‘Okupación’, un término que ha sido pronunciado en más ocasiones durante las últimas semanas que miembros y casos engloba el conjunto al que pretende referirse. Altavoces mediáticos y políticos continúan haciendo las delicias de las grandes empresas de seguridad y alarmas; sin embargo, todavía ninguno de los voceros ha creído a bien delimitar el concepto ni aclarar al conjunto de la sociedad a quién se refieren cuando hablan de ‘okupas’.  Datos abstractos construidos y alejados de la oficialidad que tan solo otorgan organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emanan continuamente desde tribunas privilegiadas, cesando solo durante los paréntesis patrocinados que sus portavoces se conceden para tomar aire y ver retribuido su discurso.

Tertulias que parecen cuñas publicitarias eternas rellenan horas de televisión y radio mientras los periódicos dedican refinadas columnas a construir el argumentario. Sin pudor, se da paso a expertos, que luego resultan tener cinco o seis pisos en propiedad o haber cobrado de algún portal inmobiliario por verte a saber tú que servicios, que defienden abiertamente a la empresa criminal Desokupa, de la que varios miembros han sido ya condenados judicialmente por coacción, lesiones y demás lindezas, e instauran el miedo colectivo entre los espectadores. Luego o antes, elijan ustedes entre el huevo y la gallina, grandes representantes políticos reproducen el argumentario y lanzan porcentajes sin citar sus fuentes. Okupas por todos lados.

¡Dios nos libre de bajar a comprar el pan! (fundido a negro y anuncio de Securitas Direct). Lo cierto es que, lejos de lo que plantean los vendedores de seguridad al más estilo decimonónico, los datos no reflejan un aumento de la okupación en el último año. De hecho, se refleja un descenso del 3,2% entre 2021 y 2022. Ni que decir que la nueva ley de Vivienda no supone un “chollo” para los okupas y, de serlo, nadie podría sustentar esta aseveración en ningún dato, dado que la ley que ni siquiera ha entrado en vigor.

Tampoco parece que la palabra ‘chollo’ sea la más idónea para referirse a la situación de una persona que, ante una situación de precariedad que le impide acceder legalmente a una vivienda, se ve obligada a incurrir en una ilegalidad para poder satisfacer un derecho fundamental. Chollo o no, remitiéndonos a los datos del Ministerio del Interior, la suma de allanamientos de morada (vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional) y usurpación (abandonadas, vacías en venta, para alquiler o propiedad de bancos y otras entidades) registrados en 2021 fue de 17.274 y en 2022 de 16.726 (la cifra crece anualmente desde 2016). Sin diferenciar entre ambos delitos, serían 46 diarios. Según el CGPJ, se producen 109 desahucios diarios, por plantear una comparativa antes de hablar de “desprotegidos”.

Durante estos dos años, Securitas Direct, líder del sector de alarmas, registró los mejores datos de su historia. En 2021, la compañía alcanzó las mejores cifras de su historia y, tras incrementar sus beneficios en un 79,6%, pulverizó su récord con 126,5 millones de euros de beneficios, tal y como muestran las cuentas que la propia empresa depositó en el Registro Civil. No se conocen aún las cuentas anuales de 2022, pero sí las cifras de negocio. Según datos revelados por la propia Securitas Direct, la compañía “refuerza su liderazgo […] con un crecimiento sostenidos de dos cifras” y cuenta con 1,8 millones de alarmas conectadas que engloban a seis millones de personas.

La situación es muy similar en el resto de grandes empresas de alarmas, desde Prosegur, pasando por ADT y recayendo en Sector Alarm, todas ellas tan presentes en los espacios publicitarios como los discursos alarmistas que las preceden. Dos sectores aliados, el mediático y el de la seguridad, en una relación de simbiosis que tan solo perjudica a la salubridad de la información y a la ciudanía.

¿Qué es un okupa?

Las palabras son importantes, más en un momento en el que se pronuncian a la ligera, y recurriendo a la Real Academia Española (RAE) encontramos la siguiente definición de okupar: “Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario”. Deshabitados. En el plano judicial, no existe definición sobre el significante, ya vacío, ‘okupación’, aunque sí se refleja una clara diferenciación en la normativa entre los dos delitos que podrían ser considerados como una tal: allanamiento de morada y usurpación.

Por un lado, el delito penal de allanamiento de morada, siendo considerada morada en la jurisprudencia la vivienda habitual, la segunda vivienda o las residencias vacacionales, entre otras, puede conllevar penas de cárcel y contempla el desalojo cautelar antes del comienzo del proceso judicial. Es decir, en caso de que un propietario sufriese el allanamiento de su primera o segunda vivienda, también se incluye en la jurisprudencia hasta una tienda de campaña, las autoridades pueden proceder a un desahucio cuatelar (inmediato) una vez quede demostrada la consideración de morada de las múltiples maneras posibles (contrato de alquiler, empadronamiento, domicilio fiscal, contratos de suministros, correspondencia bancaria, etc.).

Por otro lado, el delito de usurpación también supone la ocupación sin autorización del titular de un bien inmueble, con la gran diferencia de que, en este caso, el inmueble no puede constituir morada. Quedando excluidas la vivienda habitual, la segunda vivienda y la vivienda vacacional, atendiendo a la jurisprudencia. Cabe destacar que, en España, según el último informe del portal inmobiliario Fotocasa, el 77% de españoles son propietarios y, de estos, tan solo el 2% tiene más de dos casas y, de este grupo, tan solo el 23% tiene alguna vacía. En caso de que una inmueble con esta tipología fuese okupado, la amplia mayoría en manos de grandes propietarios, no cabría posibilidad de desalojo cautelar.

Ahora bien, una pareja joven con trabajo que comparte un alquiler y ante la subida desmedida acometida por su casero, a pesar de que es ilegal que esta supere el 2%, no puede pagar una mensualidad, ¿es una pareja de okupas? Una familia que reside en la misma casa desde hace 15 años y debido a la subida desmedida del Euríbor su hipoteca, la cual lleva pagando más de una década, incrementa su cuota mensual en 300 euros, ¿es una familia de okupas si no puede afrontar la subida? Estas son preguntas que deberían aclarar los magnificadores de un problema irreal, los voceros de las empresas de alarmas y los liberales caníbales para que, por lo menos, la ciudadanía tenga clara en qué lado están y a quién señalan cuando hablan de okupas.

Hasta la llegada de ese momento, lo reconozco, yo también viviré con el miedo de que me okupen la casa. Antes, mi vecina de enfrente y yo nos turnábamos, armados tras nuestras mirillas, durante la intranquila marcha diaria hasta la panadería. Tan solo esta camaradería conseguía apaciguar el sentimiento de inseguridad con el que transcurrían los ratos más allá de la muralla, pero ahora que el banco la ha desahuciado y probablemente su piso sea víctima de estos proliferantes delincuentes, el sentimiento no cesa en mi interior. ¡Dios nos libre de bajar a comprar el pan!