El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se reunía este lunes en un encuentro de alta tensión. La cita tenía lugar en el Museo del Vino de Almonte (Huelva), un lugar idóneo para lo que podemos considerar un brindis al sol. Y nunca mejor dicho, porque el encuentro solo sirvió para poner de manifiesto que estamos en campaña electoral y que las soluciones para Doñana dependen de la evolución de la sequía.

El Consejo es punto de encuentro entre administraciones, academia y los diferentes estamentos sociales que viven en torno a Doñana. El pleno extraordinario tenía un único punto en el orden del día. Sin embargo, no tenía nada que dictaminar. Los intervinientes simplemente expusieron sus visiones sobre la controvertida legalización de las hectáreas de regadío.

“Básicamente venimos a que nos den información”, aclaraba a la entrada el presidente del Consejo, Miguel Delibes: "No es una reunión para decidir, ni vamos a votar nada porque no se nos ha pedido el informe que debería ser normativo y reglamentario”, se resignaba el histórico biólogo y divulgador.

Aunque entre las funciones del Consejo está “informar los planes que afecten a la ordenación y gestión de los recursos naturales” de Doñana, la Ley no ha sido sometida a sus deliberaciones.

Con este encuentro, a juicio del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se “corrige un déficit”, en referencia al puenteo del Consejo con el Proyecto de Ley (PDL) de que PP y Vox llevan a debatir al Parlamento de Andalucía el 12 de abril.

El PDL que debatirán los parlamentarios andaluces rescata la propuesta que ya hizo el presidente andaluz Moreno Bonilla en la anterior ronda electoral de Andalucía. En aquella ocasión, el envite le salió bien al PP, que obtuvo mayoría absoluta. El PP se puso del lado de los agricultores de la zona norte de Doñana y enfrentándose al Ministerio de Medio Ambiente de Teresa Rivera.

En aquel momento, el PSOE andaluz se abstuvo, en esta ocasión rechaza de pleno la propuesta popular. El candidato socialista Juan Espadas pone sobre el tapete la posibilidad de legalizar hectáreas a través de la compra por parte del Estado.

Lo que es indudables es que la legalización de las más de 1.500 hectáreas de regadío, muchas de ellas ilegales, viene acompañada de una amenaza de multa por parte de la Comisión Europea y Unesco. "Se juega el presente de Doñana. Todos los agentes tenemos la responsabilidad de velar por su integridad", advierte Hugo Morán.

Tres posturas sin concesiones

En cualquier caso, aunque no tuvieran que decidir ni dictaminar, el encuentro del Consejo suscitó más expectación de lo habitual. A lo largo de la reunión se evidenciaron tres posiciones. Una, la que lidera la propuesta de PP y VOX, con el apoyo de entidades agrarias como UPA, Asaja o Ayuntamientos como el de Lucena, a favor de la legalización de los regadíos.

Por un lado, la del PP, que asegura que es necesario restaurar el orden, “los agricultores de la corona norte no pueden esperar más. Por eso nos hemos visto obligados a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable, y es que el acuífero de Doñana no se toca“, recalca Fernández Pacheco.

El convocante de la reunión extraordinaria, Fernández- Pacheco señaló la “falta de interés del Estado”. El también portavoz de la Junta de Andalucía afirma que “dos veces he pedido la constitución de la comisión técnica bilateral y dos veces me he quedado esperando”.

Por otro lado, están aquellos estamentos que no se oponen a la revisión del conocido como Plan de la Fresa (2014) que regula el uso del territorio y el reparto del agua. Simplemente se oponen a las prisas con la que este proyecto llega al Parlamento andaluz sin contar con informes técnicos.  

Y, por último, nos encontramos a los detractores de esta vía, con el Estado y representantes agrarios y ambientalistas a la cabeza, que piden derogar por completo esta iniciativa. “Lo que ha quedado claro es que no existe la unanimidad con la que el PP quiere vender este proyecto”, lamenta el portavoz para Doñanana de WWF, Juanjo Carmona. “Venden esto como justicia para los agricultores y sus derechos que llaman históricos, pero muchos agricultores y Ayuntamientos no quieren esta solución”.

La alcaldesa de Almonte, el municipio que alberga más hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana advertía que el proyecto del PP no ha contado “ni con los agricultores de Almonte ni con los Ayuntamientos”,  dijo Rocío del Mar Castellano.

La regidora aprovechó para señalar que la reforma es un agravio contra los agricultores que sí se han mantenido en la legalidad, “esto tiene que ir mucho más allá de la contienda por un puñado de votos". "No podemos echar por tierra el trabajo de los agricultores de Almonte que llevan muchísimo tiempo dentro de la legalidad y además innovando e invirtiendo para atacar lo menos posible al medioambiente”.

La confrontación política no dará frutos

El episodio tiene más tintes de confrontación política que de crisis climática y de modelo sostenible. Desde el corazón del Parque Natural de Doñana, los investigadores de la Estación Biológica advierten que el 60% de todas las lagunas que existían en los años 80 y 90 ya no existen. No es que estén secas, sino que han sido sustituidas por pinares y matorral terrestre.

Sorprende que el debate sobre el agua que se comparte con las hectáreas de regadío tenga más de circo político que de análisis científico. De hecho, Miguel Delibes calificaba de “muy negativa” la iniciativa popular para legalizar regadíos.

“Esto es hacer juegos políticos cuando tenemos una situación tan dramática”, apuntó en referencia al colapso hídrico al que se asoma Doñana cada día que pasa sin llover y se sigue regando con el acuífero, declarado desde julio de 2020 como sobreexplotado. “Hay que agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones probablemente impopulares … todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir”.

La Proposición propone cambiar los usos del suelo. Que zonas forestales y de secano donde ahora se desarrollan cultivos ilegales sean declaradas como hectáreas de regadío. Pero lo cierto es que el agua no llegará a ellas por ahora. Porque no hay. Y si la hubiera, el agua iría destinada a las hectáreas que ya asignadas.