La mayor joya ambiental de España recibe al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez visitará la Estación Biológica de Doñana, que se ocupa del estudio e investigación en el parque nacional, epicentro de la polémica desde que el día 12 de abril el Parlamento de Andalucía aprobara a trámite la Propuesta de Ley (PL) para legalizar regadíos ilegales en el ámbito del parque natural.
La polémica Ley que impulsa el PP andaluz y Vox vuelve a salir a la palestra en plena contienda electoral. El presidente andaluz, Moreno Bonilla, ya jugó esta carta para atraer a los agricultores a su proyecto político. La región que se vería afectada integra a cinco localidades y en torno a 800 hectáreas de regadíos, muchos de ellos ilegales.
Es la segunda visita que el líder del Ejecutivo hace a Doñana en esta legislatura. En diciembre, junto a la ministra Teresa Ribera, presentó un Plan para revitalizar el pulso ambiental con 356 millones de inversión, según el gobierno, 118 están en ejecución en el presente ejercicio.
Sin embargo, el anuncio no frenó la propuesta del PP para legalizar regadíos. Moreno recalca que la iniciativa se refiere “exclusivamente” a la regulación del terreno, pero al regular sobre el uso de agua que podrían hacer los cultivos, ya que recalifica zonas de secano o forestales como regadío, implica el uso hídrico, y eso es competencia del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Los populares, merced a su mayoría parlamentaria en Andalucía, han puesto en marcha el proceso legislativo para “enmendar” el Plan de la Fresa (2014) que, en su momento y con la rúbrica de un Ministerio del PP de Mariano Rajoy, asumió la regulación del terreno y reparto hídrico. Sin embargo, aquella Ley es para el PP papel mojado. El PP de hoy esgrime, a semanas de las elecciones del 28M, la “injusticia y olvido” que se cometió con las familias de agricultores.
Moreno contra el mundo
La legalización de cultivos ilegales que llevan años esquilmando el acuífero del que bebe Doñana, declarado sobreexplotado desde julio de 2020, durante la mayor sequía que conocen varias generaciones, ha provocado el rechazo y estupor de diversas entidades.
En marzo, una carta de la Comisión Europea amenazó con nuevas multas a España por incumplimiento de la directiva agua y hábitats. Junto a Unesco, Bruselas lidera la incredulidad internacional ante esta nueva Ley.
El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, se ha reunido este martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Lo previsible es que Europa siga presionando a la Junta para retirar la Ley, así que el próximo día 3 de mayo, representantes de la Junta de Andalucía viajen a Bruselas para hacer entender su plan a la Comisión Europea.
Desde España, las solicitudes de parar esta Ley han llegado desde el Gobierno, la Estación Biológica de Doñana, el Consejo de Participación y parte de los agricultores, movimientos ecologistas, universidades, Defensor del Pueblo y hasta de la letrada del Parlamento andaluz. Pero Moreno Bonilla continúa adelante, asegurando que defiende a los agricultores andaluces.
“Cuando el PP no tiene argumentos para defender su gestión siempre habla del PSOE”, afirma el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, que recuerda que la polémica sobre Doñana “la ha provocado el gobierno del PP” Para Espadas, los populares “se ha metido en un lío muy gordo” y está huyendo hacia adelante.
El PP acusa al gobierno de inundar de “bulos y falsedades” el debate. El presidente andaluz aclara que pretende regular el derecho de los agricultores a recibir agua superficial, apuntando al cumplimiento de la Ley 10/2018 que deriva 20 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la zona de Doñana.
Sin embargo, las obras que demanda la Junta no generarán agua adicional para los nuevos regadíos que quieren legislar. Los 20 hectómetros que llegarían con el trasvase ya están asignados para los cultivos que hoy sí son legales, y para tratar de abastecer al maltrecho acuífero, según la CHG.
Eso sobre el papel, porque la realidad es que no las infraestructuras distan mucho de estar ejecutadas y, por encima de todo, no hay agua. Ese trasvase tampoco podría realizarse en las condiciones de sequía que hoy conocemos y que han llevado Doñana a la carrera electoral y de los anuncios millonarios.
Este martes, Moreno Bonilla tuvo su primera reunión con el grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía, entidad que se creó en septiembre, pero que, hasta ahora, nunca se había reunido, a pesar de que oficialmente Andalucía está en su quinto año de déficit hidrográfico.
Tras la reunión, la Junta anunció el tercer decreto contra la sequía, movilizando 162 millones de euros. Junto a los anteriores planes andaluces,
Moreno esgrime un total de 300 millones de euros. Sin embargo, desde las filas socialistas le piden “menos decretos y más ejecución”, la oposición denuncia el bajo nivel de ejecución del presupuesto andaluz en materia hídrica –solo un 40%– y de los Fondos Europeos para el mismo fin, con menos de un 1% de ejecución.
