La reforma de la ley del solo sí es sí avanza en los últimos tramos de su camino parlamentario con todas las incógnitas encima de la mesa. Más allá de las luchas internas en el seno de la coalición a cuenta de las polémicas revisiones de condenas tras la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero -y que el PSOE tilda de "efectos indeseados"-, los grupos parlamentarios, incluido Unidas Podemos, han presentado sendas enmiendas al texto de los socialistas, que se mantienen firmes en su propuesta. Las modificaciones de los socios ponen el foco en las penas y el consentimiento frente a la oposición, que pide volver al Código Penal anterior, derogando la legislación morada.
Pero en los últimos días se ha sumado una nueva carta en las negociaciones para modificar tanto la Ley de Libertad Social como las correcciones planteadas por los de Pedro Sánchez que pasa por los menores. Esto, incluso, supondría asimismo modificar una tercera normativa. Así, varias formaciones en el Congreso de los diputados han propuesto subsanar la llamada Ley Rhodes de protección a la infancia incluyendo cambios a través de las enmiendas al solo sí es sí. Mientras, el Partido Popular ha condicionado su apoyo al texto del PSOE a incluir cuestiones en este sentido "que se han quedado fuera", como el uso de los dispositivos móviles en las agresiones.
Los menores entran en el debate
En una semana decisiva en la cuenta atrás para la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha entrado en juego otro asunto que puede modificar al mismo tiempo otra norma. Y es que en las enmiendas al texto que ha preparado el PSOE, cuyo plazo ha finalizado este lunes, varios grupos parlamentarios han introducido la posibilidad de corregir en este articulado un "error" de otra legislación, la de protección a la infancia o Ley Rhodes. En concreto, los ojos están puesto en los tiempos de prescripción de los abusos sexuales a niños y adolescentes, que piden modificar ya que la actual contempla en el artículo 132 su incremento pero con dos horquillas: desde que la víctima cumple 18 años y a partir de los 35.
Esto ha generado mucha controversia ya que el propio Defensor del Pueblo aseguró en un informe publicado en febrero que esto podría dar lugar a una "contradicción", por lo que solicitó al Ministerio de Justicia resolver este problema "lo antes posible". Ante esto, tres formaciones -concretamente Más País, Ciudadanos y Junts per Cataluña- han incluido esta subsanación en sus enmiendas al solo sí es sí mientras otros grupos del Congreso ya se han pronunciado a favor de apoyar estos cambios, como el Partido Popular. Los populares, además, han condicionado esta misma semana su "sí" al plan del PSOE a introducir "cuestiones que se han quedado fuera". El Gobierno ya comunicó su intención de corregir esta indeterminación.
Las exigencias del PP
Después de anunciar a bombo y platillo su apoyo casi incondicional al texto de los socialistas, que dicen "es idéntico" al registrado por ellos en la Cámara Baja a finales del pasado año 2022 y en pro de la "alarma social" causada por la "suelta de violadores", el PP ha lanzado un nuevo órdago a los de Pedro Sánchez. O contactan con ellos de forma directa para llegar a un acuerdo en algunos flecos que aseguran existen en su reforma o que no cuenten con su voto a favor en el debate que, si todo va como quiere el PSOE, se producirá la próxima semana en el Pleno. Sin embargo, no parece que los liderados por Patxi López vayan a acercarse a los de Cuca Gamarra en los próximos días.
Precisamente la portavoz popular ha puntualizado este martes su suporte a la modificación de la iniciativa de Irene Montero a la luz de las 14 correcciones que han presentado al texto socialista, que pasa especialmente por los menores. En concreto, apuestan por reforzar la "indemnidad sexual" de los niños. Pero también por las nuevas tecnologías. De hecho, piden volver a tipificar "la distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años", reza su documento.
La dirigente ha tildado de "lógico" que el socio mayoritario de la coalición contemple y discuta con ellos sus exposiciones pero no ha querido "anticipar escenarios" de cara a la votación. Eso sí, han puntualizado que el PP "no está para reformas a medias". Así lo han dicho fuentes populares, que recuerdan que su objetivo es recuperar la "seguridad jurídica" así como asuntos que no están incluidas, como los preceptos antes mecionados. Por eso, esas mismas fuentes advierten de que su apoyo podría decaer si no se producen acercamientos para resolverlos. Aunque en sus enmiendas no han incluido explícitamente los cambios a la ley Rhodes, los populares sí estarían a favor de apoyar estas modificaciones para incrementar el mínimo de plazo de prescripción a los 25 años a la luz de las declaraciones de la propia portavoz en pro de la protección del menor.
Cs, Junts y Más País
Estos puntos sí han sido manifestados textualmente por Ciudadanos, Junts per Cataluña y Más País. Los naranjas han aprovechado que la reforma del sí es sí toca el Código Penal para intentar modificar el artículo 132 y establecer el mínimo en los 35 años con el objetivo de "solucionar el error en la ley de protección a la infancia que dejaba en el aire cuándo empieza a contar el plazo de prescripción de los delitos", esgrime el grupo en su argumentación, que considera que la redacción de la norma tal y como está "abre la puerta a interpretaciones más beneficiosas al acusado". Algo más duros son los de Junts y Más País, que se han pronunciado en la misma línea.
Ambos proponen resolver este fallo al mismo tiempo que amplían los mínimos hasta los 45 años. El partido que lidera Íñigo Errejón ha planteado, además, que si la persona reincide en otro delito contra otro menor de edad el contador se reinicie, es decir, que el plazo se prorrogue "hasta que finalice el plazo de prescripción del delito sexual cometido posteriormente". Los catalanes apelan directamente a una resolución de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa de 2020, en la que se urgió a los miembros a que se eliminaran los plazos o incrementarlos como mínimo hasta los 48 años. A su juicio, la norma no cumple todavía con "los estándares mínimos internacionales y europeos que garanticen la tutela judicial".
Vox y los inmigrantes
Mientras tanto, la ultraderecha, a lo suyo. Eso sí, también han optado por acudir a los menores para cargar contra el proyecto del PSOE, que tildan de "parche". Así lo ha dicho este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha acusado a los socialistas de querer "tapar la vía de agua" que dice tiene el Gobierno con la ley de Libertad Sexual mientras ha anunciado que ha presentado también enmiendas para "frenar la suelta de violadores gracias a las rebajas de penas que ha facilitado la chapuza legislativa" de la norma. Estas pasan por aumentar la "dureza" de los castigos para los delitos, especialmente para violaciones grupales y los extranjeros.
"Queremos que si el autor de una agresión sexual es un inmigrante ilegal sea expulsado y cumpla la pena en su país; y si es legal que se revierta la concesión de la nacionalidad española", ha dicho. Así, Vox propone elevar las mínimas en delitos como los contactos con menores a través de cualquier tecnología; y se elevan las máximas para quien solicite favores sexuales a víctimas en situación de alta vulnerabilidad, realice exhibiciones obscenas ante menores o venda y exhiba material pornográfico entre menores. Del mismo modo, proponen que las violaciones grupales, tanto a menores como a mayores de edad, constituyan un tipo penal distinto y específica que lleve aparejada la prisión permanente revisable.
