La ley de Vivienda es una realidad a la que tan solo le queda atravesar unos trámites parlamentarios para los que cuenta con los apoyos políticos necesarios. Años han transcurrido para que las fuerzas progresistas consigan alcanzar un consenso para sacar adelante una norma que, entre otras cosas, regulará y topará el precio de los alquileres a través de la definición de zonas tensionadas, impedirá subidas indexadas al IPC y diseñará un índice más ajustado, prohibirá a los caseros cargar gastos como la inmobiliaria a los inquilinos y promoverá la construcción de vivienda pública, evitando que esta se venda a inversores privados.

Escasas horas han tardado las derechas, siempre más rápidas a la hora de juntarse en un mismo bloque, en encontrar el argumentario para cargar contra una ley que busca defender al conjunto de la sociedad, aunque con mucho aún por avanzar, en detrimento de los grandes propietarios (más de 5 inmuebles) beneficiados por el mercado. El ariete discursivo es la okupación y desde los tres partidos de la derecha pugnan por él. Pesos pesados como Borja Semper, por parte del Partido Popular, Ortega Smith, representando a Vox, e Inés Arrimadas, intentando sumar a Ciudadanos, han sido las principales voces.

Odas y teatrillos

“Sánchez es una oportunidad fantástica para los okupas, pero este chollo se terminará”, denunciaba el portavoz de Campaña de los populares. "La ley de vivienda ha acabado siendo la ley de los okupas", reafirmaba Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, a su compañero, que aseguraba que la okupación había aumentado un 50% con la llegada de Sánchez sin citar la fuente de los datos. ElPlural.com ha solicitado al partido que le facilite los datos, pero han declinado la petición. De hecho, en la contrapropuesta de los populares para vivienda, el epígrafe con mayor contenido es el dedicado a la okupación, en perjuicio de los desahucios o los alquileres disparados, que se quedaron fuera del texto y subordinados a la solución de construir más casas y dejar al mercado actuar.

Más teatral fue la formula elegida por el líder madrileño de extrema derecha para denunciar el incontrolable avance de la okupación que aprecia la ultraderecha. Smith se dirigió al portal de un edificio donde una de las viviendas se encuentra ubicada. Una vez allí, el representante de Vox comenzó a gritar a uno de los inquilinos, llegando a amenazar a este: “A que subo y te lo explico”, vociferó. El aludido no parecía muy preocupado por las increpaciones del ultraderechista, que finalmente se limitó a marcharse, puede ser que en dirección al Parque del Retiro para amedrentar a manteros, y publicar en sus redes sociales el vídeo que le grabaron con fines electoralistas.

Inés Arrimadas, que no quería dejar atrás a Ciudadanos de esta lucha, también ha enarbolado un argumento similar. “El drama de la okupación crece en España día tras día”, aseguraba la líder del partido naranja haciendo referencia a una noticia de 2020, ya que, en 2022 los datos han bajado en comparación con el año anterior. “Los jóvenes lo tendrán más difícil y los okupas lo tendrán más fácil”, ha llegado a asegurar Arrimadas sobre la nueva ley de Vivienda instantes antes de presentar medidas de rebaja de impuestos e incentivos fiscales a los propietarios como solución para abaratar el precio del alquiler.

La realidad de los datos

Lo cierto es que no se cuentan con datos específicos de okupación, aunque tampoco las derechas han concretado que supuestos engloba ese término o a quién hacen referencia cuando lo usan. Los datos de los que dispone el Ministerio del Interior muestran la suma de allanamientos de morada (se considera morada la vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional, entre otras) y usurpación (las que no son moradas como las abandonadas, vacías en venta, para alquiler o propiedad de bancos y otras entidades), que en 2021 ascendió hasta los 17.274 y en 2022 de 16.726 (la cifra crece anualmente desde 2016). No existe diferenciación entre ambos delitos en las cifras totales, ni ninguna tipificación concreta que haga referencia a la ‘okupación’.

No obstante, a pesar de que los datos no reflejan una inundación de okupaciones que esté arrasando el parque de vivienda español, el discurso de las derechas está calando en la sociedad española a fuerza de repetición, y con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Así lo refleja de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que desde octubre incluye en sus barómetros mensuales “la ocupación de viviendas” como uno de los principales problemas mencionados por los españoles. Todavía en un porcentaje reducido, pero habiendo ya percutido en la estadística, la cual no ha abandonado desde entonces.

Aunque parezca que no, antes de la llegada de la ley ya existían problemas de vivienda que la derecha ha decidido ignorar. Los alquileres ya se habían encarecido en torno a un 8% durante 2022, estimación calculada por portales inmobiliarios poco sospechosos de pretender una legislación que regule y controle el mercado. Ni que decir de las hipotecas, que han visto como el Euríbor -principal valor al que se indexan- inició el 2022 en el -0,477% y lo cerró en el 3,02%. Las hipotecas variables ya suscritas incrementaron su valor cerca de 3.000 euros al año y las de nueva suscripción vieron como los tipos medios se situaban en el 2,67% (2,18% las variables y 2,93% las fijas), según los datos del INE.

En el año 2021, según la base de datos del CGPJ, se produjeron 41.359 desahucios, 10.103 de ellos por impago de la hipoteca, 28.993 por impago del alquiler y 2.263 por otras causas (entre las que se incluyen la okupación ilegal del inmueble, motivos de herencia o enfrentamientos familiares, entre otras); datos que se reproducen en 2022, con 38.269 desahucios totales (8.511 por impagos hipotecarios, 27.531 por impago del alquiler y 2.227 por otras causas). 79.628 personas fueron expulsadas a la calle, desprovistas de hogar y alternativa durante estos dos años, pero con la deuda vigente. 109 desahucios al día, 109 familias en la calle.

Dos años muy complicados en los que, en materia de vivienda, tan solo mejoraron las cifras para las empresas de alarmas. De ello presume la líder del sector, Securitas Direct, que en 2021 alcanzó las mejores cifras de su historia y, tras incrementar sus beneficios en un 79,6%, pulverizó su récord con 126,5 millones de euros de beneficios, tal y como muestran las cuentas que la propia empresa depositó en el Registro Civil. No se conocen aún las cuentas anuales de 2022, pero sí las cifras de negocio. Según datos revelados por la propia Securitas Direct, la compañía “refuerza su liderazgo […] con un crecimiento sostenidos de dos cifras” y cuenta con 1,8 millones de alarmas conectadas que engloban a seis millones de personas. Buenos años para este sector empresarial.

Desde luego, con los alquileres batiendo récords en todo el territorio español, las hipotecas disparadas por culpa de los valores históricos del Euríbor y con una cifra de desahucios que supera los 100 diarios; no parece que la okupación, cuyos principales afectados son los grandes propietarios, bancos y fondos buitre por razones obvias (nadie que se ve obligado a okupar quiere acceder a una primera o segunda vivienda y ser desahuciado rápidamente), sea el aspecto con mayor necesidad de intervención del mercado de la vivienda.