La Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España para informarle de que está al corriente de los planes que PP y Vox tienen en Andalucía para legalizar regadíos y hacer aún más insostenible el Parque de Doñana. En esta carta, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, se amenaza al Ejecutivo con multas coercitivas con cargo al Estado. Las advertencias de Bruselas han sido desoídas por la Junta de Andalucía, insistente en su plan pese a contar con el rechazo de la administración comunitaria, el Ministerio de Transición Ecológica y las asociaciones medioambientales.
Esta amenaza llegada desde la Comisión Europea coincide con las visitas a Huelva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ambos buscarán dar empaque a la guerra por Doñana que se emprendió desde que el Parlamento de Andalucía dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley que no cuenta con el aval de la izquierda andaluza. "Si finalmente se aprueba, y en cumplimiento de nuestras obligaciones, recurriremos la ley ante el TC para pedir su suspensión automática", ha anunciado este mismo jueves Teresa Ribera, ministra competente en la materia, en los pasillos del Congreso. "Bruselas monitoriza lo que hacemos en Doñana. La Comisión entiende lo que pasa y ha advertido al PP de las consecuencias que tendría su plan", ha proseguido.
La misiva, enviada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, llega tras “haber recabado explicaciones a las autoridades españoles”. Las líneas advierten con tono rotundo que “si se aprueba en los términos anunciados la propuesta legislativa podría infringir el Derecho de la Unión Europea aplicable en materia de medio ambiente”, en cuyo caso habría multas. Llegado el caso, “la Comisión estudiaría, como guardiana de los Tratados, el uso de todos los medios a su alcance en virtud de los Tratados para velar porque el Reino de España cumpla de manera afectiva la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, según el documento enviado después de la reunión de Ribera con el comisario ante la “preocupación” que ambas instituciones comparten por la situación del parque nacional de Doñana durante un encuentro informal aprovechando la cumbre de los ministros de Medio Ambiente en Estocolmo.
La carta añade que las “disposiciones nacionales para garantizar que España adopte medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal competen a las autoridades nacionales”. A partir de aquí, deja en manos del Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para paralizar el dislate de la derecha andaluza. Desde Moncloa solventan que responderán a la carta a lo largo de la jornada de hoy y a partir de la información remitida por la Junta de Andalucía, que llegó el pasado miércoles a escasas horas de que se acabara el plazo para responder a Europa.
El debate nacional se traslada a Huelva
El líder del Ejecutivo visita este jueves Doñana después de pedir a los populares la retirada de la proposición de ley. También el presidente de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, llegará a Huelva, en su agenda electoral. El presidente del Gobierno pidió ya en el día de ayer durante la sesión de control que PP y Vox dejaran a un lado sus planes porque “la jurisprudencia española y europea son tajantes contra los planes que trata de imponer la derecha y la ultraderecha andaluza”. Los puntos a adoptar, apuntan, han encendido “todas las alarmas”. “Ni el negacionismo climático de unos ni la soberbia de otros salvarán Doñana. Doñana será salvada si hacemos caso a la ciencia, si cuidamos y no se engaña a los agricultores, y si cumplimos con la legislación y las sentencias de los tribunales españoles y europeos”, apostilló Sánchez.
El tono empleado por el Gobierno y el PP ha sido de los más duros que se recuerdan. Si bien Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y máximo interesado en la legalización de los regadíos del parque natural, ha acusado al PSOE de "hipocresía" al preocuparse ahora de la situación de Doñana, tras 40 años gobernando Andalucía dejando desamparado y al borde del agotamiento el enclave natural, el Ejecutivo no se ha quedado atrás. Una de las más duras, desde el principio, ha sido Teresa Ribera, quien ha aprovechado cada oportunidad de hablar en público para arremeter contra la sinrazón del Ejecutivo andaluz: "Es como asar salchichas utilizando como leña los cuadros de El Prado", indicó nada más conocer la resolución en el Parlamento andaluz que daba luz verde a que arrancase la tramitación de la proposición. "Juan Manuel Moreno Bonilla debería escuchar lo que le dice Europa y dejar la arrogancia de señorito andaluz", remató, ahondando en un argumentario poco habitual en la vicepresidenta tercera.
Este mismo martes, durante el Consejo de Ministros, fue Luis Planas, ministro de Agricultura, el encargado de defender en rueda de prensa los postulados del Gobierno en torno al paraje onubense: "¿Cómo se puede hacer esta medida cuando se sabe que no hay agua?", se preguntaba el dirigente. "Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura. Algo que tenemos que defender, es nuestro patrimonio. El Gobierno hará todo lo necesario para que esta iniciativa irracional no se lleve a su fin", insistía, advirtiendo posteriormente del enorme daño reputacional para las exportaciones españolas que implicaría que la Junta de Andalucía decidiese plantear una guerra comunitaria.
