El Consejo de Ministros aprobará finalmente este martes 1 de febrero la Ley de Vivienda, con el control de precios en las zonas más tensionadas como la gran novedad. Tras el retraso por la no aprobación inicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del informe preceptivo sobre el texto, el pasado jueves el órgano dio el visto bueno a la ley, que podrá aprobarse este martes. No obstante, lo hace más de un mes más tarde de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
El CGPJ aprobó el informe el pasado jueves aunque mostrándose críticos con el anteproyecto del Gobierno. Para el órgano judicial, la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”. Unas declaraciones a las que ha respondido la ministra responsable, Raquel Sánchez, asegurando que el Ejecutivo “no invade competencias autonómicas” con esta normativa.
Además, la ministra recordó al CGPJ que sus consideraciones deberían centrarse en aquellos puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relacionados con los procedimientos de desahucio. Por su parte, el órgano judicial no ha puesto objeción a estos tres artículos y con el informe preceptivo “pero no vinculante”, como han recalcado varios miembros del Gobierno en los últimos días, este martes se aprobará en el Consejo de Ministros “la primera ley de vivienda de la historia de la democracia”, según Sánchez.
Para llegar hasta este momento, el Gobierno ha tenido que pasar dos intentos fallidos. El primero a finales de 2021, con la ministra asegurando que antes de terminar el año el anteproyecto volvería al Consejo, tras aprobarse en octubre en primera lectura. En ese momento no fue posible porque faltaba el informe del CGPJ.
Retraso tras dos intentos fallidos
El segundo intento tuvo lugar a comienzos de este mes de enero, cuando Sánchez volvió a anunciar la aprobación de la normativa de Vivienda en el Consejo de Ministros del 18 de enero. Sin embargo, en este caso tocó con la demora del CGPJ, rechazando la propuesta de informe y con la designación de nuevos vocales para elaborar un nuevo documento sobre la Ley de Vivienda.
Tal y como ya han anunciado algunos miembros del Gobierno, incluso el propio presidente, el anteproyecto de ley aprobado el 26 de octubre pretende “configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar”. La normativa incluye algunas novedades entre las que se encuentra, por primera vez, el control de precios en las zonas tensionadas. No obstante, serán las administraciones locales quienes tendrán que decidir la declaración de zonas tensionadas, en principio por un periodo de tres años, pero que podrá prorrogarse año tras año según las circunstancias.
Más allá del bono joven al alquiler, con una ayuda de 250 euros al mes para los menores de 35 años, según los primeros detalles conocidos, el Gobierno pretende estimular de forma fiscal el alquiler de la vivienda habitacional con deducciones que irán desde el 50% hasta el 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de esta martes, la ley se remitirá de forma “inmediata”, según la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a las Cortes. En dicho paso pide “el máximo consenso posible” durante el trámite parlamentario y así conseguir “una herramienta que beneficia a todo el mundo”.
