Una vez ha pasado el bullicio de la fallida moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, queda la política. Y sobre todo los vacíos. Lejos del ruido que ha provocado la ultraderecha esta semana, el Congreso de los diputados mantiene bloqueadas algunas legislaciones importantes que forman parte de la columna vertebral de las promesas electorales del Ejecutivo de coalición. Especialmente encalladas están Vivienda o Salud Mental, que tiene enfrentados al PSOE y Unidas Podemos a cuenta, en el primer caso, de la regulación de los alquileres y en el segundo, de las competencias de las Administraciones. Pero no son las únicas, también la conocida como Ley Darias o la de la ELA se encuentran en el cajón a falta de un punto de encuentro en las negociaciones entre los socios que den, por fin, luz verde a la tramitación de las normas.

¿Y tras la moción de censura, qué?

No solo la crisis en el seno de la coalición -tal y como emplazó el propio Pedro Sánchez durante la Cumbre Hispano-Portuguesa- ha quedado prorrogada hasta el fin del "espectáculo" de 48 horas con escenario principal en el Hemiciclo que ha dado Vox con Ramón Tamames a la cabeza. La Cámara Baja sigue preservando en conserva varias legislaciones que tendrán que salir de la lata en los próximos meses. Los grupos parlamentarios que conforman el Ejecutivo así lo quieren en pro de seguir avanzando en la mejora de los derechos y las libertades de los españoles y se emplazan a seguir negociando. Todo con la cuenta atrás activada ante el fin de la legislatura asomando por el retrovisor. 

Vivienda, a la espera

Una de las normas bandera de la coalición es, junto a la ya caída reforma de mordaza y el solo sí es sí, la Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras más de un año negociando, nada ha avanzado entre los socios y el escollo sigue siendo el mismo: la regulación de los alquileres. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, proclamó al principio del mes de marzo una suerte de acuerdo para aumentar el tope de la revalorización del precio del alquiler del 2% actual al 3% hasta enero de 2024, como propuso el ministerio de Economía de Nadia Calviño. Un extremo que negó la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. "Por desgracia, hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo", aseguró la líder de Unidas Podemos.

Tanto la formación morada como ERC y EH Bildu rechazaron esta propuesta por considerarla insuficiente y abogan por que la subida no sea temporal, una fricción que se suma también a la limitación de rentas en nuevos contratos en zonas tensionadas. Así, estos partidos insisten en que el texto socialista no garantiza una ley efectiva y útil, y no será "buena". Tal es el encallamiento que desde Unidas Podemos apuntan a un paso hacia atrás en las conversaciones. "No ha cambiado nada, ha habido retrocesos por parte del PSOE en materia de alquileres", ha admitido el pasado martes en rueda de prensa Pablo Echenique, quien se ha mostrado negativo. "Va más hacia la parte mala", ha sostenido tras la junta de portavoces del 14 de marzo.

Entre tanto, parece que hay algo de luz. Todas las miradas y las esperanzas se dirigen ahora a la "conversación pendiente" para desencallar esta situación que van a mantener Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, más pronto que tarde. "Junto con el desempleo, la vivienda es el problema fundamental que tienen los españoles. Tenemos que dar un paso adelante y sacar la ley", manifestó la vicepresidenta desde Bruselas un día antes de las palabras de Echenique. "Acabamos de ver el ejemplo de Portugal, con un Gobierno progresista, o el de Países Bajos, con otro signo político, que permiten fijar techos y límites en los alquileres", añadió. Sin embargo, no ha querido desvelar cuándo van a mantener esta reunión, que sí parece tener una fecha fijada en el calendario.

La Ley Darias, encallada

Hace dos semanas, Unidas Podemos se congratulaba de haber alcanzado un acuerdo con el PSOE para desbloquear ley de calidad de la sanidad, una norma resultado de una ILP o iniciativa legislativa popular que busca fijar una ratio mínima de médicos y enfermeros en los centros sanitarios públicos. Un paso hacia delante en la mejora de la atención a los pacientes que no se ha dado, sin embargo, en la normativa de equidad sanitaria, más conocida como la Ley Darias. El punto de desencuentro se encuentra en las privatizaciones, que ha provocado que los partidos hayan ampliado de nuevo el plazo de enmiendas para dar margen a avanzar en las negociaciones.

El PSOE y Unidas Podemos se dieron una semana más de tiempo con una nueva prórroga -y ya van más de una veintena de veces- para alcanzar un pacto para dar luz verde a este Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema nacional de Salud que contempla la reforma de diversas legislaciones en búsqueda de una "equidad, universalidad y cohesión" del Sistema Nacional de Salud y que pasa por modificar la ley General de Sanidad para cercar las privatizaciones. En concreto, los socios de coalición marcaron en el pacto de investidura su compromiso de "revisar" la ley 15/1997 aprobada por el Gobierno de Jose María Aznar, que puso los primeros ladrillos para la habilitación de nuevas formas de financiación del sistema.

Las limitaciones planteadas por los socialistas no son suficientes para los morados, que piden ahondar más. Y es que el PSOE apuesta por añadir una disposición para que la gestión y administración se lleve a cabo con tres posibilidades: "a través de la administración competente; de entidades entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; o mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional". No es hasta el punto 2 cuando se recoge que "de forma excepcional, justificada y motivada" y "solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos" se pueda recurrir a "cualesquiera de las fórmulas de colaboración previstas en la ley 40/2015" del Régimen Jurídico del Sector Público.

Salud mental y ELA

En la misma coyuntura se encuentran otras dos leyes, la de Salud Mental y de la ELA. El primer caso podría ser la primera legislación en esta materia en la historia de nuestro país pero nada parece indicar que vaya a salir, al menos en un intervalo corto. La Proposición de ley General de Salud Mental impulsada hace ya más de un año y medio por Unidas Podemos no solo ha sufrido casi 60 prórrogas, sino que sigue a falta de un consenso con el socio mayoritario de la coalición. Según los morados, son los socialistas los que están bloqueando su tramitación a cuenta sobre todo de una principal cuestión, las competencias de las Administraciones.

La normativa contempla unas ratios mínimas de profesionales formadas, al menos, por 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Asimismo, plantea la creación de un Centro Estatal de Salud Mental así como garantizar la intimidad, la libertad y la autonomía personal de los enfermos. Se trata de una legislación que llega de la mano del partido de Íñigo Errejón, Más País, que ha insistido en la necesidad de incrementar los recursos destinados a esta lacra y permitir el acceso universal para que todas las personas que lo requieran, independientemente de su condición social o económica, puedan acceder a un profesional en el menor tiempo posible.

En cuanto a la ELA, esta sigue bloqueada. El Congreso sigue sin dar salida a la tramitación de la norma, que este mes de marzo ha cumplido un año en la cajonera a pesar de los varios acercamientos entre el PSOE y Unidas Podemos para intentar desencallarla en la Mesa. La Proposición de Ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica se ha vuelto a atrasar con un nuevo aplazamiento, y ya van casi 40, con las críticas de Ciudadanos, formación que la ha registrado con el apoyo unánime de todos los grupos. Sin embargo, así sigue. Con todo, los socios continúan hablando para desencallarla, tal y como ha anunciado en las últimas semanas el portavoz morado, que reconocía que "no iba a ser en las próximas semanas".