El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, y la jefa de la delegación popular española en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han acusado a la Comisión Europea de “hacer campaña por Sánchez” por la firmeza que ha mostrado contra el proyecto de ley andaluz para el Parque Nacional de Doñana después de volver a reunirse. La Junta no solamente ha desoído la sentencia que recae sobre Doñana, sino también las amenazas europeas al Ejecutivo español con multas coercitivas con cargo al Estado, y ahora, tras la reunión que el pasado lunes mantuvo la Junta con el comisario Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius -y han vuelto a mantener este miércoles-, acusan a éste de tener un comportamiento inaceptable y hacer campaña por el presidente del Gobierno.

“Tengo que ser muy claro: vemos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel”, ha manifestado Weber en declaraciones a la prensa tras una reunión con Montserrat y el diputado Juan Ignacio Zoido con Virginijus Sinkevicius. En este sentido, Weber ha tildado de “inaceptable” el comportamiento del comisario, que el pasado lunes cargó contra el proyecto de ley de PP y Vox para legalizar los regadíos en Doñana en la reunión que mantuvieron en Bruselas con la propia Junta de Andalucía, asegurando que esta maniobra de la derecha va “en sentido contrario” a la obligación de proteger el Parque Natural y “podría degradar el humedal”.

Por su parte, Dolors Montserrat ha exigido que el Gobierno de Sánchez se reúna con la Junta de Andalucía para abordar la situación, además de pedirle a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, que “cese sus ataques a la Junta de Andalucía y a los andaluces y se reúna de una vez con el Gobierno de Juanma Moreno”.

Ante estas acusaciones al ente comunitario, que primero fueron vertidas desde el PP hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el PSOE ha denunciado que el Partido Popular de Feijóo está empeñado “en dejar la imagen de España por los suelos en el resto del mundo”. “Atacan a la ciencia, al sentido común, al Gobierno de España y ahora a la Unión Europea. Todo para no reconocer la atrocidad medioambiental que quieren cometer en Doñana”, aseveran fuentes sociales.

Además, estas mismas fuentes añaden: “No vamos a dejar que esta combinación de soberbia e ignorancia del PP la termine pagando una joya patrimonio de la Humanidad como Doñana. Usaremos todos los resortes políticos y legales para salvar Doñana de las garras de un PP echado al monte del negacionismo climático que pregona la ultraderecha de sus socios de Vox”.

Pulso entre Junta, Gobierno y Bruselas

Los regadíos que PP y Vox quieren legalizar en el Parque Natural de Doñana, en una situación ya sangrante por los efectos de la sequía, han enfrentado a la Junta de Andalucía con el Gobierno central y la Comisión Europea. Después de varias advertencias, la Comisión Europea volvía a advertir al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que su propuesta para regularizar las hectáreas de regadíos en Doñana puede “deteriorar” el humedal, señalando a la par que “parecen ir en dirección contraria” a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 24 de junio de 2021, el cual urge a proteger el entorno.

El comisario de medioambiente trasladó, a su vez, que la Comisión Europea está “profundamente preocupada porque la legislación andaluza planteada, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana”.

Por su parte, el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, señalaba que el comisario se ha “comprometido a evaluar todos los argumentos” del Ejecutivo andaluz, pese a haber omitido que criticó abiertamente el proyecto de ley. “Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento”, defendió.

Bruselas, firme también contra las medidas vigentes

Dejando a un lado el probable impacto negativo que podrían tener la aprobación de estos regadíos, desde Bruselas insisten en que las medidas adoptadas por el conjunto del Estado español para remedir la delicada situación de Doñana “no son suficientes” para salvaguardar el entorno, que pertenece a la Red Natura 2000.

El comisario Sinkevicius, en su reunión con la Junta, recordó que la legislación de la Unión Europea exige un uso sostenible del agua, así como la conservación y preservación de los espacios protegidos, especialmente en el contexto de sequía que está asolando a la Península Ibérica. Al respecto señalaba que si el deterioro del estado de las masas de agua continúa incrementándose, los efectos podrán ser desastrosos para la conservación de los ecosistemas del parque.

Al tiempo, hacía mención a los complejos turísticos y la agricultura intensiva que se practica en la zona, que son otras dos de las causas que señalan con evidente inquietud desde Bruselas por la reducción de las balsas del humedal. Y, con la aprobación del proyecto de ley del PP y de Vox, se crearía un marco jurídico “favorable” para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la “presión excesiva” sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.