poner el foco en que las negociaciones siguen encalladas, a pesar de la buena voluntad de los socios mayoritarios. De hecho, los morados querían continuar con el diálogo estos días pero finalmente se ha retrasado a mediados de abril.

Transportes es optimista

Entre tanto, el Gobierno no cierra la puerta a salvar estos conflictos más pronto que tarde. Así lo ha exteriorizado Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien ha sostenido que espera que "en las próximas semanas" o "en todo caso en esta legislatura" los partidos sean "capaces" de aprobar esta Ley de Vivienda, que ha tildado de "tan y tan necesaria". Durante una visita al municipio menorquín de Es Castell, la titular socialista ha añadido que es optimista sobre el devenir de la ley y la limitación del precio del alquiler en las zonas tensionadas. "Sí que la haremos porque no podemos defraudar a nuestra ciudadanía, no podemos defraudar a tantas personas que están esperando de nosotros, de los poderes públicos que les demos también en materia de vivienda una respuesta a sus necesidades", ha dicho antes de reconocer "la emergencia existente en el acceso a la vivienda y lo necesario que es para una vida digna tener primero una vivienda y un trabajo".

Amnistía Internacional pide el desbloqueo

Este proyecto no es solo una prioridad para los miembros de la coalición, también para otras instituciones. Desde Amnistía Internacional, en un artículo firmado junto al Consejo de la Juventud de España, piden al Gobierno desbloquear la norma de forma urgente en pro de la mejora de la situación de millones de ciudadanos, especialmente de la juventud. "Queremos mostrar la plena importancia que posee la reactivación de la tramitación de dicha normativa por estar directamente implicados los colectivos más vulnerables, dentro de los que se encuentran las personas jóvenes. En este sentido, recalcamos lo dispuesto en la introducción del Proyecto de Ley en el que se incluye que el objetivo principal del texto legislativo es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas más vulnerables que tienen dificultades para acceder a ella en condiciones de mercado", aseguran en el texto, publicado este jueves en la web de los primeros.

Por eso, sostienen que la Ley de Vivienda "requiere de su urgente reactivación y desbloqueo en el Congreso". "Es urgente que los diferentes grupos parlamentarios alcancen un acuerdo lo antes posible, introduzcan mejoras en el texto teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y lo adopten sin dilación. No se puede dejar pasar esta oportunidad histórica", insisten que las organizaciones, que ponen el foco en el "acusado incremento" de los precios, un 54% de media desde 2016 y 8,7& desde enero de 2022, dicen. Un asunto al que "se le une la subida del coste de la vida y la pérdida del poder adquisitivo de la población joven". Así, consideran necesario señalar que las medidas que se tomen sobre el alquiler "afectan de manera especial a los y las jóvenes puesto que representan el 47,7% de las personas que alquilan una vivienda en España". "Todo ello muestra la urgencia de la mejora del Proyecto de Ley y de su inmediata adopción", reiteran, instando a morados, socialistas y aliados a adoptar una solución a través de esta legislación.