Esta semana tenía lugar la primera gran crisis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. La lideresa regional se ha visto envuelta en todo este tiempo en los diferentes mandatos por casos de posible corrupción -con su hermano Tomás o su novio, Alberto González Amador, como protagonistas-, los conocidos como protocolos de la vergüenza de las residencias o las críticas encarecidas de comunidades como la sanitaria o la educativa donde, precisamente, ha terminado por explotar una situación que ha terminado por ser insostenible.
La presidenta de la Autonomía cesaba el pasado lunes al hasta ese momento consejero de Educación, Emilio Viciana. Hacía tiempo que la lideresa regional estaba descontenta con él a tenor de la ley de educación superior (Lesuc); o ley de universidades, que ha provocado un auténtico terremoto en las universidades: descontento de los rectores, infrafinanciación o una especie de 'ley mordaza' dispuesta a castigar, por ejemplo, los escraches, son algunos de sus puntos más polémicos.
Sin embargo, el fin de Viciana al frente del departamento va más allá y tiene que ver también con una suerte de crisis interna en las filas 'populares' que enfrentaba al núcleo duro del partido con 'los pocholos', unos jóvenes preparados pero sin demasiada experiencia que eran conocidos así coloquialmente por sus pintas de niños pijos.
Un gurú cultural
Eran quienes estaban al frente de todo lo relativo a la educación madrileña desde el punto de vista estrictamente político, y lo hacían a las órdenes de Antonio Castillo Algarra, dramaturgo y gurú que asesoraba a la baronesa conservadora sobre colegios y escalafones de la educación superior.
Lo cierto es que la normativa ya nacía sin fuerza, debido al descontento generalizado que provocaba, pero al que hay que sumar los choques constantes con el núcleo fuerte del Ejecutivo. Tras ello, una cascada de dimisiones.
El primero en anunciar su renuncia después de lo ocurrido con Viciana fue Pablo Posse, portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid. A él se sumaron, por sorpresa, otras dos diputadas: la portavoz de Asuntos Sociales, Mónica Lavín; y la portavoz de Juventud, Carlota Pasarón. Además, abandonaban también el barco el director general de Universidades, Nicolás Casas, y la de Secundaria, María Luz Rodríguez Lera.
Las decisiones pillaron completamente por sorpresa al equipo de Sol, según informa este miércoles el diario El País, y es que se produjeron mientras Ayuso hablaba en un evento acerca de la digitalización.
Más allá de la dimisión del consejero
En clave de partido, los hechos suponen una derrota para Castillo, al que muchos situaban al nivel del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en cuanto a nivel de asesoramiento y grado de confianza.
En este sentido, Algarra era quien controlaba el relato y la práctica a nivel cultural. Había conseguido poner a gente cercana a él en puestos clave, incluyendo el propio consejero, y configurar un equipo más o menos propio.
No gustaba en el PP esa influencia del uno hacia el otro y que tocaran asuntos demasiados delicados para el Ejecutivo regional. Por supuesto, no cae en saco roto que la ley de universidades estaba levantando más si cabe en armas al conjunto de la comunidad educativa.
En lo que respecta a los 'pocholos', al menos cuatro de los que ya no están en la administración de la Puerta del Sol han trabajado para una de las empresas de esta persona, mediáticamente desconocida hasta ahora, mientras que el quinto actuó en una de sus producciones musicales (también creó su propio ballet).
Con personas de máxima confianza
El choque de los 'pocholos' habría llegado hasta personas de tal confianza como Rocío Alberto López-Ibor, consejera de Hacienda, quien frustró un acuerdo acerca de las horas lectivas. Más tarde dudó de su forma de actuar en el caso FP, de fraccionamiento de contratos.
En esos años, López-Ibor se encontraba precisamente en Educación como viceconsejera. Sospecha de la celeridad con la que Viciana trasladó a la Fiscalía de Madrid, en julio de 2024, el segundo caso de una obra millonaria que, en lugar de sacarse a concurso, se fraccionó y se pagó irregularmente con numerosas facturas menores , un acto completamente irregular.
