Echa a andar en el Parlamento de Andalucía la legalización de hectáreas de regadío que, desde años, extraen agua del acuífero del que bebe Doñana, el mayor humedal de Europa. El Proyecto de Ley de PP y VOX ha sido rechazado por gran parte del arco político, pero con 72 votos a favor, la mayoría de Juanma Moreno se impone.

Salvado por el PP el escollo de “puesta a consideración" de su Ley en el Parlamento, ahora se abre a las consideraciones de partidos políticos y entes interesados y afectados. En el mejor de los casos, la aprobación de la Ley llegaría justo antes de las elecciones municipales del 28M, pero probablemente, la última versión de este Proyecto de Ley no esté de vuelta en el Parlamento hasta pasadas las elecciones.

La nueva Ley afecta a un terreno que superaría las mil hectáreas. La cifra no está clara porque el mapeo y la definición de que es regadío está aún en proceso. Si hay un núcleo claro que afecta a 748 hectáreas de los municipios onubenses de Lucena del Puerto, Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Almonte. Esta última, alberga más de la mitad de hectáreas de regadío afectadas, sin embargo, su Ayuntamiento se ha mostrado también en contra a la tramitación actual.

Es la segunda vez que esta Ley llega al Parlamento justo a las puertas de unas elecciones. En la anterior legislatura, la Junta de Andalucía hizo una propuesta similar granjeándose votos en la región, sin embargo, aquel proceso decayó por la llegada de las elecciones. Respecto al primer intento, las filas populares asumen aportaciones como la creación de una Oficina Técnica de Seguimiento del cumplimiento de la Ley.

Lo que no ha cambiado respecto a la anterior propuesta popular es que, de nuevo, la legalización encuentra detractores en la comunidad científica, entre las autoridades europeas y desde el Gobierno central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Desde las filas populares, en una de las más convulsas que se recuerdan en el Parlamento en esta legislatura, piden al Gobierno que deje de “mentir y tergiversar”, y reseñan que la “línea roja” de esta Ley es la preservación de Doñana.

Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva, posicionó esta Ley del lado de los agricultores, oponiéndola a los intereses de aquellos que están “a miles de kilómetros de Doñana”, en referencia a Bruselas. En marzo, una carta de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, amenazó con nuevas multas a España por incumplir la directiva aguas y hábitats.

Desde las filas del PSOE, el secretario general de Andalucía, Juan Espadas advierte de que “si esto se aprueba, es su responsabilidad, y, si hay sanciones, debe plantearse si tiene credibilidad”.

Las advertencias de Europa se suman al rechazo de la comunidad científica a través de las declaraciones del Consejo de Participación de Doñana, entidad que reúne a las diferentes administraciones, universidades, entes representativos, ayuntamientos y expertos.

La última sesión extraordinaria del Consejo abordó la legalización sin posibilidad de calificarla o revisarla. El presidente del Consejo, el biólogo y divulgador científico Miguel Delibes calificó este proceso de “juegos de salón” políticos y pidió retirar una Lay que “solo crea confrontación”. El actual director del Parque Nacional, Eloy Revilla, expone las evidencias científicas para recordar que esta Ley pone en peligro la existencia de una joya “universal”. 

Teresa Ribera ha acusado al gobierno andaluz de “arrogancia” por querer imponer esta Ley y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es quien realmente gestiona los derechos de regadío, ha dicho no contar con informes que avalen, reseñando que cuando el agua llegue a estas regiones afectadas por la legalización, no podrá destinarse a nuevos riegos.

PP y VOX se quedaron solos, en compañía de los representantes de las comunidades de regantes, en una sesión plenaria cargada de confrontación. La presencia de este sector de agricultores no hace sombra, sin embargo, al hecho de que muchos otros agricultores y ayuntamientos de la región que llevan años cumpliendo con la legalidad, están en contra de la actual tramitación.