El Gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso a la vivienda en este segundo tramo de legislatura. Los precios abusivos, los datos de desempleo juvenil y las dificultades que enfrenta el mercado inmobiliario ralentizan el proceso de independización de los españoles, maltrechos por los bajos salarios y las críticas perspectivas de futuro que asumen con resignación. El pacto de coalición suscrito por Pedro Sánchez y su otrora vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ya convertía en condición sine qua non legislar en este sentido, y el propio presidente del Gobierno se ha encargado este lunes, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el recientemente elegido canciller Olaf Scholz, de dejar patente que el compromiso se cumplirá y se dará una cobertura proporcional a las necesidades poblacionales para convertir el derecho a la vivienda en el “quinto pilar del estado del bienestar” que defiende su agenda reformista.

“Las fórmulas que hemos tenido estos años para garantizar un acceso a la vivienda no han sido suficientes. El Gobierno de España comparte con la ciudadanía la necesidad de un mayor compromiso desde lo público para convertir el acceso a la vivienda en un derecho real y no en un problema”, ha indicado Sánchez, que, sabedor del crítico informe sobre la nueva ordenanza que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, ha añadido que respeta la opinión de la Justicia, estudiará los pormenores del escrito, pero actuará de forma decidida en su promesa de redoblar esfuerzos e inversiones para paliar el desajuste que experimenta nuestro país.

Este esfuerzo será presentado, como carta de presentación, este martes en un Consejo de Ministros que aprobará el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el fondo de ayudas para personas menores de 35 años que vivan de alquiler o quieran hacerlo y una ley de arquitectura y de calidad de la vivienda. Al margen de estas tres medidas, la Ley de Vivienda, proyecto estrella de la coalición en la materia, volverá a sufrir un retraso que empieza a desesperar a las partes y quedará a la espera de que el CGPJ emita su nuevo informe el próximo 27 de enero.

"Lo importante es dar seguridad de que hay determinación. Tenemos un compromiso claro como el derecho de acceso a la vivienda y vamos a dar respuesta", ha indicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. "Es una ley compleja y es lógico que haya dudas", ha apostillado la ministra, a la par que ha señalado que deben ser respetuosos con el órgano de gobierno de los jueces, "aunque su situación es anómala y preocupante" por el bloqueo a la renovación de la institución.

La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también ha salido en defensa de la Ley de Vivienda asegurando que no existe ningún problema competencial: "No supone ningún conflicto en ningún caso porque, insisto, se hizo la propuesta de esa ley y el contenido de la ley estamos seguros que cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas", ha defendido. Sin embargo, la ministra ha indicado que, como no puede ser de otra manera, el Ejecutivo estará pendiente del informe que emita el CGPJ el próximo 27 de enero “para tomar en consideración el contenido del informe que sea definitivo para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen".

Guerra abierta con el CGPJ

Además del malestar en la parte socialista del Gobierno, palpable con cada una de las declaraciones realizadas desde que se conociese el informe del CGPJ contrario a la aprobación de la Ley de Vivienda, es desde Unidas Podemos desde donde atacan al gobierno de los jueces con una mayor convicción. Los morados consideran que el CGPJ, de mayoría conservadora y pendiente de renovación por el bloqueo del PP, ha vuelto a extralimitarse en sus funciones para defender los intereses de las “élites del ladrillo”.

Así lo ha desgranado en rueda de prensa la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, quien considera que el argumento de los problemas competenciales con las comunidades autónomas no es más que una “coartada” para provocar un “injustificado” retraso de la norma. Para la portavoz, todo se limita a una batalla clara entre dos modelos opuestos: el lobby del ladrillo contra el derecho a la vivienda.

Jacinto ha recordado que la ley puede ser mejorada en el Congreso de los Diputados, incluyendo las demandas de los socios de investidura, pero ha apremiado a su grupo y al PSOE a que se obtenga un texto legal lo "más garantista posible" y que salga cuanto antes. Una de las aspiraciones del grupo parlamentario de Unidas Podemos es conseguir reducir a tres meses el periodo de tránsito desde la aprobación de la normativa hasta la entrada en vigor del sistema de índices de referencia para regular los precios del alquiler, en lugar de los 18 meses que se fija ahora en el texto como 'vacatio legis'.

Los cambios del nuevo Plan de Vivienda

Tal y como ha venido publicando ElPlural.com una vez se conocían los detalles de la nueva ordenanza, el nuevo plan de vivienda incluye una mejora de las ayudas al alquiler y varias soluciones habitacionales para colectivos vulnerables, entre las que aparecen novedades como la promoción del cohousing, es decir, la financiación de casas compartidas.

Otro de los puntos principales del nuevo plan es que el bono del alquiler, incluido en el decreto del Plan de Vivienda, no solo ayudará a los jóvenes, sino que también supone ayudas económicas al alquiler para aquellos hogares que cuenten con ingresos de hasta 24.300 euros anuales, el correspondiente a tres veces el IPREM, o hasta 40.500 euros, cinco veces el IPREM, en caso de familias numerosas, con miembros con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Estos inquilinos, considerados vulnerables, podrán recibir en un periodo de cinco años hasta la mitad del coste del alquiler de la vivienda. Los requisitos son que el precio del alquiler no pase de los 600 o 900 euros, una cifra que la ley deja en competencia de cada comunidad autónoma.

En el caso de aquellos afectados por violencia de género, desahucio, personas sin hogar o vulnerabilidad sobrevenida, la ayuda podría cubrir incluso el importe total del alquiler. Por otro lado, los jóvenes hasta 35 años de edad podrán acceder a otras ayudas económicas, tanto en el alquiler como en la compra, y a seguros de pago de la renta, por varios años, a muy bajo coste.

La principal novedad del Plan de Vivienda es el impulso al cohousing -o casas compartidas- para convivencia intergeneracional o bien, de colectivos como los trabajadores temporeros de las campañas agrícolas. Este modelo se basa en edificios compartidos en el que se amplía la prestación de servicios comunes mientras se reducen los espacios individuales, por ejemplo, para la tercera edad. El Plan de Vivienda cubrirá el periodo 2022-2025, con una dotación económica para este año de 345 millones de euros.