Hay una imagen que se repite hoy en demasiados hospitales andaluces: pacientes graves esperando durante horas —a veces días— en camillas, profesionales exhaustos trabajando al límite y urgencias convertidas en salas de espera permanentes. No es una escena excepcional ni una consecuencia inevitable del invierno, de la gripe o de un pico puntual de demanda. Es el resultado de una política sanitaria que ha decidido asumir el colapso como algo normal. Y el responsable tiene nombre y apellidos: Juanma Moreno Bonilla.
Lo que está ocurriendo en la sanidad pública andaluza no es fruto de la mala suerte ni de una tormenta perfecta. Es una estrategia sostenida en el tiempo basada en no cubrir bajas ni vacaciones, en mantener plantillas bajo mínimos y en desviar miles de millones de euros a la sanidad privada mientras los hospitales públicos se vacían de recursos. El deterioro no es accidental. Es consciente. Y empieza a ser irreversible si no se actúa de inmediato.
Desde Málaga hasta Sevilla, pasando por Córdoba, Cádiz o el Campo de Gibraltar, las denuncias se acumulan con un patrón idéntico. Urgencias saturadas, pacientes pendientes de ingreso durante más de 24 o 48 horas, falta de camas, plantas cerradas por ausencia de personal y sanitarios que advierten de riesgos reales para la seguridad clínica. No hablamos de un hospital concreto ni de una mala gestión aislada. Hablamos de un sistema entero tensionado hasta el límite.
El Hospital Clínico de Málaga se ha convertido en uno de los símbolos más claros de este colapso. Pacientes con ictus, insuficiencias cardíacas o fallos renales permanecen en camillas supletorias durante más de 40 horas. Enfermeras insuficientes en plantas críticas. Falta de celadores que retrasa pruebas y traslados. Déficit de fisioterapeutas que alarga ingresos innecesariamente. Una situación que los propios profesionales califican de insostenible.
Pero Málaga no es una excepción. En Córdoba, el Reina Sofía vive desde hace meses una sobrecarga estructural agravada por la falta de refuerzos en verano y la no sustitución de vacaciones. En Sevilla, hospitales como Valme, Virgen del Rocío o Macarena han registrado esperas de hasta 48 horas para ingresar y hacinamientos impropios de un sistema sanitario avanzado. En Cádiz, Algeciras, Jerez o Puerto Real, las urgencias se utilizan como plantas improvisadas porque no hay camas ni personal suficiente.
El problema se repite con una precisión inquietante: no hay profesionales porque no se contratan. No se abren plantas porque no hay enfermeras. No se reducen las listas de espera porque se prioriza la derivación a la privada. Mientras tanto, los trabajadores sanitarios acumulan jornadas interminables, estrés, ansiedad y una presión asistencial que aumenta el riesgo de errores involuntarios. La consecuencia es doble: se pone en peligro la salud de los pacientes y se quema a quienes sostienen el sistema.
A pesar de este escenario, la Junta de Andalucía insiste en negar el colapso. Habla de “episodios puntuales de alta frecuentación” y presume de planes que sobre el papel funcionan, pero que en la práctica no evitan escenas de auténtica medicina de guerra. Resulta especialmente ofensivo que, en medio de este caos, algunas direcciones hospitalarias prioricen acreditaciones de calidad y sellos de excelencia que chocan frontalmente con la realidad diaria de pasillos llenos y profesionales desbordados.
La clave de todo este deterioro está en una decisión política muy clara: no reforzar la sanidad pública mientras se multiplican los conciertos con la privada. Bajo el mandato de Moreno Bonilla, Andalucía ha destinado miles de millones de euros a empresas sanitarias privadas. Recursos que no se han invertido en contratar personal estable, abrir camas cerradas o mejorar infraestructuras. Cada euro que se desvía para la privada es un euro menos para evitar colapsos en la sanidad pública como los que hoy se viven.
Esta política no es neutra. Tiene consecuencias directas sobre la equidad del sistema. Quien puede pagar un seguro privado, accede antes. Quien no puede, espera. Espera en una camilla, en un pasillo o en una urgencia saturada. La sanidad pública deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un servicio degradado, cada vez más dependiente de la capacidad económica del paciente.
Además, el abandono de la atención primaria agrava aún más el problema. Centros de salud cerrados por las tardes, agendas saturadas y falta de médicos de familia empujan a miles de personas a acudir a urgencias hospitalarias. Un embudo perfectamente previsible que la Junta ha decidido no corregir. La falta de planificación no es un error: es una forma de gestión.
Los sindicatos lo repiten con insistencia: este colapso no es inevitable. Tiene solución. Cubrir el 100 % de las bajas y vacaciones, ampliar plantillas de manera estructural, ofrecer contratos estables que eviten la fuga de profesionales y reabrir recursos cerrados aliviaría de inmediato la presión asistencial. Pero eso exige una apuesta clara por lo público. Y esa apuesta no está en la agenda del Gobierno andaluz.
Mientras tanto, los profesionales sanitarios están diciendo basta. Denuncian, protestan y advierten de que no se puede normalizar lo que está ocurriendo. Porque normalizarlo es aceptar que pacientes vulnerables pasen días en urgencias. Es asumir que los errores aumenten por agotamiento. Es resignarse a que la sanidad pública se deteriore hasta convertirse en un servicio de segunda.
Moreno Bonilla llegó prometiendo que iba a mejorar la sanidad pública en Andalucía y mintió. Hoy, la realidad de los hospitales andaluces desmonta ese relato. Lo que hay es una sanidad pública asfixiada, una privada reforzada y una ciudadanía cada vez más desprotegida. El colapso no es una anécdota: es el síntoma más visible de un modelo que ha decidido dejar caer lo común.
Defender la sanidad pública no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de justicia social, de seguridad y de dignidad. Andalucía no se merece hospitales colapsados ni profesionales agotados. Se merece un gobierno que cuide lo que funciona y no lo sacrifique en beneficio de unos pocos. Porque cuando la sanidad pública se deteriora a conciencia, lo que está en juego no es una estadística: son vidas.
