Perro no come perro: el CGPJ 'expía los pecados' al 92% de los jueces expedientados

El año 2024 ha resultado aciago para la credibilidad de la Justicia. No sólo por las acusaciones de lawfare por parte de un sector del ecosistema político, sino también por la depuración de responsabilidades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para con los magistrados. ElPlural.com ha tenido acceso a las cifras internas del órgano de gobierno de los jueces correspondientes al año 2024 – las del pasado ejercicio están aún por determinar- y el resultado no deja a nadie indiferente. Las fuentes consultadas son cristalinas y los números esbozan un escenario que puede incluso resultar irreal. De un total de 617 denuncias presentadas contra togados, tan sólo el 8% de ellas derivaron en algún tipo de actuación efectiva. Dicho de otro modo: el 92% de los expedientes abiertos acabaron en el limbo. Es decir, archivados. En el mejor de los casos, ese pequeño porcentaje habría desembocado en una sanción.

Los datos consultados reflejan que, de ese total de denuncias (617), 561 fueron directamente archivadas por el Poder Judicial. Sólo 32 de ellas se consideraron para la apertura formal de un expediente disciplinario, mientras que otras 18 se calificaron como faltas leves y se remitieron a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) pertinentes. En términos totales, si se suman los expedientes abiertos y las faltas leves, tan sólo 50 casos pasaron el primer filtro. Una cifra que confirma el escaso recorrido de las denuncias presentadas contra miembros de la judicatura y que, en suma, pone en jaque la credibilidad del ecosistema judicial en un momento de excepcional fragilidad para la magistratura, cuestionada parte de ella por – entre otras cuestiones – la sentencia al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El porcentaje se antoja especialmente revelador. Y es que, incluso adoptando la interpretación más optimista posible – asumiendo que los 32 expedientes abiertos y las 18 faltas leves concluyeran todos en sanción -, el sistema disciplinario del CGPJ sólo habría actuado sobre el 8% de las denuncias registradas. El restante – un generoso 92% - se habría quedado por el camino, archivado en un cajón de las dependencias del órgano de gobierno de la judicatura sin que se depuraran sus responsabilidades. Un resultado que deja en entredicho la imparcialidad de la institución.

El número exacto de jueces que llegaron a ser expedientados se desconoce, siendo este el aspecto que arroja más sombras al balance. Algunas voces del Poder Judicial consultadas por ElPlural.com reconocen que la información no permite determinar si algunos jueces acumularon varias denuncias o si éstas se repartieron entre distintos profesionales, habida cuenta de la sensibilidad de tales cifras y que ninguna normativa lo avala en este sentido. Asimismo, admiten en privado que la cifra resultante seguiría siendo mínima en relación al volumen total de denuncias y siembra aún más dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control interno y sobre el grado de exigencia con el que el CCPJ fiscaliza la conducta de sus magistrados.

La justificación habitual del órgano de gobierno de la judicatura es que muchas de las denuncias suelen carecer de fundamento jurídico suficiente para pasar el primer filtro. Arguyen también que, en ocasiones, responden al descontento de las partes del proceso judicial, lo cual no conlleva ex profeso una sanción disciplinaria. No obstante, la magnitud de las cifras – más de nueve archivos por cada diez denuncias -, potencia la idea de que perro no come perro y reina el corporativismo en la institución rectora de la magistratura.

El marco resultante encuadra una fotografía nítida del funcionamiento interno del Poder Judicial, al menos durante el pasado ejercicio. El sistema recibe centenares de denuncias, pero tan sólo actúa sobre una fracción mínima de ellas. Una dinámica que alimenta la desconfianza en la capacidad del organismo para la depuración de responsabilidades en sus propias entrañas.

Casos sonados

Hace unos días, eldiario.es publicaba una información en este sentido, haciéndose eco de algunos de los supuestos que cayeron en saco roto. Uno de ellos, de acuerdo a dicho medio de comunicación, es el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, que en sus redes sociales calificó de “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; aunque también cargó contra el ex fiscal general del Estado, al que describió como la “personificación del deshonor”. No se cortó tampoco a la hora de referirse al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien adjetivó como un “siervo mentiroso patológico”.

El vericueto legal al que se aferraron en el Poder Judicial es que no se pudo acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando profirió dicho carrusel de improperios en su perfil de X – antes Twitter -. Asimismo, se justificó que los comentarios, en cualquier caso, no trasgredían los límites de su derecho a expresarse como un ciudadano. El CGPJ pidió al legislador que revisara los tipos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para sancionar tales comportamientos. De hecho, ante la carestía de regulación, el órgano de gobierno de los jueces dictaminó que, para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, deberían converger dos premisas. Por un lado, que el comentario tuviera carácter sancionable. Es decir, una “falta grave de consideración” de los ciudadanos o las instituciones. Por otro, que en el momento de su publicación, el autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su juicio.

Lo cierto es que el magistrado Ruiz de Lara es reincidente en estas cuestiones, habida cuenta de que se enfrenta ahora a la apertura de otro expediente por comentarios ofensivos contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a quien llamó “Barbigoña”, así como por acusar al propio Sánchez de “golpismo”. Un caso – aunque en 2025 - similar al que ocurrió el pasado mes de octubre con el magistrado Eloy Velasco, quien aseguró que Irene Montero “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. Se le abrió expediente, pero aún está pendiente de resolución, de acuerdo a la información de eldiario.es.