España arrastra desde hace décadas un déficit estructural de jueces que la sitúa por debajo de la media europea y que distintos Gobiernos han sido incapaces de corregir. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto ahora sobre la mesa el mayor refuerzo de la carrera judicial desde la aprobación de la Constitución, con la creación de 500 nuevas plazas este mismo año, pero el plan para empezar a saldar esa deuda histórica con la Justicia ha topado ya con la resistencia del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rechaza el modelo propuesto para cubrirlas.
La falta de jueces por habitante en España es un problema reconocido desde hace años tanto por asociaciones progresistas como conservadoras de la judicatura, así como por organismos europeos. Pese a ello, las sucesivas reformas apenas han logrado contener el colapso de los tribunales, especialmente en los juzgados de primera instancia, lo social y lo contencioso-administrativo. El anuncio del Ministerio de Justicia de crear 500 nuevas plazas judiciales en un solo ejercicio suponía, sobre el papel, un punto de inflexión largamente esperado.
El plan del departamento que dirige Félix Bolaños pasa por aprobar en los próximos seis meses un real decreto para crear esas plazas, en coordinación con el CGPJ y con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Según explica 'infoLibre', la intención del Ejecutivo es que los nuevos jueces y magistrados refuercen los órganos más saturados, una lista que ha sido elaborada por el propio Consejo a partir de los datos de carga de trabajo.
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a importantes obstáculos políticos y presupuestarios. El primero es el bloqueo parlamentario de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, una reforma clave para modificar el sistema de acceso y permitir un aumento sostenido de incorporaciones en los próximos años. El segundo es la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que limita de forma severa el margen del Gobierno para ampliar las convocatorias de acceso por oposición.
El modelo que divide al CGPJ
En este contexto, el Ministerio de Justicia ha planteado como solución recurrir de manera más intensa al denominado “cuarto turno”, un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite acceder a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Abogados, letrados de la Administración de Justicia, profesores universitarios u otros profesionales del ámbito jurídico pueden incorporarse así a la carrera judicial mediante concurso de méritos, sin pasar por la oposición tradicional.
La ley establece que uno de cada cuatro magistrados debe proceder de este sistema, pero la realidad dista mucho de ese porcentaje. Según el citado medio, el CGPJ incumple de forma sistemática su obligación de convocar plazas del cuarto turno al menos cada dos años. La última convocatoria data de 2023 y, según fuentes judiciales citadas por ese medio, en los últimos ejercicios el órgano de gobierno de los jueces ha dejado sin cubrir por esta vía al menos 307 plazas de magistrado.
Para el Ejecutivo, activar ahora el cuarto turno permitiría cubrir una parte sustancial de las 500 nuevas plazas sin necesidad de aumentar el número de oposiciones, algo que considera inviable con los presupuestos prorrogados. Además, sostienen en Justicia, se trataría de incorporar perfiles con una amplia experiencia profesional previa, capaces de reforzar de manera inmediata tribunales especialmente castigados por el retraso y la acumulación de asuntos.
La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada frontalmente por los vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular, que exigen incrementar el número de plazas de acceso por oposición. Durante una reunión reciente con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, representantes del sector conservador del Consejo plantearon como alternativa ampliar la actual convocatoria, pese a que el propio Ministerio insiste en que legalmente no puede hacerlo sin unas nuevas cuentas públicas.
Más allá del debate técnico, diversas fuentes judiciales apuntan a razones de fondo de carácter corporativo e ideológico. La oposición tradicional constituye el principal vivero de las asociaciones judiciales conservadoras, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria o Foro Judicial Independiente. Por el contrario, el cuarto turno introduce en la carrera perfiles externos que no han sido socializados desde el inicio en ese entorno asociativo y que rompen el patrón dominante de acceso.
Una Justicia sostenida con parches
El resultado es una carrera judicial con una presencia muy inferior a la prevista por la ley de juristas procedentes de otras profesiones. En la actualidad, estos magistrados no alcanzan ni el 10% del total, muy lejos del 25% que marca la normativa. Entre 2013 y 2024, periodo en el que el CGPJ estuvo dominado por vocales conservadores, esta proporción no solo no se corrigió, sino que se consolidó el incumplimiento de las convocatorias del cuarto turno.
Mientras tanto, el colapso de los juzgados sigue teniendo un impacto directo en la ciudadanía. Procedimientos que se alargan durante años, señalamientos que se retrasan meses y un recurso creciente a jueces sustitutos y magistrados suplentes para cubrir bajas y vacantes temporales son ya parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Según los planes del Ejecutivo, si la reforma legal llegara a aprobarse, podrían incorporarse hasta 1.600 nuevos jueces netos en tres años, contando también con un proceso de estabilización de sustitutos.
